El error del caso Vicentin fue pensar las decisiones con el aplausómetro

Está claro que los gobiernos no tienen que guiar sus actos por la aprobación que despierta cada una de sus medidas. Si fuera por eso, los presidentes se dedicarían a bajar los impuestos y a subir los ingresos de asalariados y jubilados. Si no lo hacen es porque en buena parte del mundo ese rol no lo tiene el Estado. Aquellos que se tientan con la posibilidad de que el sector público intervenga en la vida de los privados, lo que hacen es ponerse del lado del populismo, camino que eligen por creer que una promesa de éxito fácil. Pero eso no siempre sucede.

El presidente Alberto Fernández  dijo que esperaba que el proyecto de expropiación de Vicentin tuviera un respaldo muy distinto al que se encontró en la calle. "Me equivoqué porque pensé que la situación estaba más asumida. Pensé que todos íbamos a salir a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima, pero eso no pasó", reconoció en una entrevista radial.

El primer dato a resaltar es que reconocer un error es una cualidad destacable. Mucho más cuando quien lo hace es el Presidente. Lo que crea confusión es que su comentario dejó ligada su decisión al grado de aprobación pública esperado. Y eso no corresponde. Si en lugar de cacerolazos o protestas callejeras, hubiera habido expresiones similares pero a favor, eso no hubiera convertido la expropiación en un acto aceptable.

Fernández remarcó una vez más que su interés era rescatar a una compañía que estaba jaqueada por un enorme pasivo, contraído con entidades del exterior y también con el Banco Nación. Y planteó que aún sigue esperando que le presenten una salida alternativa. Esa opción podía haberse dado en el marco del concurso de acreedores, y el Estado podría haber emitido opinión sobre ella en resguardo de la deuda que tiene Vicentin con el BNA. Pero aquí es donde se vuelven a enredar los argumentos.

Alberto nunca explicitó por qué el Ejecutivo se opone a una solución privada. Lo hace por considerar que la participación de inversores externos afecta la "soberanía alimentaria". Y también para tener un operador testigo en mercados concentrados (el de exportaciones de cereales y el cambiario).

Vicentin no es YPF, y su eventual eficacia en manos del Estado depende más de que los productores le vendan su materia prima (lo que implica que como empresa pública pague del mismo modo que una multinacional). Los precios de este mercado giran más sobre lo que se comercia en Chicago y sobre la demanda global.

En suma, es positivo reconocer errores, pero no lo es esperar que las decisiones se evalúen en función de los banderazos que consigan. Todavía queda por delante la necesidad de aportar una solución para Vicentin, en el marco de la legislación concursal y con el consenso de las partes. Los aplausos vienen con las urnas.

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