PUNTO DE VISTA

Educación libre y gratuita para extranjeros: un debate pendiente

En forma recurrente se reinstala en la agenda pública la discusión en torno a la política de gratuidad de la salud y de la educación superior para extranjeros en nuestro país. Este tópico volvió a ganar protagonismo con motivo del caso de un músico argentino que habiendo sido hospitalizado en Bolivia, luego de un accidente, fue conminado a pagar elevadas sumas en dólares por el tratamiento recibido. Quedó en evidencia la falta de reciprocidad de estas políticas con los países vecinos. La indignación local con el trato dispensado por el gobierno de Bolivia fue notoria, teniendo en cuenta que se trataba de un accidente fortuito y no de casos de "turismo sanitario programado" como el que caracteriza el flujo constante de ciudadanos bolivianos atendidos por centros argentinos.

En la Argentina, la salud y la educación superior son concebidos como un derecho para cualquier persona, ya sea ciudadano o extranjero, tanto residente como en tránsito. El tema que amerita discusión. Frente a una situación de escasez de recursos públicos, que afecta a la calidad de los servicios de salud y educación, ¿se justifica ofrecer educación superior gratuita a los extranjeros sin residencia previa?

La respuesta requiere un abordaje en todas sus dimensiones. En primer lugar, la dimensión ética en relación con la justicia de privilegiar a quienes sostienen el sistema, es decir a los residentes, o de hacer primar la concepción de derecho universal al acceso a la educación superior por encima de cualquier otro condicionamiento. Pero también existe una dimensión pragmática sobre los costos y beneficios que comporta una política de este tipo. La educación superior tiende a ser cada vez más costosa y en Latinoamérica su financiamiento se ha ido corriendo progresivamente a las familias. La Argentina se diferencia por mantener un muy relevante sistema público totalmente gratuito y de acceso irrestricto. Por otra parte, gran parte del sistema de educación superior privado presenta costos más bajos en la Argentina que en otros países de la región.

Estas circunstancias han motivado que más de 50.000 extranjeros cursen estudios de educación superior en la Argentina, la mayoría en el sistema público financiado por el Estado. Pero un análisis correcto de la situación implica tener en cuenta que se trata de extranjeros que se radicarán en el país en un período de entre cuatro y ocho años para cursar sus estudios. En ese período contribuirán con impuestos, dinamizarán la economía mediante el consumo, muchos de ellos trabajarán y contribuirán a la generación de riqueza en el país, mientras que otros recibirán remesas del exterior. Suele ser habitual la afirmación crítica de que los extranjeros les sacan trabajo a los nativos. Pero veamos un ejemplo: en la ciudad de Buenos Aires se ha incrementado notablemente la cantidad de extranjeros que trabajan como mozos en restaurantes o en funciones de atención al cliente. Esto sucede porque suelen tener un muy buen trato, calidez y amabilidad que elevan la calidad del servicio. En este sentido, esta situación es beneficiosa porque genera una sana competencia en el mercado de trabajo que permite elevar los estándares de calidad locales.

También hay que tener en cuenta que algunos de los estudiantes extranjeros volverán a sus países una vez graduados, pero otros se quedarán en la Argentina y contribuirán a su desarrollo. Por otro lado, los que vuelvan a sus países o se instalen luego en otros, serán vínculos para la generación de redes regionales que puedan promover también el desarrollo local a través del intercambio de conocimiento, el comercio y la cooperación internacional. Asimismo, el crecimiento de la matrícula de la educación media en la Argentina ha sido menor que el de la educación superior en los últimos tiempos, con lo cual existen posibilidades de que el sistema incorpore extranjeros en el futuro con su capacidad actual.

Brindar educación superior a los extranjeros sin residencia previa en el país tiene un costo. Pero también genera externalidades positivas que deben ser tenidas en cuenta en el análisis para la toma de decisiones. Estos beneficios no impiden que se discuta la posibilidad del arancelamiento de la educación superior a los extranjeros sin residencia previa, especialmente para aquellos con capacidad económica para contribuir al sostenimiento del sistema público local. En el actual contexto económico, resulta imprescindible que este debate tenga lugar de manera abierta y sincera, escuchando todas las voces. Debería poder analizarse seriamente la posibilidad de que los extranjeros sin residencia previa contribuyan, aunque sea en parte, en la cobertura de los costos de la educación pública que están recibiendo, de manera tal que siga siendo una alternativa conveniente para ellos y al mismo tiempo colaboren con el sostenimiento del sistema educativo que los recibe.En el marco de este debate, hay que tener en cuenta que este flujo de estudiantes internacionales también genera beneficios sociales que no deben ser soslayados.

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