Leer la macroeconomía política argentina nunca se caracterizó por ser una actividad aburrida; porque se trata de un laboratorio permanente de ensayo y error que invita a la reflexión permanente. Hacerlo con honestidad intelectual y liberado de preceptos para decir lo que uno en realidad está viendo es algo más difícil. Lo que estamos a punto de ver ahora desvela, razonablemente, a muchos analistas por lo enigmático que les resulta el armado del esquema macroeconómico del nuevo gobierno. Más allá de los clichés, las frases hechas o las preferencias doctrinarias, lo importante ahora no es solamente lo que pensemos que hay que hacer (o lo que el gobierno debiera hacer), sino leer bien lo que este gobierno hace en la práctica. Ahora y hasta fin de año, se abre un corredor de decisiones que, sabemos por amarga experiencia, son cruciales para el desempeño del próximo año y de la gestión de cuatro años.
El gobierno entrante enfrenta un contexto mucho más complejo que en 2015, sin eufemismos. Es una tarea verdaderamente difícil que va a requerir no errarle al diagnóstico y no agravar la situación con una respuesta de política económica inapropiada. La economía está desde hace varios años encerrada en una trampa estanflacionaria, se encuentra de frente a una cesación de pagos externos y con indicadores sociales en estado de emergencia. El camino que el próximo gobierno parece estar eligiendo para entrar con el pie derecho en el recorrido del laberinto es al revés del que hubiera elegido el gobierno saliente si hubiera sido reelecto. Está, primero, haciendo un señalamiento incondicional de que va a defender el poder adquisitivo y los salarios, antes que ponerse a adoptar o siquiera discutir compromisos fiscales que luego determinen o condicionen todo lo demás. Es decir no está predeterminando, ni lo va a hacer, un sendero fiscal (pseudo) sostenible que luego lo va a atar a una gestión desgraciada para el bien común. Está empezando a navegar la macro en camino a lograr alguna sostenibilidad que primero cumpla con requisitos socio-político-económicos.
Los dos problemas que marcan el meollo del problema que signa el camino de la macroeconomía política actual de corto plazo pueden verse bajo el prisma que descubrió una vez un gran pensador de la economía del desarrollo llamado Albert Hirschman en una tratado llamado "Exit, voice and loyalty" (salida, voz y lealtad). En el actual contexto "Exit" es la caída de agregados monetarios, contracción crediticia y sobretodo salida de capitales (en bonos, acciones, inmuebles, etc) que ya ha producido un derretimiento terrible de la riqueza financiera y real de la Argentina y que expresa un proceso muy complejo de deterioro económico. En contrapartida, "Voice" es la expresión de las demandas político sociales que genuinamente pelean por condiciones más favorables sea en el plano gremial o social, de diversas maneras y expresiones.
La esencia de la reversión macroeconómica de la Argentina, de cara a su sostenibilidad económico social, está en encontrar una fórmula adecuada para resolver ambos planos (Exit y Voice) de modo complementario a los objetivos de mediano plazo que se persiguen. Primero, para que exista algún atisbo de estabilización resulta esencial que la demanda de activos domésticos se restablezca y que se demuestre que la salida de depósitos y capitales en general ha sido exagerada. Hay algunos que creen que esto se va a dar automáticamente (la demanda de dinero rebota) o va a ser el producto de una simple operación instrumental (por ejemplo la elección del sistema cambiario).
Sin dudas acertar en lo instrumental es importante, pero el sustrato de este "Exit" puede estar escondiendo un problema más profundo que además se agrave por decisiones y señalamiento que el gobierno realice en el inicio de su gestión. La otra parte del dilema es la gobernabilidad del fenómeno de "Voice" al que el próximo gobierno que asumirá el 10 de diciembre está poniendo máxima atención. Una representación de esto es el denominado pacto social, que es visto en algunos casos como un ámbito de determinación coordinada de salarios y precios, es decir como una política de precios e ingresos.
Sin embargo, bajo la perspectiva de esta nota el pacto social es mucho más, en alcance y en temporalidad, que ese tipo de arreglo. Habiendo iniciado la gestión con un señalamiento de que no va a poner una meta fiscal primero, es de todos modos obvio que la economía va a tener que moverse hacia la consolidación fiscal generando superávits en el futuro, aún en la más favorable de las configuraciones de renegociación de la deuda que nos podamos imaginar. Esto convierte al pacto social en un pacto fiscal para acompañar este proceso. No en un pacto por un determinado resultado fiscal explícito, sino en un pacto de protección del resultado fiscal en proceso de un posible descontrol producto de transferencias por pujas distributivas que tiene consecuencias fiscales e inflacionarias desastrosas.
El pacto puede o bien descontrolar o bien ayudar a recorrer el camino que la macro necesita. Descontrola si fija un salario en dólares que es inconsistente con el tipo de cambio y el equilibrio externo y también con el equilibrio fiscal (porque hay externalidad pecuniaria en los tres niveles de gobierno, es decir el gasto público se vuelve endógeno). El pacto debería verse desde una óptica que involucre un ámbito más amplio (que el del ajuste de salarios y precios) y con una mayor duración que la que se cree. Debe ser complementario al recorrido de la consolidación fiscal que llevará años.
