Crisis de valores, abuso del derecho

Las manifestaciones sectoriales que sufrimos a diario, últimamente, en la vía pública, nos muestran a una sociedad quebrada en nuestros valores fundamentales.

Se ha instalado un hábito de mediocridad que nos adormece como argentinos ante una constante conducta de algunos grupos que se comportan al margen de la ley.

Sin duda, de nada sirve lamentar el desorden y la violencia sin hacer nada al respecto.

Manifestarse es un derecho y transitar libremente también. Ambos gozan de la misma jerarquía constitucional: el de transitar expresamente, y dentro de la libertad de expresión en forma implícita, el de manifestarse.

No hay excusas, no hay razones, nada justifica ejercer ese o cualquier derecho en forma abusiva.

El abuso del derecho y su origen tan antiguo como el derecho romano, se encuentra vigente en nuestra normativa desde el Código Civil de la Nación de Dalmacio Vélez Sarsfield en su art. 1071 hoy descripto en el art. 9 y siguientes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que dice: "Los derechos deben ejercerse de buena fe", y art. 10: "La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos". Dicho abuso se configura, cuando el ejercicio de un derecho es contrario a la buena fe, moral y buenas costumbres, resultare antípoda a los fines sociales y económicos del derecho, o cuando causare daño a terceros. Por lo tanto, el concepto ya desde el origen romano como en los diversos precedentes jurisprudenciales de Francia, España, Chile etc., determina expresamente que ningún derecho es absoluto y que el mismo se debe ejercer dentro de determinados límites.

No existe, en definitiva, manifestación pública posible en tanto la misma implique cercenar el derecho de libre circulación de otro ciudadano. Esto no es negociable. Aún si se motivara, en su esencia, junto a reclamos legítimos.

La tolerancia de unos cuantos millones de argentinos que tenemos derecho a circular libremente, se encuentra cada día enfrentada a la intolerancia de otros, que por la razón que fuera, se consideran justificados en su accionar, cometiendo daños a los demás.

Algo similar ocurre con el derecho de huelga, que sí está previsto en la Constitución Nacional expresamente, pero con el espíritu de evitar que el trabajador sea despedido, y de ningún modo para ser ejercido en forma abusiva y como extorsión política a costo y daño de la educación de nuestros hijos. En este caso además, debemos tener en cuenta el carácter innegable de servicio esencial que tiene la educación en la sociedad.

La educación es un tren de ida que lamentablemente no se recupera en otra estación.

Por ello, la única manera de sostener una convivencia pacífica en una sociedad, es respetando las normas y la autoridad.

En el caso de la manifestación pública -piquetes-, no podemos permitirnos interpretar como sinónimos, autoridad y represión. Esto es sólo parte de una lamentable historia de nuestro pasado.

Por eso es tan estructural y cultural el cambio necesario en nuestro país.

Tenemos que volver a aprender que nuestras demandas legítimas son escuchadas, y de hecho hoy es así, pero que no serán reconocidas en el marco de una exigencia desbordada ejerciendo abusivamente un derecho, y sobre todo, causando graves daños al otro y a la sociedad en su conjunto.

La autoridad de los padres, de los docentes, de las fuerzas de seguridad están de nuestro lado, no son enemigos. Así es la democracia, la otra opción es la anarquía. No nos engañemos. La disfracen del modo que quieran, siempre tiene carácter ilegal.

El camino emprendido no tiene retorno. El cambio elegido está orientado al diálogo y el bien común, algo bastante olvidado en los últimos años.

Por eso, nuestro Gobierno Nacional y Provincial propone y se inclina al diálogo social en los distintos ámbitos. Pero no nos confundamos, este diálogo implica hacerse cargo de la responsabilidad que nos comprende a todos. Y entenderlo, no es otra cosa que asumir ser parte del problema y aportar el mismo esfuerzo para resolverlo en miras al bien común.
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