Crecimiento e impuestos en Argentina: pareja incompatible

Cuando se habla de crecimiento económico sostenido o crecimiento potencial, nos referimos a la capacidad de la economía de producir cada vez más bienes y servicios, sean estos autos, comidas en restaurantes, películas de cine, recitales, programas de computación, tornillos o granos de maíz. Para lograr producir más bienes y servicios como estos, se requiere más inversión y mayor productividad. En este juego, los impuestos castigan la inversión por varias vías, reducen los márgenes de rentabilidad y el ahorro que es la fuente de futuras inversiones. Sin contar con el hecho de que a medida que suben los tributos, los gobiernos tienden a ser más 'creativos', ello suele provocar un incremento en el costo burocrático que deben pagar las empresas. Todo lo cual provoca que la expansión del PIB tienda a desacelerarse a medida que crece la carga tributaria.

Naturalmente, todos los países del mundo tienen impuestos y ellos se utilizan para financiar los gastos del Estado. En algunos casos el Estado será más eficiente y en otros no tanto. En algunos países el Estado será chico y en otros más grande. Cuanto más chico y eficiente el Estado más recursos tendrá el sector privado y, por lo tanto, más rápido crecerá la economía. En el otro extremo tendremos Estados grandes e ineficientes que tenderán a frenar la economía. Un Estado muy grande, que gaste mucho absorberá muchos recursos del sector productivo y terminará frenando la economía.

En Argentina, el gasto público consolidado entre la Nación, provincias y municipios superaría el 42% del PIB en 2019. Para financiarlo, el sector público recauda en impuestos algo más del 33,5% del PIB, a ello hay que sumarle otros ingresos que no son impuestos, como tasas y regalías. De esta manera, los ingresos del sector público argentino llegarían a casi al 39% del PIB este año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el PIB mide tanto la economía formal como la informal. Por ello, si ajustamos esta cifra para estimar los ingresos del Estado sólo en base a la economía formal, nos queda que la carga del Estado sobre la economía formal es del orden 56%, sobre todos los recursos del Estado y del 48% si solo tomamos los impuestos y contribuciones.

Esta cifra se condice con la medición que hace el Banco Mundial sobre la carga tributaria de las empresas en cada país. En su reporte anual llamado "Doing Business", la Tasa Impositiva y de Contribuciones Total" calculada para Argentina en el informe de 2019 es de 106,3% sobre el resultado comercial. Ello significa que por cada $ 100 del resultado comercial que se en el sector privado, el Estado se queda con $ 106,3. Dicho de otra forma, el Estado se queda con el 51,5% de todo el resultado comercial. Eso coloca a la Argentina, como segunda en el ranking de carga tributaria formal sobre las empresas, en el mundo. Otras estimaciones privadas como las realizadas por IARAF, establecen que la carga tributaria formal sobre las familias, también, se encuentran entre el 49% y el 57% de los ingresos, dependiendo del nivel de ingresos.

La importancia de medir la carga tributaria formal, radica en que estas son los impuestos que percibe cualquiera que este dispuesto a operar en Argentina con un negocio legítimo. Las inversiones, por ello, se decidirán calculando la carga tributaria formal y no la presión tributaria que surge de medir lo que se recauda como porcentaje del PIB. El informe del Banco Mundial es muy explícito en este tema ya que compara cuantos impuestos paga el mismo negocio, con la misma rentabilidad (sin impuestos) en cada país. Cualquier inversor global o local puede tratar de determinar donde le conviene más poner su dinero.

Pero esta no es la única forma en que los impuestos afectan a la inversión.

La elevada carga tributaria lo que hace es redistribuir recursos desde el sector privado al sector público y reducir de esa forma la inversión. En los últimos 3 años la Inversión (real directa) del Estado consolidado (Nación + Provincia + Municipios) se mantuvo en torno al 3% del PIB, mientras que la inversión total en Argentina estuvo en el orden del 15% del PIB. O sea, mientras el Estado gasta el 42% de lo que se produce en Argentina, sólo invierte el 20%. Así que en la medida en que más recursos salen del sector productivo y se destinan al sector público, menos se destina a la inversión. A esto se le debe sumar el hecho de que las inversiones hechas por el Estado no necesariamente siguen un criterio estricto de obtener la mayor productividad, a veces se trata de criterios sociales y otras veces, meramente políticos.

Adicionalmente, la elevada carga tributaria puede afectar el crecimiento de la productividad, por varias vías. Muchas veces implica una carga burocrática alta. En Argentina, según el Banco Mundial, el tiempo que lleva hacer los tramites y llenar los formularios para pagar los impuestos es de 312 horas anuales. Esto equivale a trabajar unas seis horas todos los sábados y ello naturalmente lastima la productividad. Por otra parte, al tener una presión impositiva elevada con una fuerte complejidad tributaria, el financiamiento de corto plazo de las empresas se vuelve más débil, lo cual, afecta la productividad. No es casual que veamos a las Pymes y sus dueños desesperados por cubrir un cheque y preocupados por retenciones de impuestos inesperadas. Naturalmente, la inflación empeora todo. La existencia de impuestos distorsivos, por su parte distorsionan las decisiones de inversión lo que lleva a un mayor deterioro de la productividad.

La elevada presión tributaria tiende a deteriorar la productividad y reducir la inversión. Cuando vemos los números de Argentina nos encontramos con una inversión débil y una productividad laboral que viene cayendo hace más de 7 años. Como consecuencia, el PIB potencial o de largo plazo no crece desde el 2011 y solamente notamos fluctuaciones del PIB de corto plazo que hasta el 2017 rebotaba año de por medio y que en los últimos dos años viene cayendo.

El PIB de corto plazo difícilmente crezca en 2020 teniendo en cuenta que las subas de impuestos también son contractivas a corto plazo. El programa del Gobierno que parece surgir de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva implicaría un aumento de impuestos del orden de 2% del PIB y a ello hay que sumarle que la caída del consenso fiscal puede provocar aún más subas en algunas provincias.

La estanflación que existe en Argentina en la última década está fuertemente ligada al peso del Estado en la economía, o al menos podemos afirmar que con la altísima carga tributaria que lidia el sector productivo ha sido muy difícil crecer en los últimos años, o que se desarrollen empresas. La fuerte presión tributaria dificulta también competir con otros países a la hora de exportar y más aún si las ventas al exterior tienen también impuestos.

Claramente, la situación fiscal de Argentina necesitaba mejorar para hacer sostenible la deuda y generar credibilidad en cualquier programa monetario que se realice en el futuro. Sin embargo, la presión tributaria ya es muy alta y necesita ser reducida para que la economía vuelva a funcionar a crecer y a generar empleo, más allá de lo que la actual ley de emergencia haya establecido.

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