El mercado asegurador argentino enfrenta desafíos estructurales de una magnitud inusitada. No se trata únicamente de obstáculos coyunturales o dificultades de adaptación tecnológica. Lo que está en juego es la propia estabilidad del sistema, su capacidad para cumplir el rol estratégico que le corresponde en el desarrollo del país y su sostenibilidad a mediano y largo plazo.
En este difícil contexto, desde ADEAA vemos con satisfacción que algunos actores del Estado comprenden la profundidad de esta problemática. La Superintendencia de Seguros ha mostrado conocimiento del impacto que la litigiosidad tiene sobre el ramo patrimonial, y desde el Poder Ejecutivo hemos recibido señales positivas respecto del valor que tiene nuestra actividad para el desarrollo económico nacional. Sin embargo, no podemos dejar de señalar el profundo desfasaje que existe entre estas miradas y la actuación de una parte relevante del Poder Judicial.
Resulta incomprensible que, en múltiples jurisdicciones del país, se desconozcan abiertamente los contratos suscriptos, la legislación vigente y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las sentencias que desbordan sumas aseguradas, que aplican ajustes erróneos desde lo jurídico y lo aritmético, no sólo lesionan los derechos de las partes involucradas, sino que desestabilizan todo el sistema. Cuando no se respeta el marco legal, se destruye la previsibilidad. Y sin previsibilidad no hay seguros posibles.
Creemos que, en muchos casos, esto ocurre por desconocimiento. Y si es así, entonces hay una tarea concreta que nos convoca: llevar conocimiento técnico a los tribunales inferiores, impulsar la capacitación judicial sobre la lógica aseguradora y lograr que la doctrina consolidada por la Corte Suprema sea efectivamente aplicada.
Pese a todo, no perdemos el optimismo. En reuniones recientes con autoridades del equipo económico se ha destacado la importancia de que el mercado asegurador crezca y se desarrolle. Es una oportunidad que debemos aprovechar. Porque, aunque partamos de una situación compleja, con altos niveles de pobreza estructural, también estamos ante la posibilidad de contribuir a un modelo de crecimiento más inclusivo. Y somos cruciales para el desarrollo de naves insignia de la nueva economía como serán la minería y los hidrocarburos.
La clave será el trabajo conjunto. Las aseguradoras debemos avanzar en tecnología, procesos y productos. Los productores asesores de seguros, cuyo estatuto profesional ha elevado significativamente su nivel, tienen un rol central en esta transformación. Si cada uno asume su parte, si apuntamos a la profesionalización, la solvencia y la mejora constante del servicio, estaremos más cerca de ese objetivo compartido: un mercado más sólido, moderno y útil para la sociedad.
Nuestro deber, como representantes del sector asegurador, es visibilizar los problemas, explicarlos, proponer soluciones y no resignarnos. La actividad aseguradora no es una isla: está llamada a ser una aliada estratégica en la reconstrucción institucional, en el desarrollo económico y en la reducción del riesgo sistémico del país. Por eso necesitamos que la Justicia sea un eslabón más de esta cadena de crecimiento con sentencias que respeten los contratos con los asegurados, la jurisprudencia de los Tribunales superiores y con cálculos de intereses realistas y alcanzables.
Creemos en esa posibilidad. Y trabajamos todos los días para hacerla realidad.
