Bolsonaro frente al espejo de su éxito circunstancial

Bolsonaro parece haber logrado lo que íntimamente se propuso en marzo, cuando la crisis por el coronavirus estalló en Brasil destruyendo todas las perspectivas de crecimiento económico del 2020 para la economía brasileña y con ella las posibilidades electorales del presidente. El ejecutivo brasileño se encontró frente a un proceso irrefrenable de contagios y muerte, y al mismo tiempo con una caída histórica del PBI cercana al 10% según consignaba el FMI. Todo esto en medio a un año electoral, su primer test frente a la opinión pública nacional.

Este escenario crítico de supervivencia política colocó al presidente en un claro dilema político: entrar en un proceso de cuarentena prolongada con altos subsidios públicos y caída de la actividad, o buscar mantener la actividad económica “cueste lo que cueste para poder llegar con algo de oxigeno para las elecciones municipales de fin de año. La segunda opción demostró ser la acertada en términos políticos, ya que luego de pasar momentos de profunda crisis política en los meses de abril y mayo con las renuncias de su ministro de Salud y luego de Seguridad y Justicia, la imagen pública del presidente comenzó a crecer de forma ininterrumpida llegando actualmente a una imagen positiva consolidada por arriba del 40% según diversas encuestas, pese a los mas de 150 mil muertos por la pandemia.

Esta mejora de imagen se ancla en un proceso de recuperación en “V de la economía que se espera este año caiga menos del 5%. Pero esta buena noticia económica para su estrategia política electoral tiene sus costos, que al igual a otros líderes mundiales, de Trump a Merkel o de Macron a Putin, se vieron forzados a enfrentar la pandemia con gigantescos paquetes de estímulo, y deben ahora decidir como seguir ya que los recursos no son ilimitados. Estos costos se han traducido en grandes aumentos de los déficits fiscales a lo largo del mundo, acompañados por aumentos de deuda (en el caso de Brasil supera el 90% del PBI) y/o emisión monetaria, que han llevado a fuertes desequilibrios macroeconómicos de corto plazo, principalmente en los mercados emergentes.

Como resultado de su decisión, Bolsonaro entra en su campaña electoral muy bien posicionado, principalmente por el paquete de subsidio a las familias brasileñas, que alcanzó a más de 60 millones de personas, multiplicando al antiguo programa del gobierno de Lula, el “Bolsa Familia . Sin embargo, nuevamente el presidente se encuentra frente a un nuevo trade-off político: sostener su imagen política en crecimiento mediante la extensión del programa “Renda Brasil hacia el 2021 y romper el techo de gastos públicos que es un ancla fundamental para la macro estabilidad económica brasileña o tomar la decisión de evitar el descalabro fiscal para sostener los fundamentos de la economía brasileña a largo plazo pese a su impacto político negativo de corto.

La política pide, pero los recursos no alcanzan

En estos momentos, el ejecutivo nacional se está esforzando en diseñar un plan para financiar el programa social bajo la marca Bolsonaro para reemplazar el “Bolsa Familia , una herencia del PT. Para conseguir el dinero para el nuevo programa, el ministro de Hacienda Paulo Guedes, propuso en agosto acabar con el seguro desempleo, las bonificaciones salariales y la Farmacia Popular como forma de financiar el nuevo programa sin romper el régimen fiscal. Bolsonaro lo vetó. Entonces Guedes sacó a relucir la idea de congelar el salario mínimo y las pensiones y recibió un nuevo “No .

Hace algunas semanas, Guedes convenció a Bolsonaro de una tercera alternativa: sacar dinero del Fundeb (el fondo que sostiene la educación en las escuelas municipales) y posponer el pago de los “precatorios (deudas federales que la Unión ya perdió en la última instancia judicial y está obligada a pagar). La primera parte del plan fue rechazada por diputados y alcaldes, algo obvio en medio a la campaña electoral, además de ser supuestamente ilegal. La segunda parte se podría considerar un default, y el mercado reaccionó derribando las acciones brasileñas y aumentando los CDS de los bonos brasileños.

El tiempo corre en contra del presidente. La ayuda de emergencia para los 66 millones de brasileños se redujo de R$600 a R$300 por mes en septiembre y terminará en diciembre. Cuando eso suceda, solo los cerca de 35 millones que eran beneficiarios de Bolsa Familia seguirán recibiendo sus cuotas mensuales de alrededor de R$190.

El impacto en la economía será tremendo. Los analistas estiman que habrá unos 31 millones de brasileños sin ingresos en enero próximo y/o que estarán buscando trabajo en un país que atraviesa una de las peores recesiones de su historia. Para empeorar las cosas, casi 12 millones de trabajadores aún conservan sus puestos de trabajo porque aceptaron recortes salariales, siendo que este acuerdo finaliza en noviembre y solo debería extenderse hasta enero.

Sin un programa de asistencia robusto, la previsión es que en enero del próximo año habrá unas 20 millones de personas, entre los informales, los “invisibles y los que reciben el Bolsa Familia que también viven en una situación vulnerable, casi sin ingresos. El gobierno se da cuenta que si espera que llegue el 2021 para ver qué pasa, se enfrentará a problemas sociales muy graves en Brasil, los cuales podrían ser aprovechados por la oposición para debilitar los dos años restantes del gobierno Bolsonaro.

Para los analistas no hay una solución sencilla porque simplemente no hay dinero que, al mismo tiempo, ayude a la población más necesitada y garantice una bandera electoral para 2022, y por otro lado sostenga los pilares macroeconómicos y tranquilice a los mercados.

Cualquier alternativa para mantener un programa social que apoye a 50 millones de brasileños que reciben R$300 mensuales por un año, costará aproximadamente u$s 40 mil millones. Es mucho más de lo que gasta Brasil al año en el actual programa Bolsa Familia.

Pese a todos los intentos de maniobra e imaginación fiscal del Ejecutivo, el Congreso brasileño parece no estar dispuesto a hacer el sacrilegio de romper el techo del gasto como expresan los líderes de ambas casas legislativas, que, junto al poder judicial distanciado políticamente del Ejecutivo, muestran un muy buen funcionamiento de las instituciones brasileñas en su “check and balance .

Con esta realidad imperante, el gobierno comenzó en estos días a imprimir un discurso de compromiso irrestricto de seguir con la ayuda de emergencia a los más necesitados para el 2021, pero que será estudiado y aprobado recién después de las elecciones municipales de noviembre, buscando con ello blindar al presidente y a sus aliados en medio a la campaña que ya empezó.

Pero Bolsonaro cree firmemente, y lo ha dicho más de una vez, que peor que una mala decisión es una indecisión. Varios presidentes ya se han enfrentado al dilema de decidir entre lo mejor para el país y lo mejor para conseguir votos. En 1986, José Sarney pospuso el agónico fin del Plan Cruzado para aprovechar su impacto político inicial, que luego desembocó en una hiper; en 1998, Fernando Henrique Cardoso sostuvo el retraso cambiario del Real hasta quedar sin aire para ser reelecto y luego devaluar fuertemente; en 2014, Dilma Rousseff pospuso el ajuste fiscal que era imperativo frente al descalabro de las cuentas públicas de los años anteriores, para buscar recuperar su imagen política, que luego desembocaría en una crisis política y económica sin precedentes.

La historia muestra que todos apuestan por sus campañas. Si Bolsonaro se equivoca en su decisión, no solo su futuro político estará en jaque, sino que todos los brasileños pagarán nuevamente la cuenta.

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