Año Nuevo, controles nuevos: apuntan a la caja de gremios

Las elecciones legislativas del 24 de octubre comienzan a pesar en todas las decisiones: es fácil anticipar que sobrevendrán nuevos controles. Ahora bien, ¿resiste 10 meses el Gobierno sin enfrentar una devaluación? ¿Y sin que la inflación se escape arriba del 50% que se prevé para el 2021? ¿Y sin acuerdo con el FMI? Las últimas horas del 2020 encontraron a Alberto Fernández recurriendo al Manual de Kirchnerismo Básico. Si el Presidente lo hizo por presión externa o porque cree en esas medidas, poco importa. En plena pandemia, tras inflación de cerca de 35% en 2020, no permitió aumentos a la medicina prepaga. Además suspendió las exportaciones de maíz.

El sendero a las elecciones de octubre estará marcado entonces por mayores embestidas a las empresas que aumenten precios, a los agentes que compren dólares en la Bolsa, a los bancos que suban la tasa o a los exportadores que no liquiden sus dólares. Año nuevo, controles viejos y nuevos.

La soja en torno a los 480 dólares la tonelada le da un mayor oxígeno al Banco Central para poder cumplir con el mandato de no devaluar antes del 24 de octubre, lo que no significa que no se escapen el dólar "MEP" y el "contado con liqui". El blue, ya empezó su escapada en los últimos dos días del 2020. El BCRA emitió cerca de 240 mil millones de pesos en diciembre y restan computar los últimos días del mes, pudiendo el monto final haber llegado a los $300 mil millones.

La tasa de interés en pesos es de 32% anual, contra una inflación y una devaluación esperada de 50% anual. Los números no cierran como para quedarse posicionado en pesos. Quizás lo que cierren con el transcurrir de los meses sean más importaciones. Todo como siempre es día a día.

Un entendimiento con el FMI ya es imposible antes de mayo. No habrá un discurso en contra del organismo internacional, pero sí el slogan "seguimos negociando". El llamado "Efecto General Alais", es decir, el "ya llega", en alusión al militar que iba a sofocar el alzamiento carapintada en 1987.

En ese contexto, y siempre tratando de esbozar lo que puede ser el 2021 en materia económica, es casi inevitable un incumplimiento o default con el Club de París (la agrupación de países acreedores) en mayo por u$s 2188 millones. El default del default: lo que renegoció prometiendo pagar con intereses y penalidades al 100% y sin quita Axel Kicillof como ministro en 2014, ahora se vuelve a incumplir.

Para evitarlo, habría que obtener un acuerdo antes con el FMI. Imposible, salvo un brote súbito de racionalidad presidencial. ¿Tiene efectos políticos un default con el Club de París? No parecería a la luz de lo que pasó en la primera gestión kirchnerista y hasta 2014. En septiembre y en diciembre vencen dos pagos con el FMI por u$s 1870 millones cada uno. No pagarle al FMI sí tiene efectos políticos y desde ya financieros dado que alimentaría subas del riesgo país y de los diferentes tipos de dólar. De nuevo la Argentina estaría en los titulares del Financial Times y del The Wall Street Journal.

El primer error de Martín Guzmán fue el de no acordar con el FMI apenas asumió como ministro. El segundo, no haber solicitado la "RCF" (Rapid Credit Facility), una ventanilla habilitada por el FMI con motivo de la pandemia, y sin condicionalidades. Cuando lo quiso hacer en la segunda quincena de octubre, esa ventanilla se cerraba justo ese mes y su trámite de aprobación demoraba como mínimo dos o tres semanas. Hubo cruces hasta con vociferaciones del ministro contra el staff del FMI porque no le aceleraron ese trámite.

Se perdió cerca de u$s 3500 millones de asistencia del FMI sin condicionalidades. Egipto por ejemplo, que ya tenía un programa con el FMI, recibió u$s 2800 millones que utilizó para evitar subas en dólar y sus efectos sobre los precios. Ahora lo único que resta para Guzmán es implorar a que el FMI, por la pandemia, habilite una emisión para todos los países miembros, de DEG (Derechos Especiales de Giro), la moneda del FMI, intercambiable por dólares.

Pero si el FMI no lo hizo en 2020 cuando el COVID-19 amenazaba a todas las economías del planeta, será difícil que lo haga este año. Sólo el cambio de gestión en la Casa Blanca el 20 de enero puede impulsar esa medida. De nuevo, con los principales países vacunando a su población, difícilmente se habilite esa emisión de DEG. Para mediados de año las vacunas deberían ya a empezar a sobrar en el planeta.

Pero la situación fiscal es lo que siempre manda antes de cada elección. La nueva movilidad previsional y el congelamiento de tarifas hace complicado que el rojo fiscal baje de 5% del PBI. Se financiará mayormente con emisión de pesos, léase más inflación, léase dólar más alto. Se eliminaron el IFE y los ATP pero hay que mantener al menos otros mecanismos de asistencia como la Tarjeta Alimentaria y programas sociales. La decisión de no aplicar más cierres en la economía por la pandemia pese a los últimos aumentos en contagios y fallecimientos, es también producto de no poder volver a financiar el IFE y los ATP.

Todo está conectado. El Gobierno no permite aumentos de precios y al mismo tiempo frena el ATP, mecanismo que evitó que hubiera recortes salariales, despidos o cierres de empresas en 2020 por la pandemia. Son dos golpes mortales al sector privado. Enero es el primer mes sin ATP. Repercutirá en febrero cuando se comiencen a pagar los haberes del mes en curso. Las empresas están estudiando qué medidas adoptar en materia laboral dado esos dos golpes oficiales recibidos.

Pero la necesidad de fondos hace que el kirchnerismo busque cajas alternativas. En su momento fueron las AFJP, las reservas del BCRA, el FGS del ANSES. Las miradas se centran ahora sobre la caja sindical, es decir el 9% que reciben los gremios de los asalariados en todo el país, todos los meses. Cristina en el Estadio Único, antes de Navidad, habló de la necesidad de una profunda reforma del sistema de salud en la Argentina. Apunta a ese 9% que puede destinarse a la salud pública.

No necesita ley siquiera, y de necesitarla, no escasearían votos. Los fondos que manejan gremios para salud parecen abundar dado que terminan también financiando una ola de emprendimientos como los del sindicalista Víctor Santamarina, una suerte de Jeff Bezos porteño. O las incursiones empresarias de los Moyano, como OCA. Es mucho dinero. Cerca de $20 mil millones mensuales. ¿Se animará Cristina Kirchner? La tentación está, dada la sequía de fondos, la pandemia, y la mala imagen de sindicalistas en la sociedad.

La decisión es delicada políticamente, impacta en el sistema de medicina prepaga también, pues reciben aportes que los trabajadores derivan de las obras sociales sindicales. ¿Querrá un sistema de salud como inglés, estatal al 100%? El problema es que ello no garantiza que el Estado argentino maneje adecuadamente ese 9%.

Lo que está claro es que 2021 será el año de los controles y seguramente del descontrol. En pleno Superclásico este fin de semana se cortó el servicio de TV por cable. Los cortes de electricidad, son conocidos. Todo lo que se prohíbe aumentar, baja en calidad, aparece en mercado ilegal o desaparece. Sea maíz, carne, electricidad, dólar, TV por cable o medicina privada. Es el descontrol del control.

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