Alinear precios por decreto no es sinónimo de plan contra la inflación

Hay razones más que justificadas para temer que el 2021 traiga más inflación que la que se observará como dato final en el año de la pandemia. Por más que se registre una reducción significativa contra 2019 (un período sacudido por la devaluación del peso que sobrevino tras el triunfo de Alberto Fernández en las PASO), la tendencia de noviembre y diciembre marca un aumento mensual promedio cercano a 4%. Para que se repita el número de 2020 la cifra mensual debería bajar a 3%. Las expectativas hasta el momento no acompañan.

Es probable que dentro del Gobierno haya más de una concepción sobre cómo debe ser enfrentado el problema de la inflación. Pero hasta el momento, la última voz escuchada sobre esta estrategia fue la de Cristina Kirchner. En un acto en La Plata compartido con Alberto Fernández y Axel Kicillof, la Vicepresidenta remarcó en su discurso que una tarea central del año que comienza será alinear los salarios y las jubilaciones con los precios –sobre todo los de los alimentos- y las tarifas. No lo expresó como un objetivo. Lo describió más bien como una misión, una tarea que deberá ser ejecutada por "los que no tengan miedo de ser ministros".

Martín Guzmán  es el responsable de alinear las variables macroeconómicas. Pero trabaja con hipótesis más académicas que Cristina, en las que se valora más la coordinación de expectativas y la consolidación fiscal como paso ineludible para bajar la emisión destinada a financiar al Tesoro. Así lo ha reiterado en sus entrevistas públicas y en diálogos con inversores. Por eso parte de la gestión que realizó Economía en el último trimestre de 2020 fue buscar financiamiento adicional en el mercado doméstico para poder cancelar parte de los adelantos recibidos por el BCRA.

Sin embargo, hasta el momento el 2021 es una hoja en blanco. Hay un Presupuesto sancionado con metas que son parte de la negociación con el FMI. Pero ni consultores ni empresarios o inversores tienen en claro si van a tener que ajustar sus proyecciones a un plan que recoja la impronta de Guzmán o la de Cristina.

Lo que hay a la vista son decisiones que apuntan más al control que a la coordinación. La fijación de topes en las tarifas de internet y telefonía, así como la suspensión de los incrementos previstos en los servicios de salud prepagos, son señales que se suman al esquema previsto para electricidad y gas, en el que se mantendrán subsidios para que peso de la actualización recaiga solo sobre una porción de los usuarios.

La pata fiscal y el nivel de emisión que requerirá el Ejecutivo todavía tienen encima un gran signo de pregunta. Algo habrá, porque así lo demandará el acuerdo con el Fondo. Pero si el Gobierno quiere arrancar con expectativas más favorables, haría bien en ir despejando algunos de estos interrogantes.

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