El primer bimestre del año reflejó un crecimiento interanual real del gasto primario del 16% y una suba de los ingresos de apenas 1%. El dato no sorprende: durante los primeros meses de 2024, el cimbronazo inflacionario post devaluación y la consecuente licuación del gasto (con jubilaciones y salarios perdiendo casi un 30% de su poder adquisitivo en solo tres meses) redujeron significativamente la base de comparación (así, a pesar del repunte respecto a 2024, el gasto sigue siendo 28% inferior al del primer bimestre de 2023).

De cara a los próximos meses, si bien las variaciones reales del gasto primario continuarán en terreno positivo, deberán moderarse para sostener el equilibrio fiscal; el aumento real esperado estaría en línea con el crecimiento de la economía, lo que le permitirá mantener inalterada su proporción en torno al 15% del PBI, semejante a 2024.

Asimismo, aunque la recuperación económica impulsará una suba de la recaudación, el impacto sobre los ingresos del Tesoro sería algo más acotado ya que el crecimiento se concentrará más en impuestos coparticipables con las provincias (IVA, Ganancias y combustibles), mientras que otros tributos de recaudación exclusiva del gobierno nacional no tendrían un desempeño tan favorable (caso extremo será la desaparición del impuesto PAIS, no coparticipable). En particular, el primer bimestre de 2025 muestra a la recaudación creciendo a un ritmo de 9% real, impulsada en su totalidad por el incremento de impuestos coparticipados (si bien los impuestos a la seguridad social, no coparticipados, crecieron 37% real, la caída de otros no coparticipados compensó dicha suba), lo que se traduce en que los ingresos tributarios de Nación hayan subido sólo 1%.

La falta de holgura fiscal se hace manifiesta cuando se asocia la performance de las cuentas de gastos, ingresos y resultado con la evolución de la deuda pública. La preponderancia de la metodología de base caja en el cómputo de las cuentas públicas, que registra solo los gastos en el momento en que se pagan en lugar de cuando se devengan, permite que la actual estrategia de financiamiento del Tesoro (basada en el uso de instrumentos capitalizables y con ajuste por CER) atenúe -transitoriamente- el impacto de la carga de intereses sobre las cuentas fiscales.

Así, mientras que un esquema de base devengado asegura que el flujo de resultados fiscales se refleje directamente en el stock de deuda, la adopción de un criterio de base caja puede distorsionar esta relación, alterando la percepción de la dinámica fiscal. A modo de ejemplo, mientras que en enero de 2025 los intereses pagados por la deuda en pesos totalizaron $0,25 billones, si se adicionaran las restantes formas de retribución al acreedor (ajustes por CER y/o dólar, intereses capitalizables, colocaciones bajo la par), el costo mensual de la deuda en pesos trepa a $7,8 billones.

En sentido contrario, en economías con alta inflación, estas tasas de interés nominales elevadas pueden distorsionar las estadísticas, y el resultado devengado nominal puede convertirse en un indicador demasiado alto, que no refleja adecuadamente la evolución real de la deuda y su carga financiera. Pero aun ajustando el resultado nominal devengado de enero por inflación, la carga de intereses reales suma $2,9 billones, trece veces más que los pagos cash imputados en el resultado fiscal oficial.

Por su magnitud, el impacto de estos cómputos alternativos de la carga financiera de la deuda en pesos en el resultado fiscal es muy significativo. Así, el superávit fiscal total de enero de 0,1% del PBI anunciado por el Gobierno se convierte en un déficit de -1,2% del PBI en las cuentas devengadas nominales y de -0,4% del PBI si se realiza el ajuste por la inflación (o sea, el efecto ‘puro' base caja vs devengado, sin inflación alta como la actual). En cualquier caso, la medición cash oculta un déficit presupuestario financiero que, sin ser verdaderamente preocupante, da cuenta de una posición fiscal más frágil que la percibida.

Dado el cómputo del resultado más estructural (base devengado) todavía deficitario, cualquier estrategia de baja significativa y permanente de impuestos distorsivos deberá estar precedida de bajas adicionales del gasto para no poner en riesgo la viga maestra del actual programa económico. Mientras, en año electoral y bajo la impronta oficial de reducir el peso del Estado, es posible que el Gobierno busque continuar con la estrategia de baja de impuestos iniciada en los primeros meses del año (reducción temporal de retenciones de 20%, disminución de los impuestos internos para vehículos de gama media y alta, desaceleración del ritmo de actualización del impuesto a los combustibles) sin margen para bajas de impuestos significativos.