A río revuelto

El Covid 19 ha generado una crisis económica en el mundo entero que puso presión sobre las cuentas fiscales. Los ingresos se resintieron por la recesión y los gastos subieron por la ayuda estatal a familias y empresas. Sin embargo, las creencias de cada gobierno parecen haber afectado el peso relativo de cada una.

Si se analizan las proyecciones de ingresos y gastos del Gobierno General del último World Economic Outlook elaborado por el FMI se puede ver que entre 2019 y 2020 los países de la región (excluyendo Argentina) aumentarían el gasto estatal de sus tres niveles de gobierno en alrededor de 3.5% del PIB (un aumento del orden de 13% en el cociente gasto/PIB) y reducirían sus ingresos en 1.7% del PIB (una caída del 7%). Según esa misma fuente, la Argentina eligió un camino diferente: aumentó el gasto en alrededor de 6% del PIB y sus ingresos cayeron modestamente.

Pero estas proyecciones del FMI parecen haber subestimado el impacto sobre la recaudación. La información del gobierno nacional muestra que la presión tributaria aumentó entre 2019 y 2020 en 1.7% del PIB porque la caída en la recaudación en pesos constantes fue menor a la reducción proyectada en la actividad económica.

El Impuesto País y el gravamen sobre Bienes Personales decididos antes de que se iniciara la pandemia explican el 70% de ese aumento. Pero en cualquier caso hubo un intento de aumentar la ya elevada presión tributaria de la Argentina al mismo tiempo que se permitió a las provincias revertir parte de las rebajas en el impuesto a los ingresos brutos acordada en 2017.

En materia regulatoria aumentó la importancia de medidas ad hoc extendiendo el alcance de los servicios con tarifas reguladas y, a la vez, alejándose de los criterios aceptados profesionalmente. Por ejemplo, se regularon los precios de los servicios de internet que habitualmente son libres, o se proponen aumentos de tarifas segmentados por el nivel de ingresos de los consumidores finales sin reparar en las dificultades prácticas para aplicar ese criterio que además es erróneo.

La buena práctica regulatoria acepta la existencia de una tarifa social para abaratar los servicios a las familias más vulnerables, pero no que se cree un impuesto a las ganancias paralelo. El último capítulo de este alejamiento cada vez más marcado de una regulación profesional quedó en evidencia con el aumento aprobado a la medicina prepaga y revertido el mismo día de su aprobación.

La crisis de reservas impulsó al Banco Central a introducir restricciones a la importación de bienes finales supuestamente de lujo. Pero pocos días antes se habían limitado las exportaciones de maíz. ¿Preocupan o no las reservas? Además, estas decisiones generan ganadores menos visibles para el ciudadano común: los que producen localmente bienes sustitutos de los que se importaban y los que utilizan el maíz como insumo en su proceso de producción y también perdedores: algunos consumidores, los productores de maíz y el fisco que pierde ingresos por derechos de importación y retenciones.

Curiosamente, las máximas autoridades del gobierno nacional han vuelto a cuestionar que el precio interno de los productos del campo sea equivalente a los internacionales. Hay un principio microeconómico básico que es la noción de costo de oportunidad; eventualmente para subsidiar el consumo local de algún producto se utilizan impuestos/subsidios. La Argentina con las retenciones ya abusa de un instrumento impositivo que reduce el precio de venta mayorista en el mercado interno de los productos del agro. Una limitación a las exportaciones acentúa la baja en el precio local pero ya no es el gobierno el que se favorece de esa decisión.

Además, esa obsesión con abaratar los productos que se consumen en la mesa de los argentinos omite que entre el precio mayorista y el que paga el consumidor hay muchos otros componentes que son mucho más importantes para explicar el precio de venta al público: costos de otros insumos, salarios y costo del capital en el transporte y la distribución, e impuestos.

Incluso es curioso que la preocupación por los precios que se pagan en la mesa de los argentinos no se extienda también a los celulares, ropa, zapatos, artículos de limpieza y otros tantos productos para los cuales la protección arancelaria elevada o los impuestos selectivos al consumo encarecen el precio al público.

En resumen, la crisis se aprovechó para aumentar el peso del Estado en la economía y aumentar la discrecionalidad favoreciendo a algunos sectores en desmedro de otros. A la corta o a la larga esto perjudica a los consumidores finales y distorsiona los incentivos a producir. Lamentablemente, en lugar de caminar hacia un Estado profesional se potencia su captura por parte de grupos de presión. A río revuelto ganancia de algunos pescadores.

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