Interrogantes de cuarentena: ¿YPF absorbe la ex Enarsa?¿Aranguren tenía razón?

La intervención de Vicentin dio la pauta de que en los despachos oficiales pasan otras cosas que trascienden la crisis sanitaria, aunque éstas sólo ganen un lugar en la agenda mediática cuando se anuncian y tienen alto voltaje político. Las ideas bullen. Varias de ellas involucran a la principal petrolera del país, así como a un nuevo marco legal para hidrocarburos fundado en conceptos que, a priori y prejuiciosamente, nadie le atribuiría a la conducción de Alberto Fernández.

Aún no hay decisiones tomadas pero sí firmes hipótesis de trabajo que pueden influir en el destino de la compañía conducida por la dupla de Guillermo Nielsen y Sergio Affronti. Una se tradujo en la decisión de absorber a aquella cerealera privada. Otra más germinal que da vueltas por el ministerio de Desarrollo Productivo, a instancia de sus asesores, es integrar como otra unidad de negocios a la ex Enarsa (actual Ieasa, Integración Energética Argentina Sociedad Anónima).

Néstor Kirchner la creó con el argumento de que debía haber una firma energética testigo en el mercado para regular de facto los precios, cuando YPF era íntegramente privada. Esto no ocurrió y la empresa estatal devino en una herramienta administrativa para importar gas y otros combustibles cuando los productores locales dejaron de explorar. También se ocupó de la ampliación de gasoductos troncales, con una secuencia de decisiones que terminaron bajo la lupa judicial. Papeles menos lustrosos que aquellos con los que fue concebida, años antes de ser rebautizada como Integración Energética Argentina Sociedad Anónima.

Por estos días, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas escuchó sin repudiar la idea de refundarla. La otrora Enarsa tiene algunos activos apetecibles como licencias para operar el offshore, es dueña de gasoductos y tiene participación en firmas mixtas como Transener.

Otro dato de los promotores de esta iniciativa es que la eventual integración a YPF de una empresa pública no implicaría un obsequio para los accionistas privados de la compañía (49%) sino que licuaría su participación.

Una discusión preliminar que genera adrenalina. Hay otra igualmente excitante, más avanzada y que implica a empresarios privados, interlocutores asiduos de los actuales funcionarios. El Gobierno trabaja denodadamente en el diseño de un nuevo plan gas y una nueva ley de hidrocarburos sobre dos principios clave.

Uno es que a las petroleras hay que darles algún estímulo para garantizar que produzcan. Léase garantía de que cobrarán un precio más alto que si imperasen las normas del mercado, es decir, subsidio. Por estos días se les están pagando obligaciones contraídas en programas instrumentados por administraciones anteriores y, al mismo tiempo, se debate cómo de ahora en más el Tesoro completará el precio para llegar a 3,5 dólares el millón de BTU por el gas que provean para generar electricidad y abastecer a comercios y a industria. Premio de 1 dólar por unidad calórica para cualquiera que entre en un cupo a definir.

Un programa para cebar inversiones que también podría fortalecer la caja de YPF. Pero, justamente, como el paquete de dólares oficiales para ese "plan de estímulo" será limitado, ya animó una disputa feroz entre las potenciales beneficiarias que querrán la ayudita de las arcas públicas con más anhelo que un barbijo N95 para visitar un barrio vulnerable.

También asoma la discusión sobre una nueva ley de hidrocarburos que anime todo tipo de producción. De a poco se va consolidando la idea de que Vaca Muerta es un tesoro prometedor pero no lo único. La lluvia de dólares para transformarla en el gran motor de exportaciones argentinas en el contexto pospandemia no es tan nítida.

El anteproyecto que presentó Nielsen antes de asumir en YPF, con seductoras ventajas fiscales y cambiarias limitadas al gas no convencional, podría ser sólo un insumo como otras iniciativas que simpatizan a grandes productoras del carburante (PAE, entre ellas). Los hidrocarburos convencionales y la recuperación terciaria también importan.

El otro gran concepto que cobra cuerpo en los debates a la hora de decidir qué promover con los limitados recursos públicos es el de "seguridad energética", diferente al de "autoabastecimiento". Son definiciones estratégicas para delinear una política energética.

El objetivo de autoabastecimiento lleva a beneficiar a los productores locales a fin de prescindir de las importaciones. El de seguridad apunta a que, sin resignar la producción local, parte del consumo pueda lograrse trayendo insumos o productos desde el exterior si resultan más baratos: lo que importa es tener lo que se necesita y no su origen. ¿Por qué no importar nafta o crudo si son mucho más baratos afuera?... Eso sí: para esto hay que tener dólares.

El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, adhería expresamente a esta última concepción que, paulatina y discretamente, empieza a ganar adeptos en el gobierno albertista al menos como una vía a valorar. Las últimas palabras del área aún están pendientes y en ellas la vicepresidenta Cristina Kirchner talla fuerte. Un ejemplo es que, bajo su patrocinio, Ignacio Barrios Arrechea, hijo del dirigente radical y ministro alfonsinista, fue designado como director ejecutivo de Yacyretá y tendrá responsabilidad en las obras públicas pendientes en la central binacional. Si hubiera disponibilidad de fondos, claro.

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