Vicentin: el precio de las decisiones inconstitucionales puede ser muy alto

Hace algunos días, el gobierno nacional anunció la expropiación de Vicentin, y al día siguiente publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 522/2020 que estableció la “intervención transitoria de la empresa agroindustrial con sede en Santa Fe.

Esta medida, de una gran trascendencia institucional y mediática, provocó todo tipo de reacciones en la sociedad. En este contexto, nos preguntamos con qué información cuenta el Estado para tomar semejante decisión: desconocemos el costo económico que implica para las arcas públicas, que en definitiva pagamos todos.

Los ciudadanos deberíamos conocer si el Estado tuvo esa información relativa a la deuda exacta que tiene la empresa con sus acreedores, así como también saber quiénes están detrás de cada una de las empresas que componen el Grupo Vicentin, para valorar la responsabilidad en la decisión, su necesidad y oportunidad.

Y es que sin perjuicio de la gravedad institucional, con ésta decisión se comprometen fondos actuales y futuros, todo con el fundamento de “salvar la empresa. ¿Quién nos salvará a los argentinos de los compromisos ilegales asumidos por gobernantes que no miden consecuencias?

Desde ese análisis de legalidad, este DNU resulta manifiestamente inconstitucional porque el Poder Ejecutivo Nacional, con una actitud abusiva, una vez más avanza sobre atribuciones que no le corresponden.

La declaración de utilidad pública como antecedente necesario para la expropiación del bien -en este caso sería la empresa o sus acciones- le corresponde al Congreso de la Nación, y nunca existió declaración alguna, así como la facultad de nombrar a un interventor en el marco de un procedimiento en marcha de concurso preventivo es una atribución de la Justicia, a cuya esfera ni siquiera se recurrió para solicitar dicha intervención.

Tal es así que si analizamos lo dispuesto por la Ley Nacional de Expropiaciones, la figura de “intervención transitoria es una creación caprichosa del Poder Ejecutivo que no tiene asidero alguno en términos jurídicos, la gravedad y el peligro que implica radica en que siendo un invento fuera de todo marco normativo, tampoco existe norma alguna que delimite su esfera de actuación, controles y demás.

Entonces una vez más volvemos al mismo cuestionamiento, ante una decisión manifiestamente inconstitucional, que avasalla derechos de propiedad, ¿quién hará frente a las deudas por las indemnizaciones que tales actos provocan? Y la respuesta aparece fresca en una memoria reciente, el Estado, el esfuerzo de todos los argentinos.

La historia de nuestro país nos indica que cada vez que se tomaron decisiones de este tipo con empresas privadas, son millones los dólares que perdemos todos. Sobran ejemplos de esto: Aerolíneas Argentinas, AySA y FAdeA, por sólo mencionar algunos de los que ocurrieron en los últimos años.

El caso que está repercutiendo hasta estos días es el de Repsol-YPF, ocurrido en el gobierno de la actual vicepresidenta en 2012, que en las próximas semanas debe afrontar un juicio en Nueva York, y las perspectivas no son favorables para la Argentina.

La decisión del gobierno pone en riesgo la propiedad privada y la seguridad jurídica, espantando a todo tipo de inversiones y aterrando al sector productivo, pues se encuentran vulnerables ante un Estado impredecible.

Ello significa privar a la Argentina de ingreso de divisas y generación de puestos de trabajo de calidad: esos números también deberían medirse. Hemos sido testigos de estos movimientos durante las últimas semanas, donde las acciones de las empresas argentinas en las diferentes bolsas del mundo tuvieron una fuerte baja.

Es por esto, que todos los argentinos debemos conocer la información contable y societaria del Grupo Vicentin, para evaluar la película completa, una foto con las que se pretende construir un relato simplista y carente de fundamentos no resiste ningún test de legitimidad al que debemos someterla como dueños de los fondos que están comprometiendo, y como ciudadanos de un país en el que deben defenderse la seguridad jurídica y el valor de las instituciones.

Necesitamos números certeros, que el gobierno brinde información concreta para tomar real dimensión de cuántos miles -o millones- de dólares se van a destinar a la expropiación. En palabras de economía doméstica: queremos saber qué se va a comprar, cómo se va a comprar, por qué se va a comprar y con qué dinero, porque si de “rescatar se trata, hay muchas pymes y emprendedores que necesitan del auxilio del estado en este gravísimo contexto económico, muchas que ni siquiera pudieron recurrir a una instancia de concurso de acreedores para acordar judicialmente como seguir adelante como Vicentín, sino que simplemente tuvieron que cerrar sus puertas.

La misma película se repite en manos del peronismo en el poder, con tintes populistas y autoritarios, mientras los perjudicados somos todos los contribuyentes.