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VTV: Un enfoque equivocado

MARCOS GALLACHER Profesor de la Universidad UCEMA

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El objetivo de la Verificación Técnica Vehicular, obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires a partir de octubre, es impedir que vehículos en malas condiciones circulen. Si bien los fines perseguidos merecen aprobación, la solución propuesta no parece apropiada. En efecto, resulta más razonable que sean las compañías de seguro y talleres por ellas elegidos los encargadas de verificar la confiabilidad de los vehículos.

Esto permite reemplazar el actual sistema burocrático-estatal (talleres cuasi-monopólicos autorizados por funcionarios) por uno en el cual el sector privado juegue un papel preponderante.

Una compañía de seguros es la principal interesada en verificar las características de los activos (vehículos) de su cartera. Se debería entonces actuar sobre el riguroso control de que todo vehículo esté asegurado, y las características que este seguro tiene (monto de indemnización por daños a terceros).

Aumentar el control de existencia del seguro obligatorio, con retiro de licencia y secuestro de unidad para conductores en infracción, resulta en un fuerte aliciente para cumplir con lo exigido. A su vez, aumentar los requisitos de montos asegurados (fundamentalmente cobertura de daño a terceros) incrementa el incentivo para que sea la propia empresa aseguradora la que realiza, a través de talleres por ella elegidos, la revisión vehicular correspondiente.

El sistema aquí propuesto tiene varias ventajas sobre el de compulsión que implementa la Ciudad. Por de pronto, descentraliza la revisión vehicular a múltiples talleres, en lugar de los sólo siete talleres habilitados con tarifa fija por la CABA. La existencia de múltiples talleres permite también economizar tiempo de propietarios de vehículos: no sólo hay más oferta de talleres entre los cuales elegir sino que, además, en caso de detectarse un problema, el mismo taller que hace la revisión puede resolverlo.

En definitiva, poner bajo la responsabilidad de las aseguradoras la decisión de autorizar o no que un vehículo circule (a través del otorgamiento o no del seguro) implica reasignar decisiones de la órbita pública a la privada, lo cual resulta en ahorro de costos, agilidad y procesos decisorios que utilizan información en forma más efectiva.

Como ejemplo de lo anterior, la compañía Lloyds de Londres es un caso clásico donde la acción de una empresa aseguradora juega un rol importante en la verificación de condiciones técnicas, en este caso de transporte marítimo. Al respecto, estableció las primeras normas de construcción usadas en embarcaciones tanto comerciales como deportivas (las prestigiosas ‘Lloyds Rules‘).

La industria de seguros marítimos se ha desarrollado entonces en un marco descentralizado, cubriendo en forma eficiente riesgos millonarios: una solución de mercado en lugar de una diseñada por funcionarios públicos. Una alternativa similar a la de podría desarrollarse si las autoridades de la Ciudad abandonan el actual sistema y adoptan algo parecido al aquí propuesto.

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Comentarios1
Silvina Manent
Silvina Manent 26/10/2016 12:41:57

Es cierto, pero hay que sumar más gastos e inconvenientes como el grabado de autopartes y el de cristales, todo obligatorio y a realizar en distintos ta lleres