Una reforma penal centrada en la sociedad

La sociedad, independientemente de las banderas políticas, se ha manifestado en distintas oportunidades y de diferentes formas sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia penal. La falta de confianza y el descrédito en este se ve agravado por el daño que provoca la aplicación de la tesis abolicionista.

Es claro que el crimen y la violencia, acompañados por altos índices de impunidad, condicionan nuestras decisiones diarias, afectan nuestra calidad de vida, y generan una gran cantidad de víctimas.

El combate eficaz del crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y el delito común requieren de una reforma procesal penal que garantice métodos efectivos, rápidos y transparentes. A su vez, es fundamental que esta imponga una sanción adecuada a los delincuentes y que, además asegure una respuesta a la sociedad, y que permita la activa participación de las víctimas.

En tal sentido, la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal supone un antes y un después. Desde el comienzo de la gestión del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, nos hemos propuesto fortalecer y modernizar las instituciones para adaptarlas a los tiempos que corren y a las necesidades de la sociedad.

Desde esta perspectiva, apuntamos al rediseño de las estructuras organizacionales modificando dinámicas y prácticas laborales, con asignación de roles y división eficaz del trabajo, apostando fuertemente a la gestión digital de los casos, a la incorporación de tecnología y a la investigación penal inteligente.

A su vez, en el programa "Justicia 2020" promovemos espacios participativos de intercambio de ideas y diálogo con la sociedad civil, ya que somos conscientes que para llevar a cabo la reforma profunda y lograr una nueva justicia, es necesario generar consenso con todos los actores que intervienen en el sistema. Juntos, establecimos un plan de acción y acordamos las propuestas y estrategias para implementar exitosamente este cambio de paradigma.

El proceso de reforma que estamos impulsando implica una justicia ágil, investigaciones más eficaces, donde los fiscales sean los que estén a cargo de las investigaciones y deban presentar sus casos ante los jueces, quienes tomarán sus decisiones en audiencias orales y públicas.

Otro cambio cultural central es el reemplazo del expediente en papel por la gestión digital del caso, para lograr así una solución rápida y de calidad de estos.

Este proceso de reforma, requiere ajustes en los programas de estudios universitarios, en las capacidades requeridas en los ingresos al Poder Judicial y a los Ministerios Públicos, y en la relación de la Justicia con la sociedad.

Con este cambio nos insertamos en el grupo de países de la región que ya introdujeron la oralidad en sus sistemas, rompiendo así un modelo anacrónico que venimos arrastrando desde la época colonial, con estructuras rígidas y funciones poco prácticas para combatir al delito.

El proceso de implementación de la reforma procesal penal ya está en marcha y vamos hacia un sistema en el cual la oralidad, la gestión digital, la agilización, la publicidad y la transparencia serán la marca distintiva de los procesos judiciales.

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