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MARTES 23/04/2019

Una propuesta del siglo XXI para Tierra del Fuego

Una propuesta del siglo XXI 
para Tierra del Fuego

El controvertido régimen de promoción de la industria tecnológica en Tierra del Fuego suele ser objeto de múltiples cuestionamientos:
n No contribuye al desarrollo de la industria tecnológica ya que la falta de exigencia de integración local convierte a las plantas allí radicadas en meras ensambladoras de partes importadas.
n Por lo mismo, es falso que aporte a la sustitución de importaciones y a reducir la brecha externa; el déficit comercial de la isla se redujo de u$s 4800 millones en 2013 a u$s 3300 millones en 2014, sólo porque la provincia cayó en una severa recesión gestada por el faltante de dólares para importar insumos.
n Condena a los consumidores argentinos a pagar enormes sobre-precios en los productos electrónicos.
n El régimen es absurdamente caro en términos fiscales. Según datos oficiales del Ministerio de Economía, el Gasto Tributario (los impuestos que se dejan de recaudar por las exenciones promocionales) fue de $ 17.500 millones en 2014, el equivalente a 0,4% del PBI. En 2015, las exenciones treparían a $ 25.200 millones (0,5% del PIB).
Por todo lo expuesto, el régimen promocional fueguino termina sirviendo a un único objetivo: la generación de empleo calificado y bien pago en un rincón recóndito del país donde, sin el impulso estatal, sería muy difícil hacerlo. Merced a este sostén, a comienzos de 2015 se contaban 13.000 trabajadores industriales en la isla con un salario medio de $ 28.000 mensuales. El problema es que el costo fiscal asociado a este régimen de promoción del empleo es desmesuradamente alto. Cada puesto de trabajo en la industria fueguina entraña un subsidio del fisco federal de nada menos que $ 2,1 millones anuales, o $ 180.000 mensuales en impuestos no cobrados (vale decir: por cada peso que pone el empleador, el fisco pone más de seis).
Por ese cúmulo de razones, siempre hemos considerado a este régimen como un verdadero despropósito. Pero en los últimos tiempos tomamos conciencia de otra faceta funesta de este esquema. Uno de los artículos que se ven notoriamente encarecidos por la protección es el equipamiento informático (PC y notebooks). Vale decir: no sólo pagamos sobreprecios por artículos de consumo suntuario (TV, tabletas, heladeras) sino también por un bien de capital crítico en prácticamente todos los sectores de la economía y, en especial, en aquellos vinculados a la tecnología de la información. Una notebook de gama media cuesta en Argentina casi el triple que en otros países de la región.
El corolario es evidente: para defender 13.000 empleos industriales en Tierra del Fuego, se castiga la competitividad de un sector como el de producción de software que no sólo ha experimentado una gran expansión en los últimos años -de hecho, ha sido el más potente generador de empleo- sino que también posee un enorme potencial de cara al futuro.
Cada vez que estudiamos el tema del régimen promocional fueguino nos preguntamos qué alternativas existirían para estimular el empleo en aquella provincia con menor costo fiscal y sin tantas externalidades negativas como este esquema pergeñado hace casi medio siglo, al calor de las necesidades geopolíticas de entonces. Alguien propuso jocosamente promover el juego legal y convertir a la isla en una suerte de Las Vegas argentina. Creemos tener una idea superadora; una idea propia del siglo XXI.
Nuestra propuesta sería transformar a Tierra del Fuego en un verdadero polo tecnológico; pero en vez de dilapidar esfuerzos en sostener maquilas ensambladoras de hardware caro, instamos a destinar recursos para estimular la promisoria actividad de producción de software. Se trata de un sector muy intensivo en mano de obra calificada, relativamente bajos requerimientos de capital (apenas buenas computadoras y conectividad) y en el que la relocalización no es compleja.
La idea sería entonces disponer incentivos adicionales a los previstos por el actual régimen nacional de promoción de la industria del software para inducir la radicación progresiva de firmas del sector en Tierra del Fuego. El estímulo a privados debiera ser complementado con el traslado de organismos estatales (universidades, Conicet, etc.). La aspiración, en última instancia, debiera ser que la isla se convierta en un ‘Silicon Valley’ criollo; una plataforma de desarrollo, producción y exportación de servicios ligados a la tecnología de la información.

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