Una juventud movilizada demanda el cumplimiento de sus derechos

La juventud es una etapa de singular relevancia en términos de oportunidades de integración y de participación social de las personas, ya que esta etapa tiene un fuerte impacto en cómo las personas participan del sistema educativo y se incorporan al mercado de trabajo. 

A pesar de que los y las jóvenes no son el grupo de mayor riesgo frente al Covid-19, hoy en día la juventud sufre un fuerte impacto a causa del aislamiento social obligatorio y la ubica como uno de los sectores más golpeados. Los motivos para que esto ocurra no solo suceden por la virtualización forzosa de la educación, sino también porque la actual crisis económica producto de la pandemia intensificó lo que ya venía sucediendo: insertarse en el mercado laboral, en un empleo formal, es un privilegio para unos/as pocos/as. Es por ello, que cada vez son más los y las jóvenes que solo acceden a trabajos precarizados. 

Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA)  casi 1 de cada 5 jóvenes activos está desempleado/a (18,1%) -una tasa que triplica la de la población de 30 a 60 años-, y sólo 4 de cada 10 jóvenes ocupados/as en la Argentina urbana tienen un empleo pleno de derechos (39,7%). A su vez, un informe realizado durante el aislamiento social (ODSA) refleja que los/as jóvenes (18 a 34 años) duplican la probabilidad de haber perdido el trabajo durante la cuarentena en comparación con la situación de los/as adultos/as (35 a 59 años).

A consecuencia de la desigualdad de género que históricamente atraviesa al mundo del trabajo, las mujeres jóvenes son quienes más sufren los efectos negativos de esta pandemia. Según datos del INDEC, la tasa de desempleo en mujeres jóvenes ascendió de 18,9 por ciento en el último trimestre de 2019 a un 23,9 por ciento en el primer trimestre 2020.

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En lo que a educación refiere, según advirtió la ONU, alrededor de 24 millones de estudiantes de todos los niveles podrían abandonar la escolaridad en este contexto como consecuencia del cierre de las instituciones educativas frente a la pandemia de coronavirus.

La pandemia acentuó estas desigualdades estructurales preexistentes y puso sobre la mesa nuevas dificultades relacionadas con el acceso a la educación virtual, la conectividad, la dotación de equipos, entre otras. Una encuesta reciente realizada por UNICEF durante el período de aislamiento, revela que el 37% de los y las adolescentes no cuenta con una computadora en su hogar y que el 18% no cuenta con señal de internet. Con este escenario, la educación recae en los hogares y las obligaciones de bienestar en la unidad familiar, lo que profundiza y consolida desigualdades en el acceso y la calidad educativa.

Ahora bien, el avance de la digitalización llegó para quedarse. En ese sentido la educación deberá enfrentar un cambio de paradigma, donde la virtualidad y la presencialidad deberán convivir y donde el Estado deberá garantizar el acceso de todos/as los/as jóvenes a la educación mediante políticas públicas dispuestas a acortar la brecha digital que vino a poner en jaque al sistema educativo en el marco de la pandemia.

Teniendo en cuenta esto, el movimiento estudiantil, y los y las jóvenes organizados/as son hoy más que nunca, actores claves a la hora de manifestar las demandas de la juventud, entre las que se encuentra la preocupación por la deserción escolar que puede dejar esta pandemia. Por ello, es importante que sus reclamos sean escuchados y sean parte en la toma de decisiones del Estado. Éste tiene que nutrirse de la iniciativa de la juventud fuertemente movilizada y conocedora de sus realidades, la cual demanda el cumplimiento de sus derechos. Persiguiendo este objetivo, hace un año ya, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, creamos el Consejo de la Juventud -un espacio multisectorial y multipartidario pensado para que las y los jóvenes de la Ciudad puedan trabajar conjuntamente como colectivo- con el objetivo de que se convierta en un interlocutor frente al Estado. 

Debemos tener presente que las juventudes tienen claridad en el modelo de vida al que aspiran y es por ello que requieren de una activa participación e inclusión en los diferentes espacios de toma de decisión. Afortunadamente cada vez más están ocupando espacios, que van más allá de las escuelas y universidades y se desempeñan en cargos de decisión. Pero es vital que las políticas públicas que se lleven adelante alcancen tantas juventudes como realidades sociales, económicas y culturales existan, abordando las problemáticas de la juventud de manera integral y conjunta.

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