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Una ambiciosa propuesta de reforma laboral genera polémica en Francia

En un mundo abierto -y cada vez más competitivo- en el que la revolución de la tecnología ha multiplicado exponencialmente el riesgo de obsolescencia, las rigideces laborales pueden afectar seriamente la capacidad de supervivencia de muchas empresas, en los más diversos sectores. Y, peor, hasta condenarlas a tener de pronto que desaparecer, por falta de posibilidades de adaptación a una nueva realidad.
Lejos de defender a los trabajadores, esas rigideces (propias del siglo pasado) terminan afectándolos duramente. Por esto la flexibilidad laboral es hoy un objetivo central en los países que comprenden la urgencia de entender cómo, en realidad, funciona la economía mundial. Esto se ha comprendido en Alemania, Suiza o España. Y cabe recordar que, en la mayoría de las economías asiáticas y en la de los EE.UU., las rigideces laborales con categoría de ‘sacrosantas’ nunca se arraigaron como en el Viejo Mundo y entre nosotros.
Ante el fenómeno descripto, el gobierno socialista de Francia está empujando una demorada reforma laboral en procura de aumentar la competitividad de su sector productivo. Desde Bruselas y Berlín se ha estado impulsando esta reforma desde hace rato ya. El proyecto está ya sobre la mesa y ha provocado una suerte de ruidoso terremoto en el seno mismo del socialismo francés y en el combativo mundo sindical galo. Tan es así que se ha demorado su presentación formal por un par de semanas para permitir un análisis más tranquilo de las nuevas propuestas. A sólo 14 meses de las próximas elecciones presidenciales, el tema no es menor, por sus consecuencias. Pese a que lo cierto es que Francia tiene una tasa de desocupación dura, del 10,6%. Mientras que, en Alemania, ella es del 4,7%.
Las propuestas llevan el nombre de la joven ministro de trabajo francesa, Myriam El Khomri, nacida en Rabat, Marruecos, en 1978. Pero son ‘atribuidas’ al primer ministro, Manuel Valls.
Los temas centrales son seis. El proyecto apunta a que los temas laborales se decidan en el ámbito particular de cada empresa, por oposición a las tradicionales decisiones sectoriales.
Primero, permitir a las empresas dejar convencionalmente de lado el máximo de 35 horas semanales de trabajo, pudiendo llevarlo a 46 horas semanales, con un sobrecosto de apenas un 10% en las horas extras. Segundo, posibilitar que los aprendices (que cobran menos que los trabajadores ordinarios) puedan trabajar más horas que hasta ahora. Con un techo de 40 horas semanales y un máximo de 10 horas diarias. Tercero, fijar nuevas indemnizaciones por despido, que serían de 6 meses de salario para quienes tengan entre 2 y 5 años de antigüedad; de 9 meses, para los que tengan entre 5 y 10 años de antigüedad; de 12 meses, para los que tengan entre 10 y 20 años de antigüedad; y de 15 meses para quienes superen los 20 años de antigüedad. Cuarto, permitir los despidos numerosos cuando ellos sean necesarios por ‘motivos económicos’, lo que incluye pérdidas de explotación, el impacto de los cambios tecnológicos, y las reorganizaciones necesarias para mantener la competitividad. En Francia esto se indemniza con el pago de 6 días de trabajo por año, hasta los diez años, y con el de 10 días a partir de los 10 años de antigüedad. Quinto, permitir asimismo acuerdos a nivel de empresa con los respectivos sindicatos que generen flexibilidad laboral en casos de problemas estructurales, sea ello por razones ‘defensivas’ o con objetivos ‘ofensivos’, incluyendo ‘la conquista de nuevos mercados’. Y sexto, disminuyendo el poder sindical dentro de cada empresa. Hasta hoy, el sindicato puede imponer una decisión si cuenta con el apoyo del 30% de sus miembros. La idea es subir ese porcentaje al 50%. Agregando que, si la mayoría de la planilla aprueba una decisión, el sindicato no puede vetarla.
El paradigma de la reforma es que la ‘flexibilización’ de las relaciones laborales en el seno de cada empresa hoy ‘refuerza’ en lugar de ‘deteriorar’ la seguridad en el mantenimiento de los empleos.

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