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Un trámite innecesario

Un trámite innecesario

La Constitución Nacional de 1853 consagró la inamovilidad de los jueces nacionales en sus cargos, disponiendo que se podrían mantener en ellos mientras conservaran su buena conducta. Si bien esa disposición no fue eliminada del texto constitucional en el año 1994, convive desde entonces con el inciso 4 del artículo 99, según el cual, al llegar a los 75 años de edad, los jueces que desean continuar en su cargo deben ser nuevamente designados por el presidente de la Nación con el respectivo acuerdo del Senado.
En su momento, cuando el ex juez Carlos Fayt estaba por cumplir la edad límite indicada, hizo un planteo ante la justicia para que se declare la nulidad de la norma constitucional que establece la referida limitación de edad. El argumento fue que la inamovilidad de los jueces en sus cargos, no había sido un tema cuya declaración de necesidad de reforma hubiera sido dispuesta por la ley 24.309, que fue la que inició el proceso de reforma constitucional en el año 1994.

La Corte le dio la razón al ya fallecido juez, y por primera vez en la historia jurisprudencial de nuestro país, en la causa ‘Fayt, Carlos c/ Estado Nacional’, dictó sentencia el 19 de agosto de 1999, declarando la nulidad de la norma constitucional cuestionada, haciendo extensivos sus efectos a todos los casos, disponiendo también que resultaba ser absolutamente irrelevante si un magistrado asumió su cargo antes o después de la mencionada reforma.

La norma declarada nula constituye, desde entonces, una suerte de ‘hoja seca’ de nuestra ley suprema, y en consecuencia no existe norma constitucional vigente que obligue a los jueces a jubilarse, retirarse o requerir una nueva designación al cumplir la edad de 75 años.

Resulta por ello inexplicable que la Dra. Elena Highton, quien cumplirá 75 años de edad en diciembre del año próximo, haya efectuado el mismo planteo que oportunamente hizo Fayt, cuando en función de lo dispuesto en la causa mencionada anteriormente, no necesitaba hacerlo para continuar en ejercicio de su función.
Aún cuando la diferencia con Fayt es que éste había asumido el cargo de juez antes de la reforma constitucional de 1994 y la jueza Highton lo hizo después, ella es irrelevante ya que no solamente en la sentencia citada el máximo tribunal rechazó esa distinción, sino que además la jueza Highton juró al amparo de una Constitución respecto de la cual la Justicia, en la causa mencionada, ya había declarado la nulidad de la norma que establecía el límite de edad en cuestión.

Si no fuera porque el Gobierno Nacional omitió apelar la sentencia de primera instancia dictada algunos días atrás por el juez Pico Lavié, quien hizo lugar al planteo de la magistrada, con su presentación judicial la jueza Highton hubiera habilitado al máximo tribunal (que tiene actualmente una composición ciento por ciento diferente a la que tenía cuando se pronunció en la causa Fayt), a pronunciarse en contra de su planteo, y por lo tanto a dejar sin efecto la nulidad de la que adolece la norma constitucional impugnada.