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Un subsidio más: ganancias

RUBÉN H. MALVITANO Dpto. de Impuestos de Aguirre Saravia & Gebhardt - Abogados

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Un subsidio más: ganancias

La puja distributiva está a pleno. Sus actores excluyentes: empresarios, sindicatos y Estado, con objetos de disputa que van mutando.

Hoy el actor principal pasó a ser el impuesto a las Ganancias. Tema de disputas desarrolladas en el medio de preocupantes síntomas de ignorancia con consecuentes propuestas delirantes.

Algunos planteos llevan ya un tiempo instalados. por ejemplo, sostener que el salario no es ganancia; o que el nombre del impuesto es incorrecto y que se lo debe reemplazar por el de ‘impuesto a los ingresos’.

Ninguna de ellas es válida; el salario es ganancia. Es retribución de un factor de producción. Lo que hay que hacer es medir bien esa ganancia para que sea real y represente la verdadera capacidad de contribuir del ciudadano. En cuanto al nombre del gravamen, no hay razones para un cambio. Recae sobre la renta neta del contribuyente. El trabajador no paga sobre su salario bruto, ya que computa deducciones como las generadas por el régimen previsional, obra social, etc. Es decir que el nombre del tributo, aplica perfectamente al hecho que describe.

Debe terminarse con el injustificado tratamiento discriminatorio entre trabajadores. Una de sus fuentes (no es la única) tiene que ver con la actividad que desarrolla el empleador. Así por ejemplo, si se trabaja para el Poder Judicial se goza de ciertos beneficios. Lo mismo si quien contrata está dedicado a la actividad petrolera.

Ahora, a partir de la presión ejercida desde un sector sindical, se pretende no gravar horas extras y viáticos del personal de empresas de transporte, con el inconsistente argumento de tratarse de ‘un servicio esencial’.

Además de fuente de posibles maniobras de muy difícil control por parte de las autoridades, introducir esta nueva diferencia entre trabajadores según el rubro del empleador, es instalar un nuevo subsidio del Estado al empresario: el Estado cobra menos y el trabajador más, lo que lleva a que la empresa pueda ofrecer -sin costo-, salarios de bolsillo más altos que los ofrecidos por otras actividades. Aunque este fenómeno no es el mismo en el caso del Poder Judicial -por la unidad de caja presupuestaria-, genera como en los otros una injustificada desigualdad de trato entre trabajadores. Sería como si se concediera a los encargados de edificios el derecho a consumir sin pagar IVA.

En síntesis, se debe evitar un nuevo subsidio indirecto concedido por el Estado a partir del impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones generadas por el trabajo que se agregaría a los aquí identificados, y al que -a partir de jurisprudencia de la Corte-, se instalara hace un tiempo sobre los pagos extraordinarios derivados de desvinculaciones laborales calificados como no gravados. Eliminar estas concesiones -y no aumentarlas-, permitiría alinear el régimen normativo al mandato constitucional (Arts. 14 bis y 16 de la CN). Un paso esencial para restablecer el sentido de ciudadanía es eliminar urgentemente estos tratamientos discriminatorios.

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