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Un pacto histórico con las provincias

ALEJANDRO CALDARELLI Secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

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Un pacto histórico con las provincias

El 10 de diciembre, Argentina inició el camino hacia un país más federal e integrado. Después de 12 años dejamos atrás el unitarismo, la discrecionalidad y la concentración de recursos. Por pedido del presidente Mauricio Macri, el miércoles 18 de mayo, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, con el apoyo de todas las provincias y la CABA, firmamos un acuerdo para resolver las diferencias existentes sobre la validez y efectos del Artículo 76 de la Ley 26.078, que prorrogaba la detracción del 15% de la masa coparticipable destinada al financiamiento de la ANSES.

Se ha dado fin, así, a una controversia que tenía muchos años de vigencia. En primer lugar, se firmó un acuerdo federal después de 14 años sin producirse hechos de esta naturaleza, durante los cuales las decisiones vinculadas a la distribución de fondos nacionales eran adoptadas en forma unilateral por el gobierno central. El último pacto, el ‘Acuerdo Nación-Provincias sobre la Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos’, había sido firmado el 27 de febrero de 2002. Poco después, la práctica del consenso cayó en el olvido y dio lugar a una etapa de transferencias arbitrarias y selectivas desde la Nación a las provincias y la Ciudad.

Haciendo un poco de historia, la retención del 15% fue establecida en el ‘Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales’ firmado el 12 de agosto de 1992 y renovada sucesivamente, siendo la última de ellas a través de la Ley 26.078 sancionada en Diciembre de 2005. Dicha prórroga fue cuestionada por las provincias de San Luis y Santa Fe, ya que entendieron que no cumplía con los requisitos constitucionales necesarios para detraer recursos de la masa coparticipable. Luego de los pertinentes reclamos políticos y administrativos, iniciaron las acciones judiciales en el año 2009. Por su parte, la provincia de Córdoba, luego de denunciar formalmente el acuerdo de 1992, solicitó la restitución del 15%, y al no obtener una respuesta positiva inició la acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De esta manera se llegó al 22 de noviembre de 2015, cuando la CSJN declaró la inconstitucionalidad de la prórroga de la detracción del 15% para el caso las provincias de Santa Fe y San Luis, y suspendió los descuentos a la provincia de Córdoba, aunque con carácter cautelar.

Una semana después, a través del DNU 2.635/15 se extendió el cese de la detracción a todas las jurisdicciones, comprometiendo seriamente el financiamiento del sistema previsional. Una presentación judicial de una asociación de jubilados suspendió la aplicación de dicha normativa, finalmente derogada por la nueva administración.

A partir de ese momento se generalizaron las manifestaciones de las jurisdicciones restantes para obtener los mismos beneficios que las provincias litigantes. Conociendo la grave situación fiscal de las provincias y haciendo lugar a sus demandas, pero también conscientes de los peligros de poner en riesgo el sostenimiento del sistema jubilatorio, el Gobierno Nacional optó por actuar en forma responsable y con una metodología olvidada: el diálogo y el consenso, institucionalizándolo a través del mencionado acuerdo, que creemos establece un nueva línea de base para el federalismo fiscal argentino. Después de muchos años, representa el primer acuerdo en el cual la Nación restituye recursos a los Estados Subnacionales, pese al fuerte déficit heredado de la gestión anterior.

Comenzará, de esta manera, la devolución progresiva de fondos a las provincias y la Ciudad, lo cual se traducirá en una mayor inversión en hospitales, escuelas, rutas, y otras finalidades que permitirán mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, lo cual constituye el principal objetivo de nuestra gestión, y para el cual trabajamos a diario.

Se ha iniciado un nuevo camino, en el que la discrecionalidad y la arbitrariedad serán sustituidas por el diálogo y la cooperación entre los distintos niveles de gobierno. Esta premisa básica de nuestra gestión no debe soslayar la importancia de avanzar en simultáneo hacia un Estado más moderno y eficiente, donde el dinero aportado por los contribuyentes se vea reflejado en la provisión de bienes y servicios públicos de calidad. Para alcanzar dicho objetivo, estamos avanzando en un nuevo acuerdo con las provincias y la Ciudad, en el cual consensuaremos lineamientos en materia de gastos, impuestos y transparencia en el acceso a la información pública, entre otras cuestiones de relevancia institucional.

No afirmamos que sea una empresa sencilla, pero sí una que no dudaremos abordar.

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