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Un aspecto desatendido del nuevo blanqueo

MARTÍN R. CARANTA Asociado de Impuestos del estudio Lisicki, Litvin & Asoc.

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La ley 27.260 estableció un régimen de sinceramiento fiscal, actualmente vigente y operativo hasta el 31/03/2017. Uno de los mecanismos que prevé es la declaración voluntaria y excepcional, el otro es la regularización excepcional.

El blanqueo importa el perdón de los impuestos evadidos en el pasado, de sus intereses y sanciones, incluso por delitos penales tributarios y cambiarios que pudieran existir por la tenencia de bienes no declarados al 22 de julio de 2016 (fecha de preexistencia), en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas.

También implica el perdón del "incremento patrimonial no justificado", es decir, del reclamo de impuestos por las ganancias obtenidas para la adquisición de esos activos no declarados.
Ese perdón fiscal o amnistía tributaria procede a cambio de un "impuesto especial", que se ingresa sobre la valuación que prevé la ley 27.260 para los distintos tipos de bienes.

Los valores a considerar nunca tienen en cuenta los pasivos asociados a los mismos. A modo de ejemplo, las acciones y participaciones societarias que no cotizan en bolsas o mercados deberán valuarse al valor proporcional sobre el total de los activos del ente que surja de un balance; los bienes inmuebles se valuarán a valor de plaza conforme lo dicte la reglamentación, sin poder descontar deudas hipotecarias ni de otro tipo.

Lo expuesto precedentemente distorsiona el objeto del perdón fiscal, relativo a la adquisición de bienes en el pasado con ganancias no declaradas. Si un sujeto adquirió un inmueble con una deuda hipotecaria del 50%, el impuesto especial debería ingresarse sobre el monto neto luego de descontar la deuda, y no sobre el total, como pretende la ley.

La existencia del pasivo implica que el sujeto no realizó la adquisición con ganancias propias no declaradas, entonces, pierde justificación y toda razonabilidad la pretensión del impuesto especial.
Lo mismo sucede en el caso de cuentas bancarias de inversión, en las cuales suelen existir activos financieros y deudas con las entidades bancarias. Mucho más irrazonable es la situación de las sociedades, cuya valuación se realiza sobre los activos, y no sobre el patrimonio neto.

También está el caso de sociedades inmobiliarias, que no pueden descontar deudas hipotecarias, pero que además deben valuar los inmuebles a valor de mercado; ante ello, la alícuota efectiva del impuesto termina siendo muy superior a la nominal.

Por todo lo anterior, se impone la necesidad de una ley correctiva o de una norma interpretativa del Poder Ejecutivo que corrija las distorsiones señaladas, a fin de no poner en riesgo el éxito del Sinceramiento Fiscal.