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Un Estado fuerte en el cuidado del ambiente atrae inversiones

CRISTIAN FOLGAR Ex Subsecretario de Combustibles de la Nación

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La Argentina necesita inversiones. Un sector capaz de atraerlas es la producción de hidrocarburos. El mayor potencial está en los hidrocarburos no convencionales donde nuestro país tiene importantes recursos potenciales, pero cuya técnica de explotación aún presenta temores desde el punto de vista ambiental. Desde 2013 Argentina viene tomando medidas para fomentar el desarrollo a escala de esos recursos, aún sin éxito.

Mucho se escribió sobre lo que debería hacer nuestro país para ser ‘atractivo’ en esta materia, por lo que no voy a insistir con eso. Quisiera concentrarme en el manejo de las cuestiones ambientales y en analizar como un caso de mala praxis podría generar problemas en el desarrollo de una actividad sensible.

Voy a utilizar para ello el análisis del litigio entre el gobierno de Ecuador y Chevron por una cuestión ambiental que coloquialmente se conoce como el caso del Lago Agrio. Veamos el caso y sus potenciales enseñanzas para nuestro país.

En 2001, la petrolera Chevron, que nunca tuvo ni tiene operaciones en el Ecuador, adquirió Texaco. Esta compañía sí había operado en el Ecuador desde 1964 hasta 1990. Entre 1990 y 1998 trabajó con el gobierno ecuatoriano y con la petrolera estatal ecuatoriana auditando las áreas en que se había trabajado y remediando los impactos ambientales de esa operación. En 1998 el gobierno ecuatoriano certificó que los trabajos se habían completado, liberando a Texaco de cualquier responsabilidad futura.

Pese a la certificación gubernamental, la operación de Texaco fue motivo de controversias. Un grupo de alrededor 80 ciudadanos ecuatorianos inició en 1993 una demanda contra Texaco en los EE.UU., sin que la misma prosperara, ya que la Justicia estadounidense entendió que el tema debía resolverse en el Ecuador.

Ya con Chevron en escena, un grupo de abogados norteamericanos y ecuatorianos inició una demanda en el Ecuador contra esta empresa. Representando a 48 ciudadanos ecuatorianos, reclamaron una enorme suma de dinero por un alegado daño ambiental generado por la antigua operación de Texaco.

La demanda legal se presentó acompañada de un enorme show mediático que incluyó hasta una película de cine, estrenada con bombos y platillos en el famoso Festival de Sundance.

La Justicia ecuatoriana falló en favor de los demandantes, condenando a Chevron a pagar u$s 9.500 millones.

Los abogados demandantes luego buscaron embargar activos de subsidiarias de Chevron en el mundo para tratar de cobrarse el monto de la sentencia lo antes posible. El tema nos tocó de cerca a los argentinos, ya que fue llevado a la Justicia local, la cual en una primera instancia ordenó un embargo como medida cautelar, que luego fue suspendido. Esto coincidió temporalmente con el acuerdo YPF -Chevron para explotar hidrocarburos no convencionales en Loma Campana, y ello dio mayor volumen mediático a la cuestión.

En el marco de las distintas causas abiertas por este litigio, la justicia hasta el momento determinó que la demanda era un fraude que incluía desde pruebas falsas, testigos comprados, supuestos demandantes engañados por sus propios abogados, hasta jueces y funcionarios que aparentemente no cumplieron con sus deberes. Un resumen de este verdadero laberinto judicial internacional puede revisarse en la página www.juiciocrudo.com

El tema sigue, y mas allá de las posiciones de las partes en disputa, parece claro en el estado actual del litigio que lo presentado como un ‘reclamo de Justicia’, era un fraude para llenar los bolsillos de una red de abogados, consultores, financistas, jueces y funcionarios. Caranchos ambientales en la jerga criolla.

Pero lo importante de la cuestión es la lección que nos deja.

Los litigios ambientales son complicados, es un campo relativamente reciente, las legislaciones se están coordinando a nivel global desde hace poco tiempo, y la compensación del daño ambiental, un daño que puede ser ‘para siempre‘ o cuya remediación puede llevar literalmente cientos de años, no tiene techo económico.

Por ello una política orientada a atraer inversiones debe incluir necesariamente políticas claras en materia ambiental y el Estado debe contar con una estructura fuerte y experimentada, que controle el desenvolvimiento de las actividades de manera constante.

Cuando las normas no son claras o el Estado no controla, el riesgo de un litigio ambiental crece de manera exponencial, generando contingencias que ningún empresario serio estará dispuesto a tomar. Un Estado laxo en materia ambiental no promueve inversiones porque genera que la reacción social haga insostenible cualquier actividad en el tiempo. Un Estado oportunista en materia ambiental lejos de proteger a la sociedad, la priva de la llegada de inversores serios, y termina sin proteger al medio ambiente.

Más que en ningún otro campo, en materia ambiental un Estado fuerte y eficaz protege a los ciudadanos y atrae a los inversores.