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Tribuna segura: el ABC de una política de Estado

DANIEL VIOLA Abogado Socio Estudio Viola & Appiolaza

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El 9 de agosto ingresó al Senado de la Nación, el proyecto de ley que busca implantar un ‘régimen penal especial’ a los espectáculos futbolísticos (PE 112/16). Semanas atrás, en una conferencia de prensa en el Ministerio de Seguridad, su titular Patricia Bullrich precisó: "Es un proyecto de ley que se persigue desde hace muchos años en Argentina. Hemos trabajado un régimen penal para el fútbol, habrá sanciones concretas a quiénes realicen hechos delictivos dentro de las canchas y quiénes hacen negocios en torno al fútbol. Desfinanciamiento y persecución penal serán los elementos fundamentales para las luchas contra las barras, habrá un control y la policía dejará de escoltar a las hinchadas." Estas palabras preanuncian el cambio de paradigma tras el crónico fracaso de la política para erradicar a las barras bravas. Entre los fundamentos del proyecto sobre la violencia se dice: "Es voluntad de este nuevo Gobierno, enfrentarla y hacerse cargo de recuperar las condiciones de tranquilidad, orden y seguridad necesarias a fin de que la sociedad recobre el hábito de disfrutar de un deporte tan arraigado en la idiosincrasia del país". Mientras, el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, señaló que "el Gobierno nacional parte de una convicción diferente: las barras no son folclore. Es un principio detrás de una convicción: terminar con los políticos, dirigentes y sindicalistas que apañan a las barras". La ministra Bullrich acotó: "Habrá sanciones para los dirigentes que den entradas. El derecho de admisión se hará en conjunto con el club (no estará sólo a cargo del Estado), a partir de sus antecedentes en espectáculos y deberán presentarse en lugares específicos a la hora del partido.

El nuevo sistema es simple y claro: cualquier ciudadano que vaya a la cancha tiene el DNI; se lo pasa y se sabe -en tiempo real-si tiene pedido de captura y derecho de admisión". El ámbito de aplicación de la futura ley incluye a espectáculos futbolísticos nacionales e internacionales, amistosos y entrenamientos, sin importar los lugares y momentos en los cuales se cometan actos de violencia: "antes, durante o después". Se define al protagonista (jugadores, DTs, árbitros y colaboradores), organizador (directivos de clubes y asociaciones, empresas, concesionarios, empleados, personal policial y fuerzas de seguridad) y concurrente (toda persona que no sea protagonista u organizador). No procederá la suspensión del juicio a prueba (probation) para ciertos delitos en base a la ineficacia demostrada, derivándose la causa en tales casos a juicio oral y público.

Sobre este punto, vale recordar la reciente imposición de una multa y tareas comunitarias al ‘Panadero’ Napolitano por los incidentes del ‘gas pimienta’ en el estadio La Bombonera, en el entretiempo de Boca y River, por Copa Libertadores 2015. Se prevé la tipificación de nuevas conductas y un agravante genérico de la pena de los delitos del Código Penal, definiéndose la figura del ‘grupo’ como una asociación de 3 o más personas. Para quienes porten armas, se prescribe de 6 meses a 2 años prisión, y para la agresión o intimidación grupal, de 2 a 6 años, elevándose a 8 si el hecho se consuma con armas. Quien integre un grupo de 3 o más personas destinado a cometer los delitos previstos en la ley, será reprimido con prisión de 2 a 8 años. Se incorpora la figura del ‘informante o arrepentido’ para quien brindare datos precisos sobre la identidad de autores, cómplices, partícipes y encubridores, quienes podrán obtener una reducción de la pena. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adoptar normas procesales en concordancia con este proyecto, el cual se ha nutrido de antecedentes parlamentarios de diversas bancadas entre 2013 y 2015. A diferencia de ‘AFA Plus’, cuyos millonarios fondos merecen ser investigados, los operativos se realizan al simple contacto, en estadios de la ciudad de Buenos Aires por personal de Prefectura, Gendarmería, Policía Aeroportuaria y la Policía Federal. En esta experiencia piloto, se usan dispositivos móviles para verificar el DNI de cada persona con la información de bancos de datos públicos (Renaper, Sofcop y SISEF).

Hasta el lunes pasado, 18 barras no ingresaron por diversas causas (pedidos de captura, derecho de admisión, restricción judicial). Cabe agregar a ‘Bebote’ Alvarez, denunciado por las autoridades de Aprevide ante el Juzgado Correccional N 7 de Lomas de Zamora, por actos prohibidos dentro del estadio de Independiente. Felipe Gonzalez (1942), presidente del gobierno español (1982-1996), en una de sus visitas a Buenos Aires dijo: "Lo más difícil es tener que demostrar lo obvio". Al hilo de lo que está a la vista, el objetivo aparece como más cercano.

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