Tres ejes para una agenda que debería encarar la próxima gestión

En los últimos 30 años, en la Argentina, la tasa de pobreza (medida por ingresos) nunca fue menor al 25%. Incluso en períodos de alto crecimiento económico, una porción significativa de la población no logró salir de la pobreza. Este grupo es el más vulnerable entre vulnerables: quienes están en la pobreza crónica.

Casi la mitad de los pobres crónicosson niños y adolescentes de hasta 15 años. Los adultos de los hogares en situación de pobreza crónica tienen 5,6 años promedio de educación, alrededor de diez años menos que los de los hogares no vulnerables. La mayoría de los varones adultos en situación de pobreza crónica trabaja, pero en condiciones precarias. Además, la brecha de género en la participación laboral se acentúa en la pobreza crónica. Por último, aquellos en pobreza crónica enfrentan condiciones de hábitat inferiores al resto de la población.

Cuando concluya la gestión de gobierno que comience en diciembre de este año, a fines de 2023, incluso considerando escenarios extremadamente optimistas de un crecimiento sostenido del 3% del PBI per cápita anual, la pobreza habría disminuido solamente hasta llegar a 26%. El crecimiento es una condición necesaria para reducir la pobreza pero no es suficiente, especialmente para las personas en pobreza crónica.

Reducir la pobreza y priorizar la pobreza crónica es un imperativo jurídico, ético, social y estratégico. CIPPEC, junto con el PNUD y con apoyo técnico del CEDLAS-UNLP, se propuso contribuir con evidencia en esta prioridad y convocar a actores de diversos sectores para discutir propuestas de políticas para la gestión de gobierno 2019-2023.

Hubo consenso en que urge priorizar la gestación de una estrategia federal de reducción de la pobreza, que sea coconstruida con un conjunto amplio de sectores. El liderazgo debe, sin dudas, ser del Poder Ejecutivo Nacional pero, para que esas intervenciones sean realmente efectivas, es central que sean articuladas con el sector privado, los sindicatos, movimientos sociales y la sociedad civil, entre otros.

A partir de reuniones, se identificaron tres grandes líneas de acción que engloban a diez recomendaciones: garantizar ingresos a través del mercado de trabajo y la protección social; invertir en el desarrollo humano y en el mejoramiento del hábitat; y asegurar una sólida institucionalidad y financiamiento sustentable.

La voluntad política y jerarquización en el más alto nivel de gobierno durante la próxima gestión serán condiciones necesarias para avanzar en esta agenda. Sólo así se podrán sentar las bases para para un país con un desarrollo verdaderamente inclusivo.

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