Tarifazos y Ciudadanía

Servicio público es una noción que se asocia con la responsabilidad estatal de satisfacer universal y confiablemente servicios de interés general, ello con la perspectiva del usuario como ciudadano.

 

Los descontextualizados tarifazos actuales sobre servicios públicos (gas, electricidad, etc.), resultan confusos e ilegítimos ajustes que de tal manera cercenan la acepción de ciudadanía, provocando además una enrevesada toxicidad tributaria entre las distintas instancias interestatales.

En principio, tal ciudadanía reconoce y asegura a cada argentino, derechos políticos, sociales y económicos que le permitan participar activa y beneficiosamente de la gestión política de su país.

Esta administración nacional no debería ignorar la cultura tarifaria asimilada socialmente entre 2003 y 2015. Proseguir con tales tarifazos augura otro yerro oficial corroborando su tenacidad para eludir temerariamente, secuencias tarifarias de adecuación transicionales e insoslayables, al no abordar realista y responsablemente el periodo tarifario comprendido entre 2003/2018, confirmando entonces que olvidó o replicará su error histórico cuando infrasubestimó la compleja herencia recibida de la gestión anterior, en cuyo déficit relucía el enorme retardo tarifario.

¿Quién dijo que se podía sincerar en dos años, un embrollo de doce?

Por su parte el Poder Ejecutivo no pudo lograr supuestos macroeconómicos comprometidos como prerrequisitos básicos para impulsar entre otras cosas semejantes tarifazos en cuestión. El valor del dólar esta descontrolado y las metas inflacionarias iniciales se visualizan como de imposible cumplimiento; se enfrió la economía productiva y la apertura indiscriminada del mercado de las Lebac, facilitó la timba financiera; a todo lo cual debemos añadir una substancial pérdida de confianza en la actual gestión por parte de millones de argentinos preocupados y/o decepcionados.

Así las cosas, resulta bastante utópico la prepotente pretensión de recuperar en un santiamén, matrices energéticas disponibles hasta 2003, al menos desde una perspectiva de ecuanimidad, de justicia, de equidad tarifaria, de federalismo y de tranquilidad social.

Necesidad de acuerdos: La política vernácula (cuyo costo no se se ajusta) viene postergando coincidencias básicas que nos permitan mejorar paulatinamente la penosa calidad de vida que tiene atrapados a muchísimos conciudadanos según afligentes índices de pobreza e indigencia.

Asimismo, las exigencias tarifarias/tributarias que se nos pretende imponer por estos días, violan el Acuerdo para un Nuevo Federalismo suscripto entre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores (salvo el de San Luis). Ese acuerdo estableció un esquema de eliminación gradual de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables, pero las irracionales tarifas, tasas, impuestos y facturaciones aplicadas con posterioridad a la suscripción de tal Consenso Fiscal, son un repudiable despropósito que afrenta a la ciudadanía usuaria.

Finalmente, ¡las tarifas deben ser justas y razonables; las tasas, impuestos y contribuciones, también!

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