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Tarifas, una oportunidad para volver a empezar

La resistencia ciudadana al desmedido aumento de tarifas de los servicios públicos puede ser una oportunidad para un gobierno que se ha caracterizado por su falta de sensibilidad social. Nadie duda de la necesidad de reajustar las tarifas de los servicios públicos pero el camino elegido por el presidente Macri y su ministro Aranguren incumplen el repetido compromiso electoral de no imponer un tarifazo. Una de muchas promesas enterradas en estos primeros meses por una administración que asocia su agenda a la liberalización de la economía y la retracción de la presencia del Estado.

Un gobierno que prometió recuperar la supuesta perdida institucionalidad no cumplió los procesos de audiencia pública que demanda la normativa. Dejando de lado cuestiones de forma, el principal problema es el fondo: la ausencia de análisis del impacto de la medida, lo irracional de los aumentos y la falta de capacidad del gobierno en abordar el problema. ¿Era necesario avanzar en la recomposición del cuadro tarifario? Por supuesto, era una asignatura pendiente de la gestión anterior, pero el gobierno eligió el peor de los caminos.

El aumento de tarifas impactó en la capacidad de compra del salario, consolidando una inflación que superará, en su pico interanual, el 50% según mediciones del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), iniciativa de nuestra universidad y las centrales obreras. El rubro que más aportó a la inflación fue ‘vivienda y sus servicios’ con un 77,3% (junio 2015/16). Esto implicó una retracción del consumo profundizando la recesión, agravada por los aumentos del costo de servicios que debieron afrontar las empresas.

Las vacilaciones producidas en torno al cuadro tarifario y su facturación generaron una profunda incertidumbre en familias y PyMEs. Acecha el fantasma del desempleo, se estima la pérdida de más de 150 mil puestos de trabajo, y el conservadurismo promueve fallidos experimentos del pasado como la flexibilización laboral y la teoría del derrame.

Como el impuestazo del gobierno de la Alianza, el tarifazo de Cambiemos profundizó la recesión. El impacto en la calidad de vida de trabajadores y jubilados es dramático, como lo es en el sector PyME, del que depende el empleo en nuestro país. El descontrolado aumento, que confirmó el costoso aprendizaje sobre la marcha del ex CEO de la filial local de Shell, transformó en insostenible la ecuación económica de las pequeñas empresas.

¿No sería inteligente que el Gobierno reconozca su equivocación y torpeza? Por qué no aprovecha la movilización ciudadana y los fallos judiciales para presentar una propuesta razonable de reordenamiento tarifario. Como primer medida, antes de imponer cualquier aumento, debería hacer efectivo un mecanismo que garantice el efectivo derecho a la tarifa social a los sectores de menores ingresos. Recién allí presentar una propuesta que contemple un aumento progresivo de las tarifas durante el próximo lustro, audiencia pública mediante, comprometiendo metas de inversión a empresas del sector y una tasa de rentabilidad acorde a la situación nacional. Esto implica la disminución gradual de los subsidios para impedir que se produzcan variaciones de precios que hagan entrar en crisis a millones de familias y PyMEs argentinas. No hay precio más injusto de un servicio público que aquel que no puede ser pagado e impide el acceso a un derecho como lo son la luz, el agua y el gas.

Sostener una medida equivocada no debe leerse como signo de fortaleza de ninguna gestión. Es un camino en el que suelen caer los gobiernos, erosionando su vínculo con la sociedad y desnudando una matriz de autoritarismo. Queda ver si la coalición de gobierno tiene la capacidad de hacerle honor a su nombre y desiste de imponer una política de ajuste sobre los sectores populares.

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