Tarifas: un veto republicano a una ley injusta y unitaria

Frente a las voces que se alzan contra el veto presidencial de la ley que dispuso esta semana retrotraer el valor de las tarifas de las empresas de distribución eléctrica y de gas controladas por el ENARGAS y el ENRE, es importante considerar la relación entre el usuario y el régimen tarifario que se aplica, o la carga remuneratoria o precio que le impone aquél y que se convierte en el único ingreso con que cuentan las distribuidoras para hacer frente al servicio.

Esto obliga a analizar los eventuales perjuicios a la calidad de vida de los clientes de estas empresas que ha sido aludida por los legisladores que votaron favorablemente la ley, pero evaluado ello desde el efectivo servicio que se pretende.

A la luz del contexto tarifario que regía en la Capital Federal y el AMBA el extraordinario aumento de la demanda afectó necesariamente al sistema generando la crisis que el actual gobierno asumió. El precio era tan bajo durante los años anteriores al reacomodamiento dispuesto por el Gobierno y deliberado en las audiencias públicas, que los usuarios demandaban un consumo tal que llego al uso irresponsable de la energía disponible en el sistema. Ello fundamentalmente por la desproporcionada relación costo/beneficio respecto a los demás precios que debían abonar como parte de la subsistencia.

No cabe duda que las tarifas durante el periodo 2004 a 2016 han sido exageradamente bajas.

Es tan cierto lo que expongo que el universo de usuarios de las distribuidoras nacionales en el periodo de tiempo en el que además se quejaban por una deficiente prestación del servicio, pese a ello, consumieron lo mismo o más que en los mismos periodos de años anteriores.  Si a esto le agregamos que son millones de usuarios los que disfrutan de la energía eléctrica y del gas por redes, tanto en Capital Federal como en el AMBA, entonces el resultado es letal para cualquier sistema de distribución.

No cabe duda que las tarifas durante el periodo 2004 a 2016 han sido exageradamente bajas y ello está demostrado por demás con el altísimo nivel de costo fiscal que han debido afrontar los ciudadanos de todo el país para que quienes habitan la Capital Federal y el AMBA posean un excedente económico que el resto del país no tiene. Era notorio que estos usuarios abonaban una tarifa infravalorada cuya incidencia en el costo de vida diario se veía cada vez más reducida ante el aumento generalizado de precios y salarios. Es decir, estos usuarios se veían beneficiados en tanto una tarifa congelada representaba cada vez menos sacrificio por la obtención del servicio.

Debe advertirse que de las facturas surgía de modo evidente que los clientes abonaban por el servicio de suministro eléctrico y de gas entre 3 y 8 veces menos que –a modo de ejemplo- un usuario de la provincia de Córdoba o un usuario de la provincia de Santa Fe. A esta problemática no son ajenos los legisladores, quienes conocen con precisión que la realidad tarifaria es la que apunto y que ello es la causa central de la crisis energética que padece la república y de la cual este gobierno intenta salir.

Es injusto que la ley mida con distinta vara al usuario de Capital Federal y el AMBA. No es justo que estos usuarios paguen por el servicio tanto menos que un usuario de Córdoba o Santa Fe. Mucho menos justo ha sido que los representantes de los usuarios de estas y otras provincias que padecen la misma discriminación, no los hayan defendido en debida forma.

La sociedad entera debe reflexionar profundamente sobre el contexto político y económico que es público y notorio, ello para obtener la suficiente ecuanimidad y prudencia de juicio que nos permita evitar vernos influenciados por las circunstancias particulares presentadas en cada caso. Seamos conscientes que poseemos control sobre nuestro presupuesto de energía y gas, pero no lo tenemos sobre lo que los gobiernos hacen con nuestros impuestos.
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