Martes  05 de Junio de 2018

Siempre es mejor tener un enfoque amplio

Siempre es mejor tener un enfoque amplio

En lo que hace a proyectar el futuro, la economía como todas las otras ciencias, sin excepción se apoya en un sistema de conocimiento necesariamente incompleto, porque no se puede resolver la incertidumbre estructural debido a "lo que no sabemos que no sabemos". Pero lamentablemente para colmo de males el análisis económico tiende usualmente a privilegiar ciertos aspectos del conocimiento y la información y a desechar otros, aunque sean útiles, en favor de enfoques parciales o reduccionistas de los fenómenos.

Por ejemplo en materia de inflación uno puede privilegiar sólo a la cantidad de dinero como explicación relevante, o bien puede ampliar el análisis y considerar shocks de costos, cambios en los precios relativos o mecanismos de formación de precios.

La evidencia empírica ayudada por los avances estadísticos y el manejo de mejores bases de datos favorece tener una visión amplia, sugiriendo que todas estas cosas en momentos o episodios distintos del proceso inflacionario son relevantes. En suma, tener una visión amplia no sólo favorece nuestro diagnóstico sino que, por extensión, favorece a la toma de decisiones de política económica, aún cuando las mismas se encuentren en instituciones diferentes y aún cuando sea deseable que sea el Banco Central el que tenga la responsabilidad primaria. No entender bien este fenómeno en Diciembre de 2015 llevó a Cambiemos a un mal desempeño en materia inflacionaria, más allá del loable objetivo de reducir la inflación.

Ahora estamos en otra disyuntiva diferente. El ejemplo más reciente de que un enfoque amplio es mejor que uno acotado se refleja en el debate que ha emergido sobre si es el equilibrio externo (es decir la cuenta corriente del balance de pagos) o es el equilibrio fiscal lo que debería orientar las decisiones de política económica. En una posición que se asemeja lo que describíamos arriba sobre dinero e inflación, una parte de los economistas académicos y profesionales sostiene que por una simple aritmética contable es fácil mostrar que el desahorro público (es decir el déficit fiscal) es el que explica el déficit en cuenta corriente, lo que lleva a que la mejor política para corregir el desequilibrio externo es reducir el déficit. Para lo cual, entre otras cosas, la suba tarifaria y, por ende, la eliminación de subsidios es una entre otras decisión correcta del gobierno.

En otra posición diferente, y que también se asemeja al debate inflacionario, otros economistas sostienen que el desequilibrio de cuenta corriente es el fruto de muchas decisiones (consumo, inversión, pero en particular exportaciones e importaciones) que dependen en especial de precios relativos, que ahora están desalineados, y que la única forma de restablecer el equilibrio externo es corregir ese desalineamiento. Según esta visión hacer un ajuste fiscal reduce el gasto agregado de la economía y favorece la corrección de la cuenta corriente, pero el problema no es solo de nivel de gasto sino de composición y para ello es crucial hacer una devaluación real, es decir cambiar precios relativos a favor de bienes transables.

Más aún, dado que una parte de las tarifas son no-transables (porque son precios de la infraestructura) corregir esa parte, como ha ocurrido fuertemente entre fines del año pasado y comienzos de este año, lleva a un cambio de precios relativos en la dirección opuesta a la necesaria. Se trata de un shock de costos no transable, en la jerga técnica. Además, y esto es algo que pasó desapercibido por la propaganda política que hizo el Gobierno, una parte considerable de los últimos aumentos tarifarios en gas y electricidad (y que llevaron al segundo choque institucional, ahora en el Congreso, después de chocar con el Poder Judicial en 2016) no afectan los subsidios y el déficit, porque estos siempre vinieron explicados por los componentes de energía, no por los de infraestructura. Es cierto que estos aumentos son necesarios para restablecer las inversiones y hasta se podría decir que mejoran las cuentas fiscales porque evitan que sea el estado el que tiene que invertir en infraestructura, pero no es el déficit fiscal de corto plazo el que se ve reducido por estos aumentos tarifarios.

Como en el caso de la inflación, la evidencia sugiere que un enfoque amplio que tome en cuenta las dos explicaciones va a funcionar mucho mejor para hacer el diagnóstico y el curso de acción correctos que requiere la política económica. Sin embargo, alguna de las dos explicaciones o diagnósticos tiene que primar o liderar el análisis, lo cual se traduce en el hecho de que en realidad el verdadero debate de fondo es por el orden jerárquico de las explicaciones. Si el diagnóstico es que eminentemente la corrección fiscal es la que tiene que primar, eso lleva a una coordinación de consolidación fiscal, con un curso de acciones en donde la devaluación real pasa a un segundo plano.

Si el diagnóstico es que lo crucial está en el desequilibrio externo entonces la devaluación real pasa a primer plano dentro de una coordinación de acciones dentro del campo de los precios relativos, es decir de una política de precios e ingresos, con la corrección fiscal acompañando.

¿Estará pensando bien esto el Gobierno? ¿Lo ayuda al respecto el acuerdo con el FMI? Yo no estaría tan seguro. El FMI quiere un tipo de cambio flexible (para proteger las reservas y sus desembolsos) lo que sesga el diagnóstico en contra de un programa basado en políticas de precios e ingresos como la que acompañaría a un programa explícito de estabilización. Pero más importante que esto, es el gobierno el que está sesgado hacia el status quo del que venimos, con un poco más de ajuste fiscal. Es que los gobiernos no ven el diagnóstico económico sino sólo a través de sus objetivos políticos y el actual no tiene porque ser una excepción.

El Gobierno todavía ve un escenario político en 2019 que le permitiría (aún con menor crecimiento) tener chances de ser reelecto. Para ello sesga el diagnóstico hacia un problema de financiamiento externo transitorio que se resuelve por la vía de un mayor ajuste fiscal bajo la supervisión y el apoyo crediticio del FMI y para continuar con un sendero de ajustes de tarifas, política salarial controlada y metas inflacionarias (aunque estas se hayan aflojado). Este es el único camino consistente con optimizar las rentas políticas, porque la alternativa de hacer un diagnóstico en donde el problema de desequilibrio y de financiamiento no es transitorio sino estructural, lo llevaría a hacer una operación de precios relativos que haría corre el riesgo de hacer trizas su estrategia política.

No es que el Gobierno esté en contra de hacer un programa de ajuste de precios relativos solo porque sus macroeconomistas no crean en ese diagnóstico (como creo que es el caso) sino, fundamentalmente, porque ese diagnóstico no es consistente con sus objetivos políticos.

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