Servidores de pasado en copa nueva

Ahora resulta que quienes fueron cómplices, sosteniendo el Decreto de Videla 22278 durante su gestión en el último gobierno, sin proponer ningún proyecto de ley democrático, aún contando con amplia mayoría en ambas cámaras, inventariando en un stock de dudosa seriedad la cantidad de jóvenes y, escuche la paradoja, no punibles pero presos, sin requerir ante los jueces la libertad por esta ilegal práctica y nunca, en una década, exigir la inconstitucionalidad del Decreto 22278, nos acusan de no ser tan progresistas como lo fueron ellos.
A confesión de parte, relevo de prueba. En el informe Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, realizado en 2015 por la Secretaría de Niñez y Unicef, se reconoce que había en ese momento al menos 412 niños menores de 16 años privados de libertad en institutos a cargo de la Senaf o en dispositivos penales. O sea, 412 niños no punibles, presos o penalizados. La gestión del Dr. Lerner no inicio ningún Habeas Corpus por estos niños ni abrió ningún juicio político a los jueces que los dispusieron.
En el año 2006, la Fundación Sur presentó un hábeas corpus colectivo exigiendo la liberación de los menores de 16, inimputables y no punibles, presos en el Instituto San Martín, a cargo de la SENAF, y la derogación del Decreto 22278. La Corte, en un vergonzoso y regresivo fallo redactado por el Dr. Zaffaroni, convalidó el decreto de Videla, que legitima la privación de libertad como forma de protección, en violación flagrante de la Constitución Nacional y de la Ley 26.061. Al declarar la constitucionalidad, se legitima la privación de libertad sin debido proceso. Hoy, en Argentina, la edad de imputabilidad es cero. Algunos sectores pseudo progresistas agitan el principio de no regresividad ante un decreto que a su derecha solo tiene la pared.
Lo que estos sectores plantean es revestir con eufemismos la misma solución vigente: mantener para los chicos no punibles la discrecionalidad sin garantías y la utilización de la política pública como asistencialismo punitivo.
Confundir el sistema de protección integral y universal de niñas, niños y adolescentes, con la ejecución de la política criminal, no hace más que reforzar la histórica práctica del patronato que ha llenado las cárceles o centros con la excusa de la protección.
No tenemos miedo a llamar a las cosas por su nombre. Los adolescentes internados o dispuestos son presos. Los institutos cerrados socioeducativos son cárceles y toda medida, ya sea socioeducativa, alternativa a la privación de libertad, o cualquier otra que se dé en el marco de un proceso penal, es una pena y debe tener, obligatoriamente, por lo menos en la modernidad y en un Estado Democrático de Derecho, una sentencia previa que surja de un proceso con todas las garantías.
Es triste ser furgón de cola de la derecha, pero mucho peor es ser la locomotora de un Gobierno que disfrazó de palabras revolucionarias su legitimación militante de los decretos de la Dictadura.