CRONISTA POR UN D A

Seguiría prohibido el ajuste por inflación para subir impuestos y cumplir con FMI

El Gobierno estudia cómo hacer para cancelar en forma total o parcial la posibilidad de que las empresas apliquen el ajuste por inflación para el cálculo del impuesto a las Ganancias que tocará pagar en 2019, en función de los resultados en los balances de este año. La cuestión apareció como un gol en contra no esperado, producto de la disparada inflacionaria por arriba de 30% anual este año, que nadie tenía en el radar hacia fines del año pasado cuando se presentó y aprobó la iniciativa en el Congreso.

El equipo económico ya está haciendo los números y podría significar entre 70 y 120 mil millones de pesos menos para el fisco, un derecho legal que ahora habrá que ver cómo se les quita a los contribuyentes ya agobiados por una presión impositiva infernal. Como esos recursos se reparten 50% y 50% con las provincias, Hacienda ya comunicó la novedad a los ministros de economía de las provincias y se apresta a negociar con los Gobernadores cómo salir de esta encerrona. O decreto de necesidad y urgencia, o pacto para corregir en contra de las empresas la reforma impositiva aprobada hace 150 días.

Con buen criterio, la administración Macri se propuso con la reforma impositiva que se aprobó el año pasado corregir un alevoso abuso contra los contribuyentes que comenzó en 2002 a partir del estallido de la Convertibilidad y la reaparición de la inflación. Se prohibió entonces que las empresas ajustaran por inflación sus patrimonios y resultados económicos, y así comenzó a cobrarse un doble impuesto: a las ganancias y a las ganancias ficticias producto de la inflación. Por esta situación, hubo años en que el impuesto acumulado superó 45%.

Es el mismo abuso que se perpetraba y aún afecta a trabajadores en relación de dependencia y autónomos cuando no se actualizan los mínimos no imponibles y se termina cobrando impuesto a las ganancias a los obreros y empleados.

Pero al corregirlo, el equipo del ministro Nicolás Dujovne no quiso resignar del todo ese injusto beneficio para el fisco que los economistas cuestionan cuando están en el llano, pero avalan cuando llegan al Gobierno. Y así estableció un modelo para corregir la distorsión de la inflación pasada con un insólito "revalúo pago", muy parcial, por el cual un sector de grandes empresas tenía que pagar un fee al Estado para recuperar el derecho de que no se les cobre impuestos a la inflación. Y para la inflación futura, la de los dos primeros años de Macri y la que ahora se aceleró fuerte en el tercero, se pensó en una cláusula gatillo que no parecía amenazar con detonarse. Tenía que superar 33% la inflación mayorista este año 2018 para que se permitiera en forma automática el ajuste por inflación para aminorar el pago del año 2019.

El texto de la reforma impositiva decía que ese derecho llegaría si la inflación mayorista superaba 100% tres años consecutivos. A la fecha, la inflación mayorista anualizada ya está en 44%. Con lo cual la cláusula imposible de Dujovne resultó más que posible. Como si a la fábrica de televisores que prometía no cobrarlos si Argentina ganaba el Mundial en Brasil, le hubiera tocado la calamidad de una nueva olímpica.

El tema podría significar una nueva e importante sobrecarga impositiva para el sector privado ya muy golpeado por la inflación, los múltiples efectos negativos de la corrida cambiaria y la incipiente recesión. Y a la vez suma renovadas sospechas en el sentido de que, una vez más, serán las empresas, las familias y las personas quienes carguen con el mayor peso del ajuste para cumplir el acuerdo con el FMI y así garantizar una mínima estabilidad hasta medir en las elecciones del año próximo quién sigue en el poder.

La cuestión de suspender el ajuste por inflación para 2019 no es el único ejemplo. También hay presiones de los gobernadores peronistas, los radicales y altos dignatarios del oficialismo para congelar el cronograma de reducción de retenciones a la soja, cuando no reponerlas para otros cultivos y actividades.

Ante la demanda de ajustar el gasto y la imperiosa necesidad de reducir las transferencias del Gobierno nacional a las provincias, los gobernadores piden y ya comenzaron a subir otra vez los impuestos a los ingresos brutos. Y no solo está en estudio suspender el ajuste por inflación. También revisar otros renglones de la reforma impositiva aprobada el año pasado por el Congreso, por caso la reducción parcial prometida para los aportes patronales.

Crece cada vez más la sospecha de que si avanzan acuerdos políticos para reducir el déficit fiscal en 2019, estos acuerdos serán otra vez para trasladar al sector privado el ajuste. Ya bastante se hizo con la devaluación y la inflación acumulada en dos años y medio de gestión Macri. Y ahora, más que nunca reaparece la extorsión de la crisis terminal: no se puede bajar el gasto porque 70% es salarios, jubilaciones y gasto social, de modo que otra vez, los que más tienen, deben poner para superar la crisis.

Con la certeza en voz baja de que el ajuste que se pactó con el Fondo en rigor significa de cumplimiento obligatorio, de vida o muerte para llegar sin caos político y económico a las elecciones del año próximo.

Los mercados y el público inversor no terminan de tranquilizarse. La devaluación agrava el déficit porque el gasto, súper rígido, además está indexado por inflación. No deja de subir el dólar, ahora despacito, pese a que vuelan las tasas de interés y el Gobierno aceleró la venta de divisas con las licitaciones y la presencia nuevamente de la banca oficial ofreciendo dólares.

Para enrarecer más el clima, aparecen encuestas que vuelven a poner en carrera competitiva a la ex presidenta Cristina Kirchner para las presidenciales 2019. En 2017, la sola idea de que la ex presidente podía ganar en la provincia de Buenos Aires, hizo saltar el dólar de 15 a 18 pesos. Sacó 37% de los votos, perdió contra 41% de Cambiemos.

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