DEBATE

Se tergiversó la voluntad popular en La Rioja

El actual gobernador de La Rioja, Sergio Casas, ha elegido transitar el peor camino para cualquier paladar republicano, entre cuyas características, como sistema de gobierno, está el de la alternancia en el ejercicio del poder.

El plebiscito al que ha convocado el pasado domingo para que el pueblo ratifique o rechace la ley 10.161 que previamente había sancionado la Legislatura provincial, a través de la cual enmendó la Constitución local, habilitando la posibilidad de reelección por un nuevo período del gobernador en ejercicio, si bien está dentro del marco de legalidad, por cuanto se ha seguido el procedimiento de enmienda constitucional previsto por la Ley Superior de la Provincia, es un pésimo ejemplo para la cultura cívica, por cuanto muestra descarnadamente cómo un gobernante pretende acomodar la Constitución que limita el ejercicio de su poder, a sus necesidades personales y políticas.

La oposición cuestionó judicialmente el plebiscito de marras, pero con razón la Corte Suprema rechazó el reclamo. Es lógico: en un sistema federal como el que nos rige, las provincias tienen que organizar el funcionamiento de sus instituciones, y en ello no pueden inmiscuirse las autoridades nacionales. Por cuestionable que sea, es la justicia de la provincia la que debe actuar en estas cuestiones locales.

Pero además de resultar institucionalmente patética la pretensión del actual gobernador, de eliminar los límites constitucionales que le impiden perpetuarse en el ejercicio del poder, otras cuestiones son realmente vergonzosas.

Por un lado es inadmisible que la Constitución de La Rioja admita que la ratificación popular a una ley de enmienda constitucional, se logre apenas con el 35% de los inscriptos en el padrón electoral. Pero por otro lado no es menos inadmisible la interpretación que las autoridades locales, incluyendo al máximo tribunal judicial provincial, han hecho del resultado de la elección del domingo, dando por aprobada la ley sometida al veredicto popular.

En efecto, del artículo 84 de la Constitución local se desprende con claridad que "toda propuesta que sea sometida a consulta popular obligatoria se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del 35% de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba".

Por lo tanto, para que se considere aprobada la ley consultada, es necesario que el 35% de los inscriptos voten por el "SI". De no ocurrir eso, la ley es rechazada.

El padrón electoral de La Rioja es de 280.000 votantes, de los cuales fue a votar apenas el 44%, es decir, alrededor de 120.000. Para que la ley se considere aprobada se necesita el 35% de 280.000, es decir, unos 98.000 votos, que significan el 80% de los que fueron a votar. Sin embargo, de ellos, solo el 26% se pronunció por la aprobación.

Claramente el pueblo no ha convalidado la ley de enmienda constitucional, y por ende no ha avalado la posible postulación del gobernador Sergio Casas a un nuevo período de gestión. Interpretarlo de otra manera constituye un acto violatorio de la legalidad local.

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