Sapag, Pereyra, radicales y el estado de sospecha en negocios energéticos

La hermosa casa que el ex gobernador neuquino Jorge Sapag construyó a orillas del Nahuel Huapi está a sólo 6 metros de la costa, cuando la legislación local impide hacerlo a menos de 35. Pero el líder del Movimiento Popular Neuquino no tuvo pruritos en cometer esa travesura ante los ojos de todos, lo que alienta a imaginar qué otras transgresiones podría bajo discreción.

Esto no significa que la reciente revelación del diario El País sea incuestionable, pero sí que puede caer en terreno fértil para quienes conocen las picardías del otrora mandatario provincial. Según el diario español, el hombre del MPN intentó abrir cuentas en la Banca de Andorra para depositar u$s 5 millones de comisiones y regalías originadas por las renegociaciones de contratos petroleros en la región. Para la entidad financiera fue casi una confesión de parte de eventuales sobornos y bloqueó el pedido para él y su ex ministro energético, Guillermo Coco.

Aún no hay delito comprobado pero sí un escenario minado de tentaciones para un político con poder. Como dueña del recurso, la provincia otorga licencias de explotación de hidrocarburos y prorroga los contratos con las petroleras, generalmente ávidas de esa extensión y muy dispuestas a hacer concesiones para conseguirlos.

Según está documentado, las empresas se comprometieron a pagar más regalías o cánones especiales por conservar esos permisos. La pregunta surge naturalmente: ¿Habrá también algo fuera de los registros, tal como presume la información publicada por El País?

El senador del mismo partido local y titular del sindicato que nuclea a los petroleros neuquinos, Guillermo Pereyra, salió en defensa pública de Sapag. "Nunca ha demostrado ser un hombre que esté en este tipo de cosas", sentenció. Loable intento de defender la honra de quien fue su interlocutor por años y luego, per sé o a través de Coco, habría devenido en un rival por un lucrativo negocio accesorio al petrolero.

La legislación neuquina obligó a sustituir las bandejas metálicas de contención a los derrames de crudo alrededor de los pozos por mantas oleofílicas, en algún momento provistas casi en exclusividad por una empresa sindicada como de Pereyra, Real Work.

La industria despotrica contra esos cobertores rellenos de plumas de pollo porque le añadió un sobrecosto molesto. Tanto que a través de AESA, YPF ya las fabrica por sus propios medios. En la troupe de proveedores hay otra firma que en el mercado se descuenta asociada a Sapag-Coco. Datos vox pópuli entre los petroleros aunque en sí mismos no son incriminatorios.

Lo que parece estar fuera de duda es la eficacia de las mantas, que se promocionan como ignífugas pero se calcinan sin problema y cuyo fin de proteger el ambiente deviene abstracto: en lugar de ser depuradas luego de su uso, se suelen acumular a las afueras de las áreas en producción o se queman a cielo abierto, con el consiguiente daño a la atmósfera.

Sin embargo, la trama de normas provinciales que las exigen, empresas que las venden a veces a precios superiores a sus costos, y productoras que los pagan, quizás para no perder otras prerrogativas, parece bien consolidado. Y van.

Hay otras circunstancias vidriosas en el área energética, que adquieren un peso relativo aún mayor, ya que la sospecha se genera en allegados al propio gobierno nacional.

La oposición de una parte de la Unión Cívica Radical a la venta de las acciones de Transener en manos del Estado tiene también un costado opaco. Liderados por Jorge Lapeña, los radicales críticos se aferran a esos títulos con el argumento de que la principal transportadora eléctrica del país tiene un valor estratégico. Hasta aquí, un tema políticamente debatible.

Pero también aseguran que hay funcionarios de la Nación en ejercicio que estarían alentando esa operación con el presunto fin de favorecer a Pampa Energía, socia del Estado en aquella firma y supuesta interesada a comprar esos títulos.

La nota de oposición que un grupo de radicales envió a Juan José Aranguren el 8 de enero con la firma del titular del bloque de Cambiemos, Mario Negri, sugiere que el subsecretario de gestión administrativa y ex directivo de Pampa, Marcelo Blanco, influenció para articular esa operación supuestamente inconveniente para el interés público. Otros correligionarios sostienen que el director de Enarsa, José María Zuliani, fue el que redactó la respuesta del ministro a los radicales defendiendo esa privatización. Casualmente, también revistó en las filas de Pampa.

Las graves conjeturas sobre tráfico de influencias pueden ser erróneas. Pero el fuego amigo es real y proviene de socios electorales con los que el macrismo comparte algunas responsabilidades de gestión, lo que obliga a prestarle oídos. Lo peor es que ni este entredicho en la Nación ni el estado de sospecha en el Sur altera a la opinión pública, indiferente o distraída. O se naturalizaron los vicios o la preocupación excluyente es la inflación indomable, en parte fogoneada por las subas de combustibles y tarifas energéticas.

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