SAS: Queriendo el control

En el proyecto que aprobó el Senados y debe tratar Diputados subyace un prejuicio ideológico. Burocratiza una figura ágil y económica y levanta un muro a los emprendedores.

Desde febrero, la IGJ dedicó un tercio de sus resoluciones generales a regular las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), contrariando la ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor. Ante un amparo que las ataca, se presentó un proyecto para convertir esas disposiciones en ley de fondo. Días atrás el Senado lo aprobó solo con el voto del oficialismo y sus aliados, destruyendo el consenso que en 2017 logró esa ley votada por unanimidad. Como una Ley del Talión vindicativa contra el “período macrista , el proyecto aprobado tiene una consecuencia segura: terminará perjudicando al ecosistema emprendedor. Pero además:

  • Burocratiza una figura ágil, imponiendo costos onerosos que desvirtúan su esencia
  • Obliga a ser Pyme y registrarse para constituir una SAS y, a medida que evolucionan y crecen, las obliga a transformarse en SA
  • En algunos casos las asimila a la complejidad y costo de una SA. En otros, agrega mayores obligaciones que a una SRL, como la presentación de balances.
  • Pretende legislar de fondo, atentando contra la competencia de las provincias en materia de registros y organismos de control societario.

Subyace un prejuicio ideológico que no entiende la dinámica de los negocios ni que la evolución de un emprendimiento puede llevarlo a caminos distintos al inicial cuando se cuestiona la amplitud del objeto social y se lo quiere limitar. Al poner en tela de juicio el bajo capital con el cual se constituyen, se ignora que la verdadera garantía para terceros es el patrimonio del emprendimiento, no la cifra de un libro contable. Lo mismo ocurre cuando se apunta a que estas sociedades son instrumentos que pueden favorecer actividades sospechosas, aunque los controles efectivos se realicen con información bancaria e impositiva y no con instrumentos jurídicos societarios.

Los fundamentos del proyecto acusan a las SAS de que fueron hechas para no tener controles, lo cual no es cierto: los que realiza la AFIP son más estrictos que la aspiración de la IGJ. Con este razonamiento, el regreso a los registros en papel se hace para permitir maniobras como la adulteración de los libros de Hotesur con corrector líquido, causa por la que fue sancionado el director de la IGJ como abogado de la familia Kirchner. La transparencia y seguridad que posibilitan los registros digitales basados en blockchain, sucumben ante la vulnerabilidad de los registros físicos.

Se mencionó el uso de SAS para adquirir inmuebles y la investigación de otras por lavado de activos. Esos casos, que no superan las 50 sobre más de 27.000, demuestran que se trata de reforzar controles ante casos puntuales -de existir delitos- y no de modificar una herramienta que se ha comprobado útil y necesaria. Nadie en su sano juicio pensaría suspender o prohibir el uso de cheques como instrumento de pago por los cheques “voladores o los librados sin fondos. No debe condenarse la herramienta, sino a quienes hacen un mal uso de la misma.

El emprendedor que se inicia necesita una figura ágil y económica para entrar al sistema. Es importante estar en la legalidad para ser objeto de inversiones y, así, poder desarrollar negocios escalables y replicables en otras geografías, de lo contrario, se lo fuerza hacia la informalidad.

Esta figura societaria más “amable es clave en el inicio de un emprendimiento para transitar hacia la constitución embrionaria de una empresa. En tiempos donde la palabra inclusión es tan utilizada, la suspensión de las SAS implicará todo lo contrario. Con esta ley se va a levantar un muro a todos aquellos que quieran emprender de cero y comenzar su vida productiva dentro de la formalidad.

Si un emprendedor quiere constituir una SAS sin recurrir a instituciones de capital emprendedor porque no lo necesita o porque quiere desarrollar su negocio sin inversionistas y cesión de acciones o simplemente porque quiere la agilidad del formato societario, ya no le será posible y deberá constituir una SA o SRL, más complejas y caras. Es como ponerle a un niño que comienza a dar sus primeros pasos un sobretodo de adulto.

Un senador oficialista dijo, durante el debate, que la tercera generación de Vicentin se enamoró del macrismo para explicar su situación. Entonces, el mito “la primera generación crea las empresas, la segunda las hereda y la tercera las funde , podemos aplicarlo al gobierno del presidente Fernández. Su administración es la tercera generación del proyecto político que inició Néstor Kirchner y hoy está destruyendo la buena herencia de esa presidencia en materia de Ley de Software/Economía del Conocimiento y tratamiento al ecosistema emprendedor.

Ahora está en manos de la Cámara de Diputados de la Nación evitar que el derecho societario se transforme en un campo de batalla donde se diriman los ajustes de cuenta de actuales funcionarios y dirigentes políticos con el gobierno que los antecedió. Esperamos que sepan advertir a tiempo este dislate y eviten el perjuicio a los emprendedores actuales y potenciales.

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