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Rumbo a la cooperación y normalización energética

JUAN BOSCH Presidente de SAESA

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Rumbo a la cooperación y normalización energética

La resolución 8/2017 del Ministerio de Energía de la Nación que estableció un procedimiento para autorizar exportaciones de gas natural, reavivó un antiguo debate. Algunos sugieren que esto implicaría volver al esquema de ‘los 90s’ que, según su visión, puso en riesgo el abastecimiento de gas a los argentinos. Otros consideran que aquella política fue acertada y que el desabastecimiento lo produjo la equivocada regulación económica energética a partir de 2004.

El debate sobre ‘soberanía energética’, ‘autoabastecimiento’ e ‘integración’ es, sin dudas, apasionante. Y además muy necesario en el marco de los esfuerzos que está haciendo el país por desarrollar energías renovables así como la producción de gas natural convencional y no convencional.
Desde hace decenas de años existen intercambios energéticos entre Argentina y sus países vecinos, en forma de energía eléctrica, gas natural, combustibles líquidos y LNG.
Me inclino por la razonabilidad del paradigma de la integración y cooperación energética, sin desmedro alguno de la soberanía nacional.

De este debate emerge el asunto del rol del Estado y de las empresas. Aún hoy, en el mercado energético la enorme mayoría de los negocios han quedado con el Estado Nacional como contraparte. Importar, producir o comercializar electricidad, gas natural, gas natural líquido o combustibles para producir energía se transformó en una actividad ‘pseudo-estatizada’, dominada por entidades públicas o semi públicas que actúan bajo instrucciones regulatorias. Nada más alejado de un mercado transparente y competitivo con pluralidad de actores que prevén los marcos normativos vigentes.
Se advierte un consenso general en volver a la plena aplicación de las leyes 24.076 y 24.065, con sus mercados abiertos, transparentes y competitivos y entes reguladores fuertes e idóneos. Pero la realidad muestra que aún hoy tenemos un buen camino que andar.

Como primer paso, sería deseable cambiar el paradigma según el cual unos pocos funcionarios o agentes toman decisiones económicas de largo y mediano plazo cuyos costos, beneficios, riesgos, aciertos y errores serían transferidos a las empresas privadas que no los negociaron ni firmaron.

Es necesario devolver gradualmente a grandes usuarios y distribuidoras el derecho a elegir su proveedor y negociar libremente los términos de ese suministro. También activar los mecanismos de generación distribuida y auto gestión de la demanda por parte de los consumidores. Dar espacio para que cada agente asuma sus propias decisiones económicas, sin estar obligados o ‘heredar’ contratos negociados y firmados por terceros.

El sistema energético llegó al 2015 sumido en una crisis muy seria, luego de haber sido un modelo de ejemplo en otros países. Volver a la plena vigencia de la ley –con las eventuales adaptaciones y gradualismos que la realidad exija– es una de las cuestiones que también debemos debatir para normalizar el sector.