Regreso al mal que se buscó evitar: más peso en la mochila del Estado

El Gobierno le agregó ayer un nuevo requisito a las condiciones que debe cumplir el segundo semestre para satisfacer las necesidades de la economía: que sea más templado que el del 2015. La solución que adoptó para moderar los reclamos judiciales y de los distintos sectores sociales por el fuerte incremento que tuvo la tarifa del gas, fue poner un tope de 400% a la factura y cargar el resto de la cuenta, una vez más, a las espaldas del Estado. La medida se calculará sobre el valor final pagado por cada usuario el año pasado (impuesto incluido), independientemente de lo consumido este invierno.

En otras palabras, el nuevo esquema dejó liberado el consumo de este insumo escaso, ya que cualquiera sea el porcentaje que utilice un hogar en los próximos meses, lo máximo que abonará será un incremento de 400%. La diferencia con el costo real será subsidiada por el Estado.

El Gobierno remarcó su interés por proteger a los sectores más vulnerables, pero el nuevo esquema le da luz verde a los sectores altos a usar todo el gas que quieran sin pagar por el exceso, despilfarro que el propio Mauricio Macri criticó por la mañana.

Hasta ayer, los aumentos eran justificados en la necesidad de acotar la factura fiscal, ya que de lo contrario iban a acrecentar el déficit y a crear riesgo sobre la inflación. La salida adoptada pasa por alto esa restricción, así como la imposibilidad física de importar más fluido. El único objetivo que no resignó el Gobierno fue la tarifa inicial del gas inyectado a la red, que será revisada a partir de octubre pero actuará como punto de partida para 2017. Todo sea por aplacar el malhumor social y mantener las señales de inversión para las futuras inversiones en el sector petrolero.