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Reglamentar un derecho es constitucionalmente válido

FÉLIX V. LONIGRO Profesor de Derecho Constitucional UBA, UAI y UB

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Reglamentar un derecho es constitucionalmente válido

Si para algo sirve una Constitución es para conferir derechos y libertades a los habitantes, y como contrapartida, para limitar el poder de quienes conducen los destinos de un país. Pero la misma Constitución que nos asegura derechos, explícita o implícitamente, también nos advierte que esos derechos solo pueden ser ejercidos conforme a las leyes que los reglamentan. Significa entonces que la reglamentación o restricción de los derechos tiene fundamento constitucional.

Reglamentar un derecho significa ponerle límites a su ejercicio, y reducirlo a un ámbito más acotado. El objetivo de esa reglamentación es asegurar el orden en la convivencia social, para evitar que el ejercicio de los derechos por parte de unos, no interfiera en el ejercicio de derechos por parte de otros; ello sin perjuicio del acceso a la justicia que siempre tiene a su disposición quien, a pesar de la existencia de leyes reglamentarias, sufran la afectación en el ejercicio de algún derecho o libertad.

Ahora bien, así como la ley suprema contempla la posibilidad que los derechos sean limitados, también exige que esa reglamentación sea realizada por ley y en forma razonable, es decir, que no afecte o vulnere el derecho que está limitando.

El derecho de peticionar a las autoridades, cuya expresión más polémica se refleja en los cortes de rutas y calles, como cualquier otro, es susceptible de ser limitado por la ley, porque permitir que un grupo de individuos, sea cual sea el objetivo del reclamo, impida que otros puedan ejercer su derecho de circular (que suele estar conectado con el de trabajar, educar, aprender, o cualquier otro para cuyo ejercicio sea necesario trasladarse de un punto a otro), implica admitir el ejercicio de un derecho en forma abusiva. Pues un derecho es ejercido abusivamente cuando perjudica a terceros; y ni la Constitución ni el Código Civil no amparan el ejercicio abusivo de los derechos.

Ahora bien, si para limitar el ejercicio de un derecho se requiere la existencia de una ley, para impedir el abuso en el ejercicio de un derecho (como puede ser el de protestar cortando rutas o calles), la misma no es necesaria, por cuanto allí las autoridades, sin necesidad de que se expida una orden judicial, deben adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar, a todos los habitantes, el libre ejercicio de los derechos (aunque siempre dentro del marco legal que para ello se haya preestablecido).

No hay derechos más importantes que otros, porque jerarquizar derechos es una cuestión de alto contenido subjetivo, lo que obliga, frente a un conflicto de intereses, a analizar cada caso concreto.

La existencia de los Estados y del ordenamiento jurídico, tiene por objetivo garantizar el orden y la armonía social; por lo tanto, las autoridades (que forman parte de esa estructura estatal) deben hacer honor a dicho objetivo, para lo cual es indispensable que aseguren a todos el ejercicio de los derechos constitucionalmente consagrados. Al menos eso es lo que ocurre en las sociedades civilizadas.

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