Miércoles  11 de Marzo de 2020

Reforma laboral: hay que aprender de las experiencias exitosas

Reforma laboral: hay que aprender de las experiencias exitosas

Cuando se habla de litigiosidad laboral, suele asociarse al peligro que significa sobre todo para las PyMes, ya que un juicio puede ponerlas al borde de la quiebra. Eso hace que, en la Argentina, estas empresas que usualmente suelen usar relativamente más mano de obra que capital, busquen automatizarse lo más posible para reducir la cantidad de empleados. Lo notable es que acá el financiamiento es caro y hay excedente de mano de obra (Desempleo III Trimestre, 9,7%).

Es necesario una reforma de la legislación laboral que preserve los derechos de los trabajadores; pero que no incentive la “industria del juicio”. De otro modo, lo que terminará sucediendo es que la gran mayoría de empleos se verán menoscabados. Un empleado que está en blanco, cobra lo que produce menos los costos laborales extra salariales (entre ellos las previsiones por futuros juicios). Por ende, cuanto más alta la litigiosidad, menos podrá pagarle el empresario y percibirá un salario notablemente inferior. Además se crearán menos puestos, perjudicando a los que no tienen trabajo o a los informales que no podrán tener uno en blanco. ¿Quiénes se benefician? Algunos malos empleados y sus “vivos” abogados que mal utilizan los vericuetos legales para sacar rédito propio.

Para resolver este problema, podemos buscar ejemplos en los países desarrollados, en donde difícilmente alguien pueda decir que no se protege a los empleados. En Argentina, si tomamos los últimos 20 años y elegimos uno cualquiera de ellos, más del 40% (y en algunos años más del 50%) de los trabajadores estaban desempleados o en la informalidad o con un seguro de desocupación disfrazado de empleo público o plan asistencial. Durante ese período hubo gobiernos de distintos colores y períodos de gran crecimiento, lo único que no varió es la legislación laboral, que siempre desincentivó la creación de puestos productivos. O sea, genera la peor de las exclusiones.

Una muestra de los beneficios derivados para todas las partes de las reformas laborales es la que se hizo en 2017 con la Ley de Accidentes de Trabajo acordada en su momento por gremios, empresarios, aseguradoras y legisladores (Ley 27.348/2017). La adopción de un Baremo o Tabla de medición de incapacidades y la creación de Comisiones Médicas para dar rápida respuesta al trabajador siniestrado generó una rápida baja de juicios. Con un nivel de satisfacción destacable, tanto por parte de empleadores como de empleados, el sistema de ART incentivó una baja de la litigiosidad en las provincias adheridas.  Así recursos que antes se malgastaban en juicios sin sustento, colapsando el sistema judicial, activaron un círculo virtuoso en el que el sistema laboral tendió a una mayor competitividad generando un ahorro de costos extrasalariales que puede permitir a los empresarios mejorar salarios y/o generar empleo.

gráfico de juicios por accidentes de trabajo

En el gráfico, se observa una disminución abrupta de juicios por accidentes de trabajo entre 2017 y 2019, que pasaron a estar en sintonía con una baja de los siniestros que ya se observaba desde 2008 (cantidades anuales). Lamentablemente, en los últimos meses del año pasado se verificó una reversión de esta tendencia a la merma de los litigios. La misma tendría como origen no solamente un boom de juicios en las provincias que no adhirieron a la ley 27.348 (ej. Prov. de Santa Fe), sino también un recoveco legal que quedó abierto por la falta de aplicación del total de la norma sancionada hace más de dos años.

Mientras algunos juzgados no respeten la tabla para determinar el daño (Baremo) y los peritos médicos sigan cobrando en función del monto que se lleva el empleado que litiga, existirá un incentivo perverso para sobre-estimar el daño (por ejemplo, aduciendo daño psicológico en un esguince). ¿Cómo se soluciona esto? Implementando lo que la ley manda, que es la constitución del Cuerpo Médico Forense, integrado por peritos que no cobran según el monto de la sentencia, sino por acto médico. De esta forma, desaparecen los malos estímulos. Esperemos que la Justicia implemente rápidamente su creación para cerrar esta puerta a la corrupción que todos queremos desterrar de la Argentina.

(*) Economista y director de la Fundación “Libertad y Progreso”

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