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Reforma Política: la Justicia Electoral debe determinar qué tecnología usar y controlar

ALEJANDRO TULLIO Abogado, consultor internacional y Profesor de Derecho Electoral

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Reforma Política: la Justicia Electoral debe determinar qué tecnología usar y controlar

Un proyecto legislativo en materia electoral requiere para ser aprobado la mitad mas uno de los votos del total de los legisladores de cada Cámara. En Diputados, donde está tramitando la Reforma Electoral impulsada por el Gobierno, eso significa ciento veintinueve votos.

Lograrlo en el presente contexto requiere voluntad negociadora y ello dará lugar a modificaciones por motivos políticos. Las primeras manifestaciones en el plenario de Comisiones hacen creer que serán necesarios cambios que permitan obtener apoyos.

También es una oportunidad para introducir mejoras respecto de aquellos aspectos más cuestionados del proyecto, como el sistema de emisión de sufragio con boleta electrónica que resulta ser la apuesta central del Gobierno.

Por ello resulta importante que, si toda la energía del oficialismo se va a poner en este delicado componente del sistema electoral, se haga de la mejor manera posible y ello exige legislar con mayor detalle sobre la determinación de la tecnología a aplicar y sus controles.

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo provee los dispositivos de votación y limita la participación de la Justicia Nacional Electoral a la homologación de las soluciones provistas, una vez escuchados los partidos políticos a los que se dará acceso al software y el hardware por breve lapso. Ello resulta insuficiente. La ley debe expresar quién determina la tecnología a utilizar, en forma previa a su provisión, y quién aprueba su aplicación en cada distrito.

Debe encomendarse a la Justicia Nacional Electoral la elaboración de los criterios técnicos previos, a los que deberá ajustarse la provisión de hardware y software por parte del Poder Ejecutivo de la Nación. Y digo provisión porque que el sistema lo desarrolle el Estado o se contrate a una empresa nacional o extranjera es una decisión instrumental.

Esto implica una reingeniería de las funciones de la Justicia Electoral, para dotarse de lo necesario para llevar adelante estas delicadas tareas. No se trata solo de presupuesto -aunque el Presidente de la Cámara Electoral lo recuerde en cada oportunidad- sino incorporar profesionales, dotarse de capacidades técnicas y de procedimientos capaces de enfrentar la complejidad y criticidad.

Será necesaria la convocatoria por parte de la Cámara Nacional Electoral a una comisión técnica independiente de expertos propuestos por universidades con carreras de tecnología y estudios electorales, la Dirección Nacional Electoral y la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información, la que producirá un dictamen que auxilie a la Cámara Electoral para determinar esos criterios de base para la automatización del proceso electoral y en las auditorías posteriores.

Dichos criterios constituirán el contenido del pliego técnico de la contratación o del proyecto de desarrollo de que se trate, y la base de las auditorias previas a la autorización para el uso de las soluciones a aplicar.
En lo referido a las auditorías, las mismas deben correr en paralelo y ser llevadas a cabo por la Cámara Nacional Electoral y los partidos políticos. Asimismo resulta evidente que parte de la sociedad civil tiene legítimo interés en la seguridad del sistema y se debe abrir una instancia de auditoría participativa por parte de entidades no partidarias interesadas que, al efecto, se inscriban en un registro al efecto.

Los partidos políticos y las entidades interesadas deberían contar al menos con 60 días para formular observaciones, las que serán verificadas técnicamente y resueltas por la Justicia Electoral dentro de los 30 días de vencido dicho plazo.

Cumplidos estos recaudos la Cámara Nacional Electoral estará en condiciones de aprobar el sistema y autorizar su utilización. La finalización de este procedimiento en sede judicial debe hacerse de modo que si la valoración resulta negativa, se pueda implementar un proceso electoral por métodos alternativos al sistema de emisión de sufragio con boleta electrónica.

En lo relacionado con minimizar las vulnerabilidades del sistema, el legislador debe resolver la omisión respecto de la transmisión lde os datos desde cada establecimiento de votación, estableciendo que las redes de comunicación deben ser estatales, seguras y dedicadas y, en este sentido, así como la totalidad de la logística se mantiene bajo la responsabilidad del Correo Oficial, lo mismo deben hacerse respecto de la transmisión de datos.

Sin perjuicio de estos señalamientos, es necesario tomar conciencia que el éxito no consiste en aplicar ‘a todo costa’ el sistema automatizado en todo el país, sino hacerlo de manera eficiente y eficaz, por lo que la gradualidad -a menos de un año de la fecha de las PASO- se convierte en un ejercicio responsable de la función del Estado.

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