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Reflexiones sobre la problemática fiscal

La evolución de la recaudación fiscal puede haber generado cierta expectativa mayor en algún momento, pero justo es reconocer que nada indica que no se esté muy cerca de cumplir la meta establecida por la ley de presupuesto aprobada para este año.

A esta altura pierde relevancia focalizar sobre cuestiones de mera coyuntura, sino que se requiere de una visión de mayor alcance.

Las políticas fiscales empleadas en estos últimos años han dejado al sistema maniatado, y por donde se lo mire evidencia su sesgo regresivo que daña a los que menos tienen y en nada favorece a la competitividad del país en el exterior.
No parece ser una cuestión de subir o bajar impuestos, intentando encontrar soluciones mágicas.

Aunque podamos coincidir en que lo ideal sería recibir un aluvión de inversiones, lo cierto es que es esperable pronosticar, en la lógica actual, un incremento en el endeudamiento público para acompañar los cambios que hacen falta.

Si bien el impuesto a las Ganancias está muy atado a lo que pase con la inflación, no es menos cierto que no puede continuar sin su debida progresividad para los trabajadores, ni carcomiendo capital de trabajo a las empresas, al gravar ganancias inexistentes.

En cuanto a los impuestos indirectos, resultan más dañosos que el IVA los gravámenes provinciales, como el impuesto sobre los ingresos brutos, con tasas generalizadamente altas.
Ellos se acumulan "en cascada" con el reconocido efecto piramidación, que nada bien hace a la formación de precios, ni al propio erario.

Repasando la materia de seguridad social, llama a reflexionar que de un total de 565 mil empleadores inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sólo algo más de 35 mil declaran contar con una nómina superior a los 25 empleados.
Esto significa que 530 mil empleadores (el 94% del total) contribuyen con 17 puntos porcentuales del total recaudado por este concepto, quedando el resto en manos de esas 35 mil empresas.

En otras palabras, llevándolo al extremo, si se eximieran a los 530 mil empleadores de pagar sus contribuciones patronales, ello representaría algo más de u$s 200 millones mensuales, una cifra de poca escala frente a la recaudación total esperada para este año (alrededor de u$s 120 mil millones).

Finalmente, advirtiendo lo prioritario de este último tema en cualquier proyecto de reforma a encarar, debieran combinarse sin medias tintas los esfuerzos de la Nación con los de los gobiernos provinciales.

Es que a la problemática de los impuestos sobre los ingresos brutos que espanta, también se le suma la necesidad de corregir de una vez por todas las distorsiones de la ley de coparticipación federal de impuestos, que injustamente perjudica a las provincias de economías importantes y con grandes urbes, y en las que casualmente mayores recursos se requieren no sólo para apuntalar el crecimiento nacional sino también para combatir con relativa expectativa de éxito sus gravísimos flagelos sociales.

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Comentarios1
Horacio Ibáñez
Horacio Ibáñez 26/10/2016 11:56:31

La Constitución debería prohibir toda retención sobre fondos que no cuente con la expresa autorización del titular u orden judicial.