Recuperar la confianza con nuevas promesas y la tasa por las nubes

El Gobierno empezó el segundo semestre con una mezcla de estupor y confusión. Ni el rápido acuerdo con el FMI, ni la llegada de los primeros u$s 15.000 millones del crédito stand by, ni el ascenso de la Argentina a la categoría de mercado emergente produjeron el efecto que esperaban.

Ante el fracaso de los importantes respaldos internacionales obtenidos para revertir las expectativas y el malhumor de los mercados, y la falta de respuesta a las medidas de corte técnico, como las intervenciones cambiarias y la suba de tasas, en algunas áreas del gobierno comenzaron a admitir, quizás algo tardíamente, que hay que encontrar otra explicación para la persistencia de la corrida, distinta a la del cambio de contexto en los mercados internacionales, la suba de la tasa de interés en los EE.UU. y el reflujo de capitales de los mercados emergentes.

Así, por un lado, admitieron que existía un deterioro de la confianza en la gestión de Gobierno y la consiguiente necesidad de recomponer credibilidad. Desde lo político, se diagnosticó que la causa de la desconfianza residía en dos aspectos:

1) La duda respecto de la capacidad y las posibilidades del Ejecutivo para conseguir apoyo de la oposición para lograr los recortes de gasto y déficit comprometidos en la carta de intención con el FMI; y

2) la espada de Damocles que para los inversores significaba el déficit de la cuenta corriente del Balance de Pagos, y que agitaba el fantasma de un probable default.

A la primera, se respondió con el reaseguro presidencial y del ministro Jefe de Gabinete, Marcos Peña, de que la decisión de reducir el déficit era irreversible y la reiteración de la promesa de que esta vez sí se cumplirá. A la segunda, le hizo frente el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne: aseguró en un conference call a los fondos de inversión de Wall Street, que la Argentina no necesitará recurrir a los mercados internacionales para colocar deuda hasta 2020; que el país tiene prácticamente cubierto el financiamiento para este año y que el próximo buscará fondos en el mercado local y en moneda nacional, por el equivalente a unos u$s 8000 millones.

Claro que a esos mismos administradores también les había asegurado que no se aplicará ningún impuesto a los viajes al exterior. Duró poco, ya que al día siguiente su par de Transporte, Guillermo Dietrich admitió la posibilidad de poner un gravamen a los pasajes, que ratificó Peña, aceptando que era una medida en estudio. La contradicción entre los funcionarios regeneró las dudas. ¿No era que Dujovne cumpliría el rol de coordinador de las áreas económicas? Finalmente el titular de Hacienda terminó desautorizando al Jefe de Gabinete. Desinteligencias y falta de comunicación en el poder para una iniciativa que, por más descabellada que sea, estuvo sobre la mesa.

Esto inevitablemente relativizó el valor de las reiteradas promesas de recorte de déficit y subsidios. Que, por otra parte, no dependen exclusivamente de Hacienda en particular, ni del Ejecutivo en general.

Para plasmar en el Presupuesto 2019 los recortes acordados con el Fondo, hace falta la adhesión de los Gobernadores, que como moneda de cambio exigen dar por caído el Pacto Fiscal firmado a fin del año pasado y que, fundamentalmente, los obligaba a sacrificar el impuesto a los Ingresos Brutos, una de las principales fuentes financieras de las administraciones provinciales.

Tampoco convence a los gobernadores la sustitución de la obra pública nacional por los proyectos de participación público-privada (PPP). Y, a grandes rasgos, lo que piden a cambio de facilitar el trámite legislativo del Presupuesto es que el ajuste lo haga principalmente el Gobierno Nacional y las dos principales jurisdicciones de Cambiemos: la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

No es menor la necesidad de contar con el respaldo de la oposición. Para ello, se iniciaron los contactos con algunas figuras del peronismo razonable. El obstáculo que están encontrando los interlocutores políticos del Gobierno para conseguir ese apoyo es que, debido a la falta de resultados positivos en la gestión desde que el oficialismo ganó las legislativas en octubre pasado, la imagen de Macri y de su Gobierno viene experimentando un continuo deterioro. Sobre todo, en la percepción de la capacidad para resolver problemas en el futuro.

La caída del Gobierno en las encuestas alimenta en la oposición la idea de una oportunidad en las presidenciales de 2019. Ya no hay, fuera de los ultra oficialistas, quien asegure que la reelección de Cambiemos vaya a ser un trámite el año próximo.

Parece difícil que el gobierno de Macri pueda conseguir restaurar la confianza de este modo. Varios interrogantes surgen en este sentido.

¿Alcanzará con poner en cifras las metas de déficit e inflación en el Presupuesto y conseguir la aprobación parlamentaria? ¿Qué garantía hay de que se cumplirán a la hora de la ejecución? ¿Pasará el trámite legislativo la prometida reforma a la Carta Orgánica del BCRA? ¿Y la designación de Caputo y el nuevo directorio por el Senado?

¿Quién asegura que el país no necesitará recurrir a los mercados internacionales el año próximo? Porque si la inflación no cede y persisten los índices superiores a 3,5% mensual, es probable que en septiembre, cuando en FMI haga la primera revisión del acuerdo, se habrá superado el valor tope de 29% o alcanzado el crítico de 32% que hace caer el programa. (El REM de julio mostró una inflación de 30% para 2018). Un fracaso en este examen puede complicar el desembolso del primer tramo trimestral del crédito, si el directorio no concediera el necesario waiver (perdón).

Asumiendo que la desconfianza haya sido producto de esos factores, parece claro que los intentos oficiales por restañarla no estarían resultando del todo convincentes. La volatilidad sigue afectando a bonos y acciones. Hay rebotes esporádicos y hasta ahora efímeros, que generan entusiasmo un tanto exagerado entre quienes ansían ver un repunte en sus carteras. Por el momento son apenas el resultado de compras de oportunidad por parte del smart Money.

¿Será que hace falta ensayar nuevas respuestas? Quizás. Por lo pronto, lo único que hasta cierto punto está dando resultados es el ataque a la crisis cambiaria por el costado técnico, con medidas aisladas en el campo monetario.

Dujovne aseguró que no habrá intervención oficial en el mercado cambiario, más allá de los u$s 100 millones diarios que el BCRA venderá por cuenta de Hacienda. Dijo a los interlocutores del conference call que los montos aumentados en la última semana de junio fueron una excepción.

Muy probablemente sea cierto. Sus declaraciones fueron posteriores a la ronda de consultas telefónicas efectuadas durante el fin de semana previo con funcionarios del Fondo. Se les solicitó una modificación en la carta de intención para que el Central pueda intervenir en el mercado con las reservas. Solo habrían dado la venia para endurecer las condiciones monetarias y aumentar las tasas de interés. Subirlas, ¿hasta qué nivel? Al que sea necesario. Sin importar el costo que represente para la economía real.

La prioridad del Gobierno pasa por aventar la tensión cambiaria y recuperar la confianza. La clave para lograrlo pasa por tener un diagnóstico preciso y acertado. Las medidas pueden ser adecuadas, pero pierden eficacia o resultan estériles cuando son aplicadas por funcionarios cuya credibilidad está cuestionada. O cuando son instrumentadas aisladamente, fuera del marco de un plan de estabilización macroeconómico integral.

En el mejor de los casos quedarán en el camino la actividad, el crecimiento y el empleo, con una inflación peligrosamente fuera de control. Un escenario complicado para las vísperas de un año en que Cambiemos se juega la reelección y donde lo económico influirá considerablemente en el ánimo del electorado.

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