Sábado  25 de Noviembre de 2017

Qué hará el Congreso con el acuerdo fiscal del Gobierno y Gobernadores

Ahora la pelota la tiene el Congreso, que será el que en definitiva determine los cambios que regirán para los próximos años. Cuando se discuta sobre cuestiones económicas existe una puja de intereses.

Qué hará el Congreso con el acuerdo fiscal del Gobierno y Gobernadores

Durante la semana pasada, el Congreso recibió el texto del Consenso Fiscal que refleja el acuerdo celebrado el 16 de noviembre por el gobierno y las provincias (con excepción de San Luis), vinculado con cuestiones que indudablemente modificarán la distribución del ingreso a futuro. Por otro lado, la Cámara de Diputados sancionó y giró la Senado el proyecto de ley de mercado de capitales, que tiene el objetivo teórico de otorgar ayuda financiera para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Estos proyectos se suman a otros que ya se encuentran en el recinto parlamentario, como el proyecto de reforma tributaria, el laboral y el de los cambios previsionales.

Ahora la pelota la tiene el Congreso, que será el que en definitiva determine los cambios que regirán para los próximos años. Cuando se discute sobre cuestiones económicas existe una puja de intereses, porque algunos dejan de pagar mientras que otros pagarán más para que el efecto final de las reformas sea neutro; o sea, no signifique una reducción de la recaudación tributaria en este escenario que vive el país de déficit fiscal. La matriz de las reformas muestra que habrá más carga para los jubilados, mientras que para los contribuyentes individuales (trabajadores y autónomos) habrá pocos o no existirán beneficios. Sin dudas las mayores ventajas serán para las empresas, sin distinción entre las que son pequeñas y grandes. 

Los puntos más importantes de estos proyectos son los siguientes: 

1-Se ratificó el compromiso de las provincias para bajar el impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos por 1.5% del PBI en los próximos cinco años. La idea sería extender lo que se dispuso en las modificaciones de las leyes tarifarías, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, en donde se propuso reducir esos tributos compensándolos con incrementos en los impuestos inmobiliarios y de alumbrado, barrido y limpieza (ABL), para recuperar la pérdida de la recaudación. En la Ciudad se propone un incremento para el año que viene, en promedio, del 20% en el ABL, mientras que en Buenos Aires la idea sería aumentar un 56% las partidas urbanas y un 50% las de los inmuebles rurales; la idea sería llevarlos paulatinamente a los valores de mercado, lo que impactará de “carambola” en Bienes Personales. Por otro lado, el gobierno desea que se eliminen las aduanas internas de ingresos brutos, tal como lo pidió la Corte en sus fallos, representado en la sobretasa que se aplica a los productos que tienen origen en otra jurisdicción. Además, se incrementan los montos de facturación anual para que las industrias puedan mantener la exención de Ingresos Brutos. Ya dieron el puntapié inicial de estas medidas tres jurisdicciones: Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Esto trae reminiscencias de aquel pacto fiscal que se firmó en la década de los 90, con reducciones impositivas en los impuestos provinciales y compromisos asumidos por las diferentes jurisdicciones, con la idea de mejorar la “competitividad” de la economía. Por el lado del gasto, se ratificó el compromiso para aprobar y adherir al proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo, por el cual las provincias mantendrán su gasto constante en términos reales durante los próximos años. Igual medida se sugiere a los Municipios para que adopten medidas de responsabilidad fiscal, poniéndose el ojo en los gastos.

2-Se acuerda derogar el artículo 104, de la ley del Impuesto a las Ganancias, que es el que establece que el 10% de lo recaudado por este tributo debe ser destinado a Buenos Aires, con un tope de 650 millones de pesos. Asimismo, la provincia recibirá 40 mil millones de pesos en 2018 y 65 mil millones en 2019 con el compromiso de retirar su demanda judicial por el acuerdo del Fondo del Conurbano.  Las provincias desistirán de las demandas, lo que implica una suma de 340 mil millones de pesos para las jurisdicciones y 400 mil millones de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano.

3-Se modifica el destino de lo que se recaude por el proyecto de Ley de Revalúo Impositivo, que en vez de ir a la ANSES, de aprobarse, será coparticipado. Este proyecto que es cuestionado porque permite acceder a un derecho, pero pagando previamente un impuesto discrecional. De esta forma, a la inflación que no fue reconocida en los últimos 15 años, se podrá acceder sólo para determinados bienes (excepto bienes de cambio) pagando un impuesto que irá del 5 al 15% y debiendo antes renunciar a poder realizar algún reclamo judicial futuro relacionado con el reconocimiento de la inflación. Por otro lado, el Impuesto al Cheque, que vence a fin de año, se lo propone renovar por dos años más, destinando el 100% de su recaudación a favor de la ANSES (actualmente el 70% se lo queda el Estado Nacional y el 30% se coparticipa)

4-En cuanto a las jubilaciones, se acordó modificar el régimen previsional, tal como lo expresa la ley de reparación histórica; también, enviar un proyecto al Congreso para modificar la movilidad previsional, pasándose de la fórmula actual a que los haberes se actualicen trimestralmente considerando la inflación más un porcentaje adicional por el crecimiento del PBI o con la influencia de un índice que mide la evolución de los salarios (RIPTE). Si bien en todos los años no se repite el mismo resultado, para el año que viene se prevé que esta modificación produzca que el ajuste previsional sea notablemente inferior al que debía haber sido si se hubiera aplicado la fórmula actual. Asimismo, se acordó garantizar que las jubilaciones sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil, que en enero irá a $ 9.500 y en julio del 2018 llegará a $ 10.000. Por otro lado, se propone eliminar las jubilaciones de privilegio; en este punto sería importante que se diferencien las que son de privilegio y las especiales que están condicionadas por las tareas insalubres que se realizan. Por último, el Gobierno Nacional se comprometió a financiar el déficit originado en  las Cajas Provinciales que no fueron transferidas.

En estos días tuvo media sanción en diputados, y pasó a Senado, la ley de Mercado de capitales, que tiene como objetivo otorgar más financiación para las MyPyMEs. En uno de sus puntos se prevé implementar las “facturas de crédito electrónicas” en todas las operaciones comerciales en las que una micro, pequeña o mediana empresa estén obligadas a emitir comprobantes electrónicos originales (factura o recibo) a una empresa grande, conforme las reglamentaciones de la AFIP. Esta medida ya había sido tomada en el año 2002, incluso actualmente se encuentra vigente la reglamentación de la AFIP (RG 1303), obligando a la emisión de la factura de crédito (que no reemplaza a la fiscal) cuando el plazo de pago de la operación sea mayor de 30 días; sin embargo, con esta medida no se produjo el pretendido beneficio para las Pymes, quedando sólo una pesada carga administrativa que debieron cumplir.

Ahora quedará por ver lo que sucede en el Congreso antes que finalice el año, después de este pacto o consenso firmado entre el gobierno con  los gobernadores, si será receptado tal como viene por los legisladores y de esta manera se aprueben todos los proyectos que envió el Ejecutivo, incluidas la reforma tributaria, laboral y previsional; o si en cambio, se realicen modificaciones a lo que el Ejecutivo propone.

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