Sábado  28 de Diciembre de 2019

Punto por punto: qué cuestiones tributarias restan definir tras la sanción de la ley de Emergencia

Aún se aguarda la reglamentación de varios puntos de la norma de parte del Poder Ejecutivo y de distintos organismos, como AFIP. Algunos son trascendentes, porque definen cuestiones que aún no están cerradas sobre personas y empresas.

Punto por punto: qué cuestiones tributarias restan definir tras la sanción de la ley de Emergencia

El último lunes el Gobierno promulgó la ley de Emergencia - formalmente conocida como de Solidaridad y Reactivación Productiva- y mucho se habló en estos días del impuesto del 30% que comenzó a aplicarse -con ella- para la compra de divisa extranjera, ya sea para atesoramiento o pagos con tarjeta de débito y crédito en el exterior. Sin embargo, hay varias cuestiones tributarias de la norma que aún aguardan su reglamentación de parte del Poder Ejecutivo y de distintos organismos, entre ellos la AFIP.

Algunas de ellos son muy trascendentes porque deben resolver aspectos que aún no están cerrados. A continuación, el detalle de los puntos que aguardan definición:

  • Moratoria: es imprescindible que salga la reglamentación y los programas que seguramente funcionarán desde la página web de la AFIP, para que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (tramo I y II), que posean la inscripción como tales ante el organismo, y las que no estén inscriptas pero que lo podrán tramitar para calificar, puedan confeccionar los pagos de las deudas impositivas, previsionales y aduaneras, vencidas al 30 de noviembre. El pago de la primera cuota sería recién durante el mes de julio de 2020. El vencimiento de la moratoria es el 30 de abril, pero el tema urge porque a fin de año vence la suspensión de las medidas cautelares (embargos).  
  • IVA: la ley aprobó un reintegro con un valor a determinarse a favor de sectores de bajos recursos. También se crean estímulos para los comercios que deban instalar sistemas de pago para aceptar tarjetas de débito para obtener los reintegros prometidos. Al no figurar dentro del proyecto la prórroga de la tasa cero del IVA para los trece productos de la canasta básica, medida que fue aprobada por el gobierno anterior en agosto pasado, el beneficio caducará, lo que provocaría inexorablemente el aumento de los precios de esos productos. A partir de ahora la devolución estará diseccionada a los sectores de bajos recursos, pero el problema es la transición hasta que se implemente concretamente la nueva medida. Además, los comercios y los mayoristas tendrán que adecuar sus sistemas de facturación, para aplicar la nueva medida.
  • Cargas patronales: por un lado se deja sin efecto la unificación de alícuotas prevista por la reforma anterior, que iba camino al 19,50%. Se regresa al sistema anterior, con el 20,40% para los sectores de servicios y comercio, cuando las ventas totales anuales superen los valores de facturación establecidos para las Pymes ($ 48 millones). Para las que están por debajo de esos ingresos y para las otras actividades la contribución patronal de seguridad social que rige sería del 18%. Del importe de la contribución patronal abonada, los empleadores podrán computar un porcentaje como crédito de IVA técnico, como sucedía antes pero con menores porcentajes en cada zona. Se mantiene el mínimo no imponible para calcular las contribuciones patronales de $ 7003,68 por cada trabajador. Los empleadores que tenían el beneficio de cómputo completo, por haber sido definida su actividad dentro de la crisis económica, podrán seguir descontado por empleado $ 17.509.20, en la liquidación de las cargas sociales. Pero ahora estos importes dejarán de tener actualizaciones anuales. Adicionalmente, las empresas de hasta 25 empleados gozarán de una disminución de $ 10.000 mensuales que se aplicará sobre las contribuciones de seguridad social. Estas disminuciones no se aplican a las contribuciones con destino a las obras sociales ni a la ART.  La vigencia de la ley, según su artículo 87, es la fecha en que se publicó en el Boletín Oficial (23/12/19). De esta forma, al no haberse indicado una fecha determinada de vigencia de estas medidas de las cargas patronales, estarían rigiendo ya desde el mes de diciembre de 2019, salvo que la reglamentación disponga arbitrariamente otra fecha.
  • Ajuste por inflación: los cierres de ejercicio del mes de diciembre de 2019, que abarca a la mayoría de las empresas, tienen que ajustarse impositivamente pero con más limitaciones. El ajuste por inflación (ganancia o pérdida) sólo podrá computarse en una sexta parte, difiriendo las demás cuotas para los próximos cinco años, y sin actualización alguna. La tasa del Impuesto a las Ganancias que tienen que pagar las sociedades no se reduce al 25% en 2020, se mantiene durante ese año en el 30% y para el ejercicio que inicie el 1 de enero de 2021, como lo es actualmente. Los dividendos por los resultados del 2020 quedan gravados al 7%. Aumenta, hasta fin del 2020, la tasa de estadística por las importaciones pasando del 2,5% al 3%. En estos puntos no habría mucho que aclarar por parte de la reglamentación.
  • Bienes Personales: los cambios ya rigen desde el año 2019, que vence el 2020. Se mantiene el mínimo exento de 2 millones de pesos, también siguen la mismas pautas para la valuación de los bienes (incluyendo la exención de la vivienda única hasta 18 millones de pesos). Pero al valor que supere al mínimo, se le aplican las alícuotas del impuesto que regían en 2015: 0,50%; 0,75%; 1% y 1,25%, según tramos de la escala. Se faculta al Poder Ejecutivo a aumentar la tasa hasta el 2,50% para los bienes que se encuentran ubicados en el exterior. Esta tasa mayor se podrá reducir para los casos en que los activos financieros del exterior sean repatriados. En este último punto falta saber cuál será la alícuota definitiva y el porcentaje de beneficio por repatriar los bienes.  Los contribuyentes del exterior que posean bienes en el país tendrán que pagar el 0,50%, sin considerar mínimo exento. La misma tasa tendrá que ser pagada por las sociedades, por las participaciones de sus integrantes.  
  • Renta Financiera: existe una contradicción el la ley, que debería ser subsanada por la reglamentación. Por un lado se exime de Ganancias, modificándose el artículo 20 de la ley, a los rendimientos obtenidos por las personas humanas por los depósitos en plazo fijo, etc. Esta modificación estaría vigente desde el momento en que rige la ley (diciembre de 2019); sin embargo, por otro lado se deroga el impuesto cedular que funciona dentro de Ganancias de esos rendimientos, pero a partir del año 2020. En conclusión, a pesar que parezca que es desde el año que viene, no queda claramente definida la vigencia de la medida.
  • Impuesto al dólar: por cinco años, se creó un nuevo impuesto que tienen que pagar las personas humanas con la tasa del 30%. Los movimientos gravados son: la compra de moneda extranjera, los gastos de viajes fuera del país, las compras y los servicios del exterior. Este impuesto no podrá ser descontado de ningún otro tributo, ni tampoco solicitarse su devolución. La medida se aplica en las operaciones que se realizaron a partir de la vigencia ley. El tema es que la ley se publicó el día 23 de diciembre a las 17.30 y, antes de esa hora, muchas personas concretaron operaciones bancarias o de compra con tarjeta. En términos legales los días no se parten, rigen desde que comienzan, pero sin dudas las condiciones cambiaron en referencia al momento en que fueron realizadas las operaciones. Debería definirse el momento de la vigencia por parte de la reglamentación.
  • Retiro de efectivo: cuando se realicen retiros de dinero de las cuentas bancarias se cobrará doble tasa del impuesto al cheque (1,20%), sobre el importe debitado en la cuenta bancaria. Quedan exceptuadas del recargo las personas humanas y las jurídicas que sean Micro o Pequeñas Empresas. Queda por ver si podrá descontarse de Ganancias, según lo que diga la reglamentación. Rige desde el día siguiente al de la publicación de la ley, como el 23 y el 24 no hubo bancos, sería a partir los retiros efectuados desde el 26 de diciembre.
  • Internos: el que estaba esperando que comience el 2020, para patentar el auto nuevo en ese año, tendrá que soportar el aumento de precio que, ya desde el primer día de enero, tendrán los autos a partir de la reforma. Los que tengan valor de fábrica de hasta $ 1.300.000 (que son pocos) quedan exentos; los que salen de costo más de $ 1.300.000 y menos de $ 2.400.000 (gama baja) seguirán pagando la alícuota de impuestos internos del 20%. Pero, los de gama media que salen de fábrica por un valor igual o mayor de $ 2.400.000 tendrán una nueva tasa que es del 35%. En resumen, el costo de algunos modelos se encarecerá en su precio por más del 50%.
  • Importaciones: aumenta la tasa de estadística que se paga por la importaciones del 2,5% al 3%, ya desde el día en que se publicó la ley (23 de diciembre de 2019).

Finalmente, existen otras cuestiones que faltan definir y que se encuentran afuera de lo que dice la ley:

  1. 1) En el Impuesto a las Ganancias queda por definirse a partir de qué porcentaje se aplicará el aumento del RIPTE (44,28%), para ajustar las deducciones personales y las tablas. Si se hará desde los valores originales de principios del 2019 o a partir del los valores que fueron incrementados en algunas deducciones personales en un 20% por el decreto 561. Lo más probable sería descontar del incremento el 20% que ya fue otorgado como adelanto. La duda se develará cuando AFIP publique las tablas de retenciones, que deben usarse a partir del primer pago de sueldos que se haga a partir del primer día hábil de enero de 2020.
  2. 2) En cuanto al Monotributo, la duda es lo qué sucederá con la suspensión de las exclusiones de oficio, hasta el 29 de febrero de 2020, de los contribuyentes por parte de la AFIP (RG 4600 AFIP). Una vez que llegue la fecha nacerá nuevamente la potestad que tiene la AFIP de excluir de oficio a pequeños contribuyentes hacia delante o regirá retroactivamente para los que excedieron los límites, objetivos y subjetivos, que considera la AFIP.
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Revista Infotechnology