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Proyecto de ley de participación público-privada: una iniciativa positiva

El Poder Ejecutivo ha elevado al Congreso el proyecto de ley que regula el régimen de participación público-privada (PPP). Este proyecto fue largamente esperado y hay ciertamente gran expectativa en que sea prontamente aprobado, en tanto instrumento que facilite la concreción de políticas públicas que el actual gobierno ha definido como determinantes en su gestión.
En efecto, tal como se describe en el mensaje de elevación, se confía en que a través de esta medida se propicie la inversión privada en obras de infraestructura y servicios necesarias para el desarrollo de una actividad económica sustentable que fomente el empleo pleno.
En ese contexto, es lógico que se procure contar con una regulación moderna que ha demostrado funcionar correctamente en Latinoamérica y en muchos otros lugares del mundo, cuya principal ventaja es permitir el financiamiento privado de grandes obras de infraestructura y servicios, de largo plazo.
Con tal finalidad y sin resignar potestades estatales esenciales, el proyecto se hace cargo de que la única manera de propiciar que arriben al país los fondos que se necesitan para la envergadura de la empresa que se acomete, es brindar las garantías que otorgan cobertura suficiente al sector privado frente a los habituales riesgos ajenos al mismo que trastocan la ecuación económico-financiera del contrato y que tornan el financiamiento más costoso o directamente imposible.
Es por ello que se incluyen importantes previsiones a incluir en los contratos sobre: (i) el equitativo y eficiente reparto de riesgos (incluyendo, entre otras, las consecuencias derivadas del hecho del príncipe, el caso fortuito, la fuerza mayor, el alea económica extraordinaria del contrato y la extinción anticipada del mismo); (ii) la precisa determinación de las obligaciones, riesgos y aportes asumidos, así como las sanciones por incumplimiento, los procedimientos de aplicación y las formas de ejecución; (iii) estándares objetivos de calidad y eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones asumidas; (iv) forma, modalidad y oportunidades de pago de la remuneración, así como el procedimiento de revisión del precio del contrato a los fines de preservar el precio base del mismo; (v) límites a la potestad del Estado de disponer unilateralmente la variación del contrato, debiendo en tal caso preservar el equilibrio económico-financiero original y las posibilidades y condiciones de financiamiento; (vi) las causales de extinción del contrato, con indicación del procedimiento a seguir, las compensaciones procedentes, sus alcances y métodos de determinación y pago; excluyéndose la aplicación de legislación limitativa vigente como la Ley 21.499 de Expropiaciones, la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y del Decreto 1023/01 de Régimen General de contratación pública; (vii) la facultad del contratista de suspender temporariamente la ejecución de sus prestaciones en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de la contratante; (viii) la posibilidad de acudir al arbitraje como método de solución de controversias.
Se suma a ello el posible establecimiento de un procedimiento denominado diálogo competitivo, a través del cual los interesados precalificados y el Estado discuten en forma abierta y transparente, todas las cuestiones particulares atinentes al proyecto a encarar.
En suma y según entendemos, puede decirse que estamos en presencia de un proyecto lo suficientemente abarcativo y flexible como para cumplir con la ambiciosa finalidad a la que está dirigido, que no es otra que conseguir millonarios recursos para encarar el enorme déficit de infraestructura que aqueja al país, a la vez que con ello ser un factor determinante del impulso de la actividad económica.