Viernes  22 de Mayo de 2020

Precios de Transferencia: la AFIP publicó la nueva reglamentación

Precios de Transferencia: la AFIP publicó la nueva reglamentación

Luego de una larga espera el 14 de Mayo la AFIP publicó la nueva R.G. 4.717, norma a través de la cual se reglamenta el régimen de Precios de Transferencia para alinear el mismo con la reforma tributaria iniciada a partir de la sanción de la Ley 27.430 y el Decreto Nro. 1170/18; y que aplica para los ejercicios fiscales finalizados a partir del 31 de diciembre de 2018, inclusive.

La resolución abarca aspectos relativos a la presentación ante las autoridades fiscales tanto del informe local como del informe maestro, así como también la declaración jurada informativa F.2668, a través de la cual se informarán las operaciones realizadas por la entidad obligada local con compañías vinculadas del exterior o con entidades domiciliadas en países no cooperantes o en jurisdicciones de baja o nula tributación internacional.

Asimismo, la misma establece requisitos de documentación que deben ser conservados por la compañía, los cuales resultan de suma relevancia a los efectos de aportar elementos que documenten que ciertas operaciones fueron llevadas a cabo respetando el principio del operador independiente.

Entre los puntos más destacados de la norma surgen el establecimiento de distintos límites a partir de los cuales surgen las obligaciones formales de presentación de la declaración jurada F.2668, informe local y maestro, el tratamiento a los servicios recibidos, a las operaciones financieras, a la creación o aportes al desarrollo de activos intangibles,  y a los intermediarios internacionales.

Respecto de los límites, es llamativo que hayan sido establecidos en pesos y por montos bajos si consideramos la realidad en la que vivimos. La recomendación lógica para un país donde la inflación golpea y hace perder el poder adquisitivo de la moneda local en forma constante es establecer un sistema de unidades tributarias que se pueda ir actualizando para que no desaparezcan con el mero paso del tiempo.

En cuanto a los servicios recibidos se solicitan elementos que buscan pruebas de que el mismo es necesario para el giro del negocio, evaluando la conducta de las partes, los términos de la prestación y especialmente que el servicio haya proporcionado o se espere que proporcione un provecho o valor económico a la entidad receptora del mismo.

La norma además aclara que los costos no identificados con el giro del negocio que se realicen en función de los intereses de uno o varios miembros del grupo económico o por su calidad de accionistas, los identificados con la obtención de fondos para la adquisición de participaciones sociales y los incurridos por la casa matriz o sus filiales en su relaciones con inversores, así como también los servicios duplicados, no se considerarán como asimilables a operaciones entre partes independientes.

En lo que respecta operaciones financieras, la normativa indica que según sea una financiación otorgada o recibida se deberá acreditar ciertos elementos con información pública o con una certificación profesional. En el caso de una financiación otorgada el dador tiene que probar que posee la suficiente capacidad económica y financiera para otorgarla asumiendo el control del riesgo de la operación; y para el tomador se deberá acreditar que tiene capacidad financiera para el pago del capital e intereses en los vencimientos acordados, como así también, y en caso de corresponder, que posee la capacidad para obtener garantías y cumplir con cualquier otra obligación.

Complementando lo anterior, el Anexo I de la normativa solicita datos detallados de la operación financiación otorgada o recibida, aclarando que deberán cumplirse las previsiones definidas en el Inciso a) del art. 85 de la Ley del Impuesto a las Ganancias referido a la limitación de la deducibilidad de los intereses.

La normativa también incorpora conceptos relativos a los activos intangibles e indica que cuando un sujeto local contribuya en la cadena de valor de un activo intangible del que no sea titular, abone o no regalías por su uso, deberá establecerse una retribución al mismo por el aporte realizado informando el procedimiento para su determinación en el informe de Precios de Transferencia.

Otro aspecto importante de la norma tiene que ver con los intermediarios vinculados, definiendo a los mismos como aquellos sujetos del exterior que compran y venden mercadería con la finalidad de mediar en su comercialización, sin tener la posesión física de ella.  Para estos casos de deberá incluir en el informe de Precios de Transferencia un análisis funcional detallando los activos, funciones y riesgos asociados a su actividad y se deberá conservar documentación relativa a la acreditación de la real presencia del sujeto en el territorio de residencia, una certificación emitida por profesional competente que actúe en la jurisdicción del intermediario, que acredite el detalle de los impuestos directos a los que se encuentra sujeto en la jurisdicción de residencia; y en caso de que supere los treinta millones de pesos de operaciones realizadas con el intermediario en cada período fiscal, los estados contables auditados o certificados por profesional competente y una certificación respecto de la remuneración del intermediario internacional relacionada con su intervención en las transacciones, aún bajo la forma de comisión o concepto equivalente.

En cuanto a los vencimientos generales para la presentación de los informes de precios de transferencia se ha establecido como plazo habitual que se producirá a los 6 meses de cerrado el ejercicio fiscal y el correspondiente a la presentación del informe maestro a los de 12 meses.

Como disposición transitoria se ha establecido el siguiente cronograma de vencimientos para los siguientes casos:

  • De los ejercicios finalizados entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de mayo de 2019, en junio de 2020
  • De los ejercicios finalizados entre el 30 de junio de 2019 y el 30 de noviembre de 2019, en agosto de 2020
  • De los ejercicios finalizados entre el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de abril de 2020, en octubre de 2020

[1] Gerente del Departamento de Precios de Transferencia Lisicki Litvin y Asociados.

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