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Por una Universidad Pública con más inclusión

En el siglo XXI no hay progreso económico sin fortalecimiento de la Universidad, por eso es preocupante constatar que nuestra universidad pública enfrenta tres carencias: tiene pocos graduados por la alta deserción estudiantil (la mitad no aprueba más de una asignatura después de un año); tiene pocos graduados en las carreras científicas y tecnológicas esenciales en el mundo globalizado y son pocos los pobres que completan los estudios a pesar de la gratuidad. Podríamos enfrentar estas tres graves carencias prestando atención a la experiencia que viene llevando a cabo Uruguay desde hace más de dos décadas. El Fondo de Solidaridad Universitaria (FSU) es la institución que administra el sistema de becas en Uruguay, basado en el equitativo principio de la solidaridad intergeneracional, que dispone que un egresado de la gratuita Universidad de la República o del Consejo de Educación Técnico Profesional, debe realizar en el futuro contribuciones para financiar becas otorgadas a estudiantes de bajos recursos.
El FSU fue creado en 1994 durante la presidencia de Lacalle (Partido Blanco) y luego consolidado en el año 2001 durante la presidencia de Batlle (Partido Colorado) y fortalecido durante la gestión de Mugica (Frente Amplio), para financiar becas para estudiantes humildes. Las leyes a través de las cuales se creó el FSU fueron votadas por unanimidad de los miembros del Senado y por la inmensa mayoría de los diputados, lo que lo convierte en una política de Estado.
Estas becas están destinadas a estudiantes que no cuentan con recursos suficientes para financiar su carrera. En las becas del FSU no existen restricciones académicas al ingreso, recién en las renovaciones anuales se exige haber aprobado el 60% de la totalidad de las materias del año cursado. Las becas consisten en un apoyo mensual de hasta u$s 216 (según el tipo de cambio vigente), y pueden renovarse anualmente si se cumple el requisito mencionado, es decir que si en el año hubo 5 materias el becado debió haber aprobado por lo menos 3. El FSU se financia con el aporte anual de los egresados, que comienzan a aportar a partir del quinto año de graduado y durante 35 años, pero para estar obligado a aportar deben percibir ingresos mensuales mayores al mínimo no imponible. Existen dos categorías de contribuyentes al FSU:
n Profesionales de carreras cuya duración es inferior a cuatro años, quienes deberán aportar anualmente durante los primeros cinco años u$s 54 (es decir u$s 4,5 mensuales) y a partir del quinto deberán aportar u$s 108.
n Profesionales cuyas carreras sean de cuatro años o más, en este caso el aporte anual será de u$s 108 durante los primeros cinco años y luego será de u$s 216.
En 2015, fueron becados casi 8 mil estudiantes, una cifra que representa el 8% del total de estudiantes matriculados. Esta cifra es el doble de la cantidad de becas otorgadas en 2002. Los resultados de estas becas son muy positivos y demuestran que incentivan a los jóvenes a estudiar intensamente para graduarse, ya que los becarios representan apenas el 8% del alumnado, pero casi 20% de los graduados. Esto significa que los becarios son los estudiantes que mejor se desempeñan en sus estudios.
Si se implementara en Argentina un FSU, se podrían llegar a otorgar hasta 100.000 becas anuales a es-
tudiantes humildes. Además, si estas becas se destinaran principalmente a carreras científicas y tecnológicas, no solo se mejoraría considerablemente el nivel de inclusión social en nuestras universidades, sino que también aumentaría la graduación en carreras estratégicas para nuestro futuro desarrollo en el difícil mundo globalizado. De nada valen los encendidos discursos a favor de la inclusión social, lo que se necesita son políticas eficaces como el FSU.