Política macroeconómica contractiva y un panorama de múltiples restricciones

La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva instrumenta una política económica de estabilización fiscal contractiva. Se establecen aumentos de alícuotas impositivas, en retenciones a las exportaciones de granos y la suspensión temporal de la actualización de jubilaciones.

El argumento del Gobierno es mostrar sostenibilidad fiscal a los efectos de generar un programa razonable de pagos de deuda externa en un panorama de múltiples restricciones. Esto puede tener efectos no deseados que pueden situar a la economía en un estado de mayor caída. Por lo tanto, hay ciertos aspectos que debemos notar como potenciales fuentes de desvíos respecto a los objetivos del Gobierno.

El primer punto se deriva desde las distorsiones generadas en períodos largos de inflación. La reversión de esas distorsiones, esencialmente en precios relativos, presenta mayores dificultades cuanto más extenso es el período inflacionario. Más aún en estructura económica con frecuentes tensiones de precios dado su débil desarrollo productivo.

El objetivo del gobierno de desindexar la economía, en parte mediante un ajuste en los ingresos de la clase media y con la suspensión temporal de la regla de movilidad jubilatoria, es una política de dudoso efecto para la reanudación del crecimiento.

En una fase de estancamiento económico, una mayor presión impositiva tiene efectos negativos directos sobre el ingreso disponible de los agentes económicos, implicando retracciones sobre la demanda agregada. Decisiones de consumo e inversión serán revisadas en un escenario donde los impuestos aumentan. Mayores costos impositivos generan revisiones de precios, más aún en sectores productivos con márgenes de utilidad ajustados.

El segundo argumento se refiere a la necesidad de aplicar medidas de austeridad fiscal a los efectos de tener una mejor posición para negociar futuros pagos de deuda. Sin dudas, la economía doméstica no se encuentra en una posición de liquidez sostenible para afrontar los pagos de obligaciones externas. La economía se encuentra en recesión lo cual plantea restricciones importantes para la generación de liquidez, más aún en una situación inicial de creciente aumento de precios.

Puede ser válida la premisa en relación a las fuertes restricciones sobre el mercado de cambios sumado a las retenciones a las exportaciones, en aras de constituir un mayor caudal entrante de divisas para sustentar pagos futuros de deuda. Pero, esto no está libre de riesgos y costos para el funcionamiento de la economía.

El objetivo de ahorro de divisas con el control cambiario, sobre el comercio exterior y reforzando la situación fiscal es un factor esperable para evitar crisis fiscales, pero los instrumentos utilizados tienen consecuencias potenciales no esperadas. En caso de que el proceso de recuperación de la actividad se inicie, la necesidad de importar estará limitada por la capacidad de generar divisas.

La política económica deberá gestionar condiciones necesarias para que el eventual crecimiento de las importaciones no genere tensiones en el mercado de divisas, es decir, evitar los ajustes de la restricción externa. Si el control inflacionario no es exitoso, no solo notamos un riesgo de mayor inflación, sino que el objetivo de generación de capacidad de pago no será alcanzado y determinará una desaceleración fuerte de la actividad económica, si es que la recuperación se materializa como lo podemos intuir en la meta del gobierno.

Estos aspectos nos remiten a tomar una posición de cierto escepticismo sobre el éxito de la política económica inicial. Esperamos que esta vez sí sea diferente.

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