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¿Política de ingresos en las metas de inflación?

El contexto económico actual, se halla influido por el intento de cambio de la estrategia oficial hacia una tónica, entre otros elementos, más pro consumo (aprovechando el presumible efecto de los salarios actualizados y el paquete de reparación jubilatoria), mezclado esto con el embrollo e incertidumbre desatados por los gruesos yerros de calibramiento del tarifazo, y una visión inmediata se diría más cauta del Banco Central –sino en tendencia– acerca de la saga bajista de tasas (citando signos mixtos en la inflación corriente).

La verdad es que los tiempos del ciclo económico-político que mira al 2017, apremian al Gobierno.
Los plazos en los que éste confiaba para la aparición de indicios de un repunte de cierta entidad, han sido rebasados. En lo cual, no dejaron de incidir errores de implementación de la política económica que se fueron jalonando en varios frentes, partiendo incluso de la torpeza política inicial de no haber presentado en público un riguroso cuadro del desquicio macro heredado y de sus duras implicancias.

Sobre este trasfondo, recientes declaraciones del ministro Alfonso Prat-Gay, perfilan otra cuestión no menor sujeta a examen, ligada al estricto encuadre del régimen macroeconómico general al que aspirarían las autoridades.

En una conferencia de días atrás, Prat-Gay expresó que, luego de los pasos iniciales concretados en la materia, "la batalla contra la inflación requerirá un diálogo con los sindicatos y los formadores de precios".

Dicho esto, si se añade que, según las autoridades (incluido el ministro), estamos esbozando un régimen de metas de inflación –RMI–, a lo que cabría agregar tanto la oratoria sobre un hipotético acuerdo social a inicios de año que luego quedó en nada, como la nimia política activa de precios que acompañó el fenómeno de traspaso disparado por el cese del cepo, la conclusión es que asoma un delicado tópico, el que exigirá un serio esclarecimiento.

Porque, ¿a título de qué, y con qué motivo, operaría el tal diálogo de cara a la batalla antiinflación?. En rigor, las versiones canónicas acerca del RMI, no dejan dudas de que –supuestos determinados recaudos, como el de la no dominancia fiscal (del que, dicho de paso, estamos alejados)–, es la política monetaria, especialmente vía el uso de la tasa de interés de corto plazo, la encargada clara y fundamentalmente de velar porque se cumpla la meta de inflación.

Asúmase que hay literatura que plantea entre ampliar y/o matizar el alcance de la meta (añadiendo en más o en menos, por ejemplo, targets de inflación de salarios o de tipo de cambio), pero, ello no quita que, otra vez, sea la tasa de corto la bastonera clave para conciliar los valores corrientes con los valores objetivo.

Según este criterio, la batalla inflacionaria debería, en principio, continuar atendida al estilo actual del Banco Central, tasa de interés mediante (quedando en el limbo el tópico de la dominancia fiscal). En rigor, para el RMI canónico, no cabe una política de ingresos formal, buscando inducir en directo los valores de las variables involucradas.

La adecuación de valores, descansa en la influencia atribuible al manejo de la tasa de interés.
No es que el ministro haya aludido explícitamente a una política de ingresos, como un refuerzo para el calce con la meta de inflación. De facto, el Gobierno otorgó parco margen a aquella al encarar el traspaso ligado al levantamiento del cepo y la política salarial. Pero, acéptese que sus dichos intrigan.

En planteos más heterodoxos, como el que sostuvimos años atrás, las metas del Banco Central incorporaban un objetivo de tipo de cambio real, y accionaban anclas múltiples, incluida una política de ingresos formal. Esto no suena muy compatible con un RMI de tenor más ortodoxo.
Es verdad que en Alemania, el Bundesbank alecciona cómo congeniar posturas de precios y salarios con las variables monetarias y el objetivo de inflación, a empresarios y gremios; y éstos lo atienden. Pero, en el país, el tema queda abierto.

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