Viernes  13 de Marzo de 2020

¿Podría instalarse la hipótesis del Estado emprendedor en la Argentina?

¿Podría instalarse la hipótesis del Estado emprendedor en la Argentina?

Todo indica que el Gobierno anterior dilapidó porciones importantes de su capital político debido a los magros resultados obtenidos en materia de política económica. La mala performance se atribuyó a errores de implementación pero, también, a las recurrentes fallas de diagnóstico consistentes, en general, en pretender hacer funcionar a la economía empleando modelos diseñados en otras (y para otras) latitudes. La intención de aplicar estas recomendaciones se manifestó desde el comienzo. Siguiendo la lógica de los principales bancos centrales del mundo (la FED, el BCE o el Banco de Inglaterra), la política económica propuso erradicar la inflación en tiempo récord porque, según su libreto, todo lo demás se ajustaría automáticamente. Primero, definió al proceso de suba de precios como la consecuencia de sucesivos excesos de demanda de bienes y servicios; segundo, atacó al poder adquisitivo del salario (y a las conquistas sociales), al gasto público y a la “desbocada y discrecional” emisión de dinero y, finalmente, imponiendo reglas monetarias, pretendió disciplinar al sistema económico esperando que el impulso a la baja de las tasas de interés estimulara el crédito y afianzara tanto la estabilidad del tipo de cambio como el mismísimo régimen de flotación.

Al desactivarse el gasto público y privado improductivo, instantáneamente aumentaría la inversión y luego el producto y el empleo, la oferta igualaría a la demanda y la inflación desaparecería “en un instante” (se suponía que fuera de 5% anual al cierre de 2019). El sistema económico sería movido por decisiones sociales consensuadas (sin grieta), liderado por un sector privado comprometido y liberado de la presencia del Estado. El aspecto normativo del mercado (el “deber ser”), retroalimentado por la competencia entre privados, minimizaría costos, reduciría los salarios reales ineficientes, “podaría” cargas y subsidios determinadas por cuestiones instituciones, menoscabaría el poder sindical y la defensa institucional (y costosa) de las condiciones laborales y desactivaría toda actividad no generadora de rentas.

El Estado debía ser de tamaño mínimo y sólo asegurar las instituciones y la salud del mercado. ¿Dónde residía el problema? En que, como señaló el profesor Frank Knight, uno de los artífices del departamento de economía de la Universidad de Chicago (la cuna del monetarismo y un think tank clave del liberalismo económico), “hay mucho de verdad en el argumento de que la competencia no regulada premia el engaño y la corrupción (Knight, 1923)”. No había demasiados misterios. Al mantenerse una configuración económica basada en la irrestricta apertura a los movimientos de capitales (entradas y salidas de divisas del país sin ninguna regulación), la libre flotación cambiaria y la posibilidad de solicitar financiamiento a mansalva tanto a los acreedores privados como al Fondo Monetario Internacional (FMI), el mismo funcionamiento imperfecto de ese mercado financiero nacional (manejado por pocos) iba desarrollando tecnicismos ajenos a la libre competencia (de casino, según la jerga keynesiana), endeudando al sector público (como sucedió a fines de los decenios del setenta y noventa), estimulando la salida de divisas y cercenando gradualmente la posibilidad de cumplir con los compromisos generados por esa deuda. Ni más ni menos, esa era la anatomía de la trampa de endeudamiento a la que numerosos académicos vienen aludiendo desde hace décadas.

Nunca estuvo en la mente de las autoridades del gobierno anterior la idea de ubicar al Estado en el rol de un potencial socio inversor, regulador e impulsor de tecnologías, ni en convertirlo en una herramienta capaz de reducir los riesgos de los proyectos de inversión del sector privado en sus etapas incipientes. Por el contrario, se lo acusó de ser un “distorsionador serial” de los equilibrios micro y macroeconómicos y se decidió desplazarlo para darle lugar a “las empresas líderes” sin advertirle a la sociedad que éstas, por su deliberada condición monopólica (o cuasi monopólica), “practican ocio informado para obtener mayores beneficios y reducen la producción para aumentar sus beneficio (Veblen, 1904)”. Con todos estos elementos de juicio, ahora resultan innegables las fallas de diagnóstico. Sonaba ilógico impulsar el crecimiento económico eliminado el gasto agregado vía reducciones del ingreso disponible (bajando salarios y aumentando impuestos y tarifas); considerando al complejo fenómeno de la inflación sólo cómo una patología monocausal (de demanda); esperando que simples reglas (las metas de inflación y de base monetaria) repararan los históricos males de la Argentina; suponiendo que la irrestricta entrada de capitales redujeran los costos de producción y auspiciando la actividad de las señaladas empresas generadoras de estructuras imperfectas para que se convirtieran en garantes de la competencia, la eficiencia, el producto (del lado de la oferta) y la creación de empleo. De mínima, esa configuración era llamativamente contradictoria.

Pese a la presencia del FMI y la permanente auditoría de los acreedores privados, el Gobierno actual se está diferenciando sustantivamente del anterior en lo inherente a la consideración de la función del Estado en la economía. El discurso está deshaciendo su condena al desguace como consecuencia de su supuesta ineficacia e ineficiencia. Entre líneas, parecerían estar indicando que “lo que no se ve casi nunca es que la financiación del sector público a menudo va mucho más allá de limitarse a arreglar fallos de mercado (Mazzucato, 2019)”. Esta aseveración de la economista Mariana Mazzucato, quien procura desmontar el falso mito del rol más estático del Estado (tal como lo dice en la contratapa de su obra más conocida), tiene fundamentos. En uno de los capítulos de su trabajo afirma, por ejemplo, que “Apple fue capaz de montarse en la ola de las elevadísimas inversiones del Estado en las tecnologías revolucionarias en las que se basaron el Iphone y el Ipad: internet, GPS, pantalla táctil y tecnologías de la comunicación”, que la inteligencia artificial Siri “tiene sus orígenes en la financiación y la investigación federal” y que Apple “la adquirió en un marco de absoluta reserva en 2010 (Mazzucato, op cit)”.  

No se está tratando de asegurar que si el Estado Argentino hoy se lo propusiera, podría eliminar “de un plumazo” sus desequilibrios, arreglar su conflicto con los acreedores en una tarde de paseo por Washington, invertir en procesos productivos e integrarse de lleno a la microeconomía interna (el mundo empresario) para contribuir a la creación, por ejemplo, de un “iphone made in Argentina”. Sin embargo, con antecedentes como el del proyecto Arsat, cuya misión actual consiste en generar inclusión a través del desarrollo de las comunicaciones, la función del Estado emprendedor estaría instalándose (o reinstalándose) en la agenda oficial con altas chances de transformarse en una pieza clave del desarrollo económico en todas esas áreas de innovación. Más allá de las connotaciones políticas subjetivas, resultan claramente evidentes las diferencias con el modelo anterior.

De superarse la actual crisis de deuda, seguramente habrá margen para reflexionar sobre el modo en que el Estado se convertirá en un protagonista dentro del sistema económico. En lo inmediato, “la definición ex ante del Estado corrupto” parece estar siendo modificada por la de “institución que contribuiría a afianzar la estructura productiva futura”. Ello sería posible luego de convertirse en un eslabón más de la cadena en el proceso de innovación, inversión y minimización de riesgos. Trabajando en coordinación con el sector privado y manteniendo “a flote” esa idea (trascendiendo procesos políticos), se instalaría un proceso acumulativo impulsado por un sistema endógeno que comprometería “no sólo universidades, institutos técnicos y laboratorios de investigación y desarrollo, sino también a elementos y relaciones aparentemente lejanos de la ciencia y la tecnología (Lundvall, 1994)”. En esa etapa se potenciarían los aportes de diferentes sectores y entidades pero, también, más en el plano de la comunicación social, lentamente se desactivarían las cruentas falacias que, en cierto modo, han dañado (y dañan) la estabilidad económica y política del país. Entre ellas, aquella que sostiene que una proposición es verdadera (la del Estado corrupto, por ejemplo) simplemente porque es una creencia social (falacia informal “ad populum”).

(*) Especialista en análisis de coyuntura económica monetaria y financiera interna e internacional y diseño de escenarios en entidad bancaria. Docente de Macroeconomía y Microeconomía de la UBA, UNTREF y Universidad de La Matanza.

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