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Para que sea más barato ser honesto que ladrón

ERNESTO REY Vicedecano FCE UCA - Socio Estudio Rey Ruiz & Asociados

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La discusión por las tarifas públicas -con independencia de los errores de implementación o de comunicación- es el síntoma de un problema más grave que no podemos soslayar. Tenemos con un déficit público insustentable, inflación seis veces superior a la media mundial y un tercio de la población en condiciones de pobreza. Nada menos. Urge iniciar un camino irreversible de reducción y de mejora de la calidad del gasto público.

Así como en los años noventa el populismo se financió con deuda y atraso cambiario, y en los últimos 12 años con emisión y consumo de stocks, el endeudamiento externo es una tentación peligrosa y de corto plazo. Propongo algo similar a lo que sucede en las redes sociales: visualizar. Como pasó con los billetes de la Rosadita o con los bolsones en el convento con dinero de ‘la política’. En la década de la comunicación visual, la fuerza de lo que puede verse en la pantalla resulta abrumadora. No existen frases mil veces repetidas ni complejas interpretaciones que puedan refutarla.

Ingreso y egreso público deben ser sinónimos de ingreso y egreso publicados. La sociedad está preparada para conocer la verdad y tiene el derecho a exigirla. Ya es tiempo que sepamos cuánto cuestan los servicios públicos que recibimos y quién los paga. Nada muy distinto a lo que reclaman las organizaciones de defensa del consumidor cuando quieren conocer por qué algunos productos cuestan, en manos del consumidor, quince veces más que lo que perciben quienes los producen. Una ‘alquimia’ muy argentina a la que, por desgracia, nos hemos mal acostumbrado. En este punto el Estado tiene una importante responsabilidad. La contrapartida de un gasto público descontrolado, es una carga impositiva que necesariamente genera incentivos a la informalidad.
Los pasos que debería dar un Estado responsable son, fundamentalmente, tres:

–Calcular cuánto cuestan los servicios que presta. De todos y cada uno de ellos: el costo de cada expediente judicial, de cada preso, de cada graduado universitario, de cada viaje en aerolíneas o en tren, etc. Dirán que es de difícil implementación y que es opinable. Ambas cosas son ciertas. A esto habrá que responder: hagamos lo difícil y discutamos con información concreta sobre lo opinable.

–Transparentar estos costos a la sociedad. Todo, cada cifra, cada movimiento, debe estar publicado en la web. Esto permitirá que Universidades, los Organismos de Control, la Justicia y en definitiva cada ciudadano haga posible un control sin controlador.

Mostrar libremente los números de cada gestión tiene un efecto demoledor y es un requisito imprescindible para generar una genuina esperanza de cambio.

–Lograr que el Congreso Nacional sea quien efectivamente fije las prioridades del gasto y su financiamiento a través del Presupuesto Nacional. Algunos propondrán mayor endeudamiento, otros más impuestos, algunos recomendarán más emisión y otros, reducción de gastos. Una deuda importante de la ‘democracia postergada’ ha sido la discusión presupuestaria. La inflación y los decretos del Poder Ejecutivo han tornado irrelevante esta función de nuestros representantes a lo largo de nuestra historia. Terminemos de una vez con esa grave falencia del sistema.

A los tres pasos mencionados sigue, necesariamente, una tarea impostergable: la adecuación de los sistemas de incentivos. Cuando éstos son contrarios al deber ser, las consecuencias lógicas son las que hoy padecemos. Tenemos la imperiosa necesidad de poder vivir en un país donde sea más barato ser honesto que ladrón.
Mientras esto sucede, debemos ser muy solidarios. Detrás de cada incremento en el índice de pobreza hay mucha gente que la pasa mal. Para llegar a la severa situación que hoy padecemos, el apunamiento del erudito ha sido más responsable que la presunta ignorancia del menesteroso. El camino será difícil, pero comienza con nuestro compromiso personal en la búsqueda de la verdad como único camino hacia la libertad.

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